El Consejo Directivo Provincial (CDP) repudia el arancelamiento que el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, impuso sobre la atención de la salud municipal en la localidad serrana.
Se trata de otra medida que afecta brutalmente a los sectores de menores ingresos, que utilizan la salud pública para garantizar los derechos establecidos por la Constitución Nacional.
Tras la orden de Avilés, se conoció que las tarifas van de 5 mil pesos la atención por guardia en el Hospital Municipal y los dispensarios hasta 60 mil diarios por internación en UTI, pasando por 8 mil por consulta en guardia más medicación, 20 mil pesos por internación en cama fría por 6 horas, o 5 mil pesos por un laboratorio básico.
En el marco del tremendo ajuste que gobierno de Milei impone sobre los sectores populares, que derrama claramente en la Provincia y los municipios, la imposición de Avilés expresa otra política más que golpea el derecho a la salud de la población, medida que afecta también a las y los turistas que van a vacacionar a Villa Carlos Paz y al Valle de Punilla.
El concejal Daniel Ribetti, del partido Villa Carlos Paz Despierta, hizo la denuncia pública el viernes pasado mientras alertaba sobre la suba de tasas municipales que Avilés viene aplicando sobre las y los vecinos de la localidad. “En este momento de crisis, cuando la carga impositiva es gigante, es allí donde deberían ser más eficientes con el gasto y en lugar de eso, le trasladan más costos a los vecinos”, advirtió.
ATE Córdoba viene denunciando desde hace años sobre las políticas de ajuste que la gestión reaccionaria de Avilés y de su antecesor del mismo partido político Daniel Gómez Gesteira, primero sometiendo al personal a salarios miserables y pésimas condiciones de trabajo. Ahora, cobrando a la población un servicio público que debe ser gratuito.
La lucha de ATE en Villa Carlos Paz
Cabe consignar que el 29 de febrero del 2024, la Oficina Única de Conciliación (Juzgado 1° Villa Carlos Paz) dictó una sentencia que falló a favor de la representación de ATE en el Municipio.
De esta forma, la Justicia Provincial dio la razón nuestra organización sindical y rechazó el planteo de la Municipalidad, que impugnaba el ámbito de ATE en la localidad, persiguiendo a sus delegados y delegadas, despidiendo afiliadas y afiliados, negándose a ejercer como agente de retención de la cuota sindical como fija la ley, entre otras políticas antisindicales que impuso, a través del terror y durante la pandemia, el Departamento Ejecutivo de la gestión del Intendente Daniel Gómez Gesteira, que dejó el cargo en diciembre del 2023.
Por su parte, asesora letrada de ATE Córdoba, María Martha Terragno, consideró que “esta sentencia es un muy buen antecedente. Es muy relevante porque sucede sobre todo en muchos municipios donde prima la precarización laboral, la informalidad, donde muchas veces en las ordenanzas municipales se dice con nombre y apellido de cuál es el sindicato representativo y eso invalida el ingreso del ejercicio de la libertad sindical”.
“Que en un Municipio como el de Carlos Paz, través de un sentencia y una acción judicial interpuesta por ATE se comience a reconocer sin ninguna duda la representación y el derecho que les asiste a los compañeros y compañeras municipales de elegir qué sindicato quieren en su representación y para el ejercicio de la acción gremial y la defensa de sus derechos, es una medida trascendente”, expresó.
