El caso de la suspensión que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) finalmente impuso contra el Ing. Agr. César Gramaglia, técnico extensionista de la Agencia de Extensión Rural (AER) INTA-Villa Dolores, cobró relevancia no solo local y regional sino también nacional. Instituciones y profesionales orientados al estudio de las problemáticas ambientales, alimenticias, socioambentales, etc, así como organizaciones sociales, vecinales y comunitarias de la región alzaron su voz contra la determinación tomada por la institución contra este profesional que cuenta con más de 30 años de experiencia en el trabajo de campo y en la investigación, desarrollo, asesoramiento y transferencia de conocimientos y metodologías para la producción no solo en la región de Villa Dolores sino en todo el país. En ese estado de cosas, es que también, desde el sector obrero, el Consejo Directivo Nacional (CDN) de ATE, a través de una nota -que compartimos completa aquí y al concluir esto párrafos- firmada por Flavio W. Vergara, Director del Departamento de Negociación Colectiva del Estado Nacional de ATE, y Alejandro Garzón, Secretario Gremial del CDN, y dirigida a las máximas autoridades del INTA, manifestó que la decisión de la patronal sectorial es “injusta, arbitraria, antidemocrática y persecutoria” y solicitó que “se deje sin efecto la sanción impuesta y se atienda el Recurso de Reconsideración elevado por el agente”.
En la misiva que tiene como destinatarios/as al Ing. Agr. Mariano Garmendia, Presidente del INTA; a la Lic. Nacira Muñoz, Vicepresidenta del INTA; y al Ing. Agr. Carlos Parera, Director Nacional del INTA, Vergara y Garzón explican -aportando abundante prueba en cada punto-, que la medida “es injusta porque de ninguna manera los dichos de Gramaglia obstaculizaron el accionar de las autoridades competentes en el control de la plaga” y porque “durante el sumario no se tuvo en cuenta el entorno de los hechos, ni la complejidad del momento: (…) población sensible al tema ambiental, cercanía a los cursos de agua, pocas alternativas de control al uso de insecticida, medios consultando, informando, debatiendo las acciones y los enfoques técnicos; legislación local que impide el uso de químicos en su ejido; funcionarios locales sensibles al tema ambiental y desconocedores de la plaga, plena temporada turística, etc”. Además, desde el CDN afirmaron que la medida es “arbitraria porque durante todo el proceso sumarial no se tuvieron en cuenta las explicaciones de Gramaglia ni se enfocó en buscar la verdad de los hechos, sino de encontrar el punto para justificar la sanción ya que el sumario responde sólo a la voluntad del Director Regional Molina Hafford”. Sobre este punto la nota también aporta elementos concluyentes sobre la actitud persecutoria de Molina Hafford contra Gramaglia durante años. Además, manifestaron que la sanción es “antidemocrática ya que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, por lo que este proceso sumarial y la posterior sanción implican una restricción al derecho de expresión y un abuso en el control oficial para impedir la comunicación y la difusión de ideas y opiniones”. Y, por último, manifestaron que la suspensión es “persecutoria porque existe un hostigamiento por el sólo hecho de comunicar una idea. Una denuncia como ésta expone al trabajador a un deterioro moral que impide ejercer sus funciones en libertad”, máxime cuando el trabajador inviste una trayectoria intachable como la de Gramaglia -para ello solo basta ver la propia web institucional del INTA con las decenas de materiales y actividades realizadas por el trabajador y que el propio organismo difunde-.
Es ante todos estos elementos que, desde el CDN, solicitaron a las autoridades nacionales del INTA “analizar profundamente los hechos sucedidos, revisar el enfoque sobre el manejo del personal que se realiza en el CR Córdoba del INTA, generar un espacio donde debatir y exponer estas situaciones que afectan a la Institución y dejar sin efecto la sanción impuesta al Ing. Agr. César Gramaglia”.
El debate social del sistema productivo agroindustrial exportador
A pesar de lo “injusta, arbitraria, antidemocrática y persecutoria” que es la medida de suspensión por 6 días de Gramaglia, lo cierto es que la misma denota un debate que se encuentra hoy en el centro de -cierta- agenda pública: el de cómo producimos los alimentos que consumimos, quiénes lo hacen, a quiénes llegan, en qué condiciones y con qué impactos en el ambiente. Sucede que la sequía histórica que sufre nuestro país, sumado a un modelo agroindustrial de producción de alimentos y a una sobre exigencia de las superficies cultivables con el afán del lucro privado y la captación de dólares para el pago de la deuda, conforman un cóctel donde lo que menos importa es el derecho a la alimentación digna y equilibrada de nuestro pueblo que día a día come menos alimentos de calidad o, directamente, no cubre la cantidad de calorías y nutrientes básicos para un desarrollo saludable del cuerpo.
En ese estado de cosas es que el debate al interior del INTA está al “rojo vivo”: las muestras de los límites ambientales y sociales del modelo extractivo de la agroindustria -orientado a la producción de commodities para la exportación- se hacen cada día más palpables, así como los poderosos intereses orientados a perpetrarlos, dispuestos a “disciplinar” las voces que propongan otra forma de trabajar y producir la tierra. Esas voces que muestran otros caminos -como las de Gramaglia- van a contrapelo de la historia de un organismo que nació en la Argentina que hacia 1956 había sido arrastrada a una grave crisis económica, con una balanza de pagos y una deuda externa marcadamente negativas y con un 95% de las exportaciones provenientes del sector agropecuario. La salida a esta crisis auto infligida por el presidente de facto Eduardo Lonardi -que desplazó de la presidencia a Juan Domingo Perón en 1955 matando a cientos de ciudadanos y proscribiendo a todo un movimiento de masas- fue encargada al economista argentino de la CEPAL, ex funcionario económico de los gobiernos de la “década infame” de 1930, Raúl Prebisch. Este economista -uno de los primeros teóricos del “desarrollismo”- redactó entonces un informe preliminar sobre la situación económica argentina tras el derrocamiento de Perón en 1955. En el mismo recomendó, entre otras, medidas de ajuste estructural y la inserción del país al Fondo Monetario Internacional. Pero no solo eso, Prebisch recomendó, también, la creación de un instituto específico para la incorporación de tecnología existente y la creación de nuevas tecnologías para aumentar el rendimiento del campo con el objetivo de acrecentar las exportaciones y captar mayor cantidad de divisas de esa fuente para “equilibrar” la balanza comercial y “asumir” los compromisos externos de financiamiento. Así nace el INTA, en ese contexto, con esas finalidades. Y es por eso que hoy, a los límites del abismo al que ha conducido este modelo que solo hambrea y destruye el ambiente desplazando a las comunidades, robándoles la tierra solo por el afán de lucro de unos pocos, es que remitirnos a los orígenes del INTA es más que válido. Porque hoy se trata de transformarlo. Eso lo entendió Gramaglia y centenares de trabajadores del organismo, de Universidades Nacionales, de organismos de investigación, de organizaciones sociales, de ONG. En esa disputa está hoy, aún, nuestro pueblo. Y esta sanción existe porque, aún, hay salidas.
