La Asociación Trabajadores del Estado expresa su más profunda preocupación por el convenio se habría subscripto entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex Side.
Dicho convenio, publicado en el digesto de la casa de estudios, que regiría como normativa interna de la universidad, habría sido fue llevado a cabo por el rector Francisco Tamarit y el funcionario a cargo del organismo de inteligencia, Oscar Parrilli, tal como se desprende de los fundamentos del mismo, aunque cuenta con la firma de la vicerrectora, Silvia Barei, y del secretario General de la UNC, Alberto León.
Nuestra preocupación nace del ambiguo contenido del convenio, que no especifica con precisión los motivos ni los objetivos que busca la UNC con dicha iniciativa.
Tampoco se sometió el proyecto al debate necesario dentro de los ámbitos institucionales de la universidad, a pesar de la trascendencia del mismo, dados los antecedentes que la agencia de inteligencia tiene en su haber.
Sin bien el rector Tamarit salió a desmentir el convenio a través de algunos medios de comunicación, lo cierto es que el mismo fue publicado en el disgesto universitario como ‘resolución 1878’, del 29 de septiembre del corriente.
Los trabajadores siempre fuimos objeto de la persecución y el espionaje de parte de las agencias de inteligencia del Estado, preocupadas por saber que pensamos y cómo actuamos colectivamente, más que de lograr los objetivos para cuya finalidad han sido creadas.
Otros organismos de similares características, como la Gendarmería Nacional, ya han sido objeto de investigación penal durante este gobierno por realizar inteligencia de la conflictividad social, como es el caso del conocido “Proyecto X”, cuya existencia negaron las autoridades de turno, y dónde un gran número de dirigentes y compañeros de nuestro gremio aparecieron en su mira.
En consecuencia, vale preguntarse cuál es el objetivo que busca un convenio de estas características.
Los trabajadores estatales estaremos alertas ante esta irrupción de los servicios de inteligencia dentro del ámbito de un organismo del Estado, que además cuenta con la autonomía como norma directriz de su funcionamiento.
