Ante la denuncia penal realizada por el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, a partir de reclamos e información de profesionales de hospitales y clínicas estatales y privadas, por la calidad del plasma distribuido por el organismo provincial a cargo de la materia, desde el Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba expresamos nuestra preocupación toda vez que dicho derivado de la sangre podría haber se suministrado a pacientes críticos de Covid 19, afectando el tratamiento médico y con consecuencias para la vida de los enfermos.
La denuncia citada afirma que el plasma de pacientes convalecientes Covid-19 distribuido por el Centro de Plasmaféresis de la Provincia de Córdoba, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, no contaba con los anticuerpos informados en el rótulo de sus embaces, lo que significa que no coincidía la descripción del hemocomponente con el que en realidad contenía. Además, la denuncia afirma que, según los casos, el plasma distribuido por el organismo púbico aún no había sido estudiado – es decir titulado-, y sin embargo era igualmente distribuido.
Mínimamente cabe preguntarse si esta gravísima situación evitó la posibilidad de vivir o recuperarse a pacientes en estado crítico ,debido a que el plasma de Donantes Recuperados del Covid-19, no tenía la debida concentración de anticuerpos necesarios que decía tener o ni siquiera los tenía. Estos actos constituyen negligencia, impericia o adulteración, pero en todo constituirían una inaceptable falta del Centro de Plasmaféresis de la Provincia de Córdoba.
Vale señalar que después de realizar la denuncia penal los responsables siguen en sus cargos, pudiendo entorpecer la Investigación.
Pésimas condiciones de trabajo
En este marco, repudiamos una vez más las actuales condiciones de trabajo que sufren los trabajadores del Equipo de Salud Humana del Banco Central de Sangre, encuadrados en la Ley 7625.
Se trata de valiosos compañeros y compañeras que son hostigados y presionados para cumplir extensas jornadas de 11 y hasta 12 horas laborales, sobrecargadas de tareas, que implican un grave agotamiento psicofísico. Como consecuencia estas trabajadoras y trabajadores carecen del respeto necesario a los derechos laborales, al tiempo que padecen diversos desordenes en sus vínculos laborales, familiares y sociales.
Además entre el 80 y el 90% del plantel del organismo está contratado, careciendo del derecho a la estabilidad laboral que ordena la legislación vigente.
Estas son algunas de las formas de gestión, autoritarias, verticalistas que atropellan los derechos laborales en el Banco Centran de Sangre, a cargo de María E. Castellon, a partir de la puesta en marcha de la Disposición Nº: 01/2020, emitida por el Departamento de Sistema Provincial de Sangre, cuyo responsable máximo es Gustavo Ariel Visintin.
Desde ATE reafirmamos que el Estado debe ser garante de la salud pública, de manera eficaz, gratuita y de calidad para toda nuestra población.
¡¡LA SALUD NO ES UNA MERCANCIA!!
¡¡LA SALUD ES UN BIEN SOCIAL!!
