Mientras las y los estatales pagamos el costo del ajuste de un gobierno cipayo y entreguista, que está destruyendo el Estado y concentra funciones en Capital Federal, el gobierno de Martín Llaryora salió a celebrar a través de algunos funcionarios y personajes el elenco oficial el dato de la cantidad de trabajadores estatales por provincia.
El dato se apoyó en el informe difundido esta semana, que cita a Córdoba con 40.3 estatales cada 100 mil habitantes de la Argentina, que ubica a Córdoba en la menor relación en el país.
Ministros de dudosa eficiencia como Miguel Siciliano o diputadas como Alejandra Torres, esposa del ex ministro de Finanzas y siempre funcionario del cordobesismo Osvaldo Giordano, salieron a aplaudir la novedad, que no es ninguna noticia porque desde ATE venimos denunciando de manera permanente cómo el ajuste de Milei tiene en Martín Llaryora su mejor intérprete en la Provincia.
Lo que no registra la estadística mencionada es la cantidad de personal precarizado y de bajos salarios que cumnple funciones en el planel provncial, donde se destaca la situación del sistema de salud público, minado de becarios, monotributos y pasantías y forman parte de la vida expresión de la precarización y el fraude laboral en el Estado Cordobés, que los funcionarios tienen la desvergüenza de festejar.
Este panorama se desarrolla mientras otros funcionarios como la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, recon ocío un aumento de la demanda de la población en la salud pública del 35% al 41%, obvio producto de la crisis económica a la que nos llevan de la mano Milei y llaryora.
Es decir que con menos personal el sistema de salud debe cubrir más demanda, o lo que es peor, con más personal precarizado, de bajos salarios y, en consecuencia, víctima del pluriempleo para llegar a fin de mes y cubrir los enormes gastos de las familias, los y las provinciales debemos atender una demanda que aumenta al ritmo de la caída de los ingresos, el aumento de los despidos, la inevitable pérdida de cobertura de obras sociales, el cierre de clínicas, entre otras claras razones que detalló la propia funcionaria provincial.
Frente a la sobrecarga de trabajo con que el gobierno y la direcciones de los hospitales someten a las y los trabajadores, desde ATE reclamamos pase a planta del personal precarizado y contratos según derecho vigente, salarios dignos y atención de calidad para la población.
