Por Irina Silberman, dirigente de ATE y CTAA, ex trabajadora de la SENAF.
El horror vivido en la localidad cordobesa de Brinkmann, Departamento San Justo, es un hecho que se suma a la gran cadena de sucesos gravísimos que venimos denunciando desde hace años diferentes organizaciones sociales, políticas y trabajadores del área de niñez, juventud y familia nucleados en ATE y CTAA Córdoba.
El caso de Aralí, no está aislado del contexto social, político y económico en el que estamos insertos, donde prima la falta de políticas tendientes, no sólo a atender estos casos, sino centrados en la prevención.
SENAF
La SENAF es noticia hace años por fallas en los dispositivos e intervenciones, por reiteradas denuncias de abusos sexuales en las residencias que deberían contener a estos niños y niñas, por edificios que se caen a pedazos, por el poco personal disponible y la mayoría en condiciones de precarización laboral y con sueldos de pobreza y hasta indigencia, porque los pibes y las pibas asistidos por la Secretaría siguen siendo víctima de la vulneración de derechos. Esto se convierte en una cadena que parece no tener final.
En Córdoba, niños, niñas y jóvenes que no tienen acceso a políticas tendientes a la garantía de derechos tales como salud, educación o cultura de calidad, en algún momento serán adultos, padres que sólo han vivido en contextos de extrema violencia, consumo problemático de sustancias y no acceso a derechos básicos, lo que abre la posibilidad de que reproduzcan los delitos que sufrieron.
En ese marco, es imposible que los profesionales, trabajadores y trabajadoras de SENAF, puedan atender la gran cantidad de casos ya que el personal es poco, precarizado y sumidos en la pobreza. Se le suma la escasez de recursos que hay para desarrollar las tareas, como no contar con vehículos que los traslade a los lugares donde habitan las familias y a su vez, la carencia de ofertas que le permitan la inclusión en programas de formación laboral, de salud, de prevención de consumo de sustancias, de atención a las violencias de género, escuelas.
Por más buena voluntad de los trabajadores, no alcanza. Debe ir acompañada de políticas reales y globales tendiente a la prevención y la transformación de las realidades de los miles de pibas y pibes de nuestra provincia y nuestro país.
Poder Judicial
Otra arista, no menos importante, es la mirada desde el Poder Judicial y el poder político respecto a las infancias y juventudes populares, que pone el foco en que la responsabilidad de los hechos de violencias e inseguridad se origina en la vulneración extrema que viven desde hace varias generaciones.
Esto deriva en el foco actual que realiza la agenda oficial sobre las infancias y las juventudes en la idea de bajar la edad de punibilidad. Pero es el Estado quien debe garantizar la seguridad, de garantizar vidas saludables, inclusivas y amorosas. Los niños y niñas no son responsables de vivir con hambre, sin acceso a la salud, vinculándose a través de la violencia desde la panza.
Esta mirada criminalizadora de los sectores populares, instalada desde los medios hegemónicos de comunicación con una intencionalidad política clara, consecuente con la política implementada por el presidente Milei y su aliado, el gobernador Llaryora, vino a profundizar aún más el vaciamiento de las instituciones públicas que atienden a estas poblaciones y al corrimiento del estado en los territorios, situación que a su vez profundiza la vulneración y desprotección de las infancias y juventudes.
Vaciamiento del Estado y abandono de infancias y juventudes
La política de Milei ha venido atacando a diario a los sectores más empobrecidos y vulnerables, y se expresa en el cierre de instituciones que velan por garantizar derechos a estas poblaciones como la Secretaría de Géneros y Diversidades, el INADI, etc.
En el caso particular de las infancias degradó a Secretaría el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al tiempo que hizo desaparecer los Centros de Referencia del ministerio en las provincias, donde -no por casualidad- desarrollaba sus funciones la SENNAF nacional.
En Córdoba, sufrieron el despido más de 30 compañeras y compañeros cuyo trabajo consistía en garantizar derechos en cada rincón del territorio provincial.
Es por eso que decimos, que mientras no haya políticas que garanticen el acceso a derechos básicos, mientras el Estado sea cada vez más chico y alejado de las múltiples realidades que vivimos las y los ciudadanos, mientras se sigan fogoneando discursos de odio y violencias, estos hechos no serán aislados.
El Estado es responsable de Aralí y de todos y todas las niñas y jóvenes violentados por la ausencia, por el odio y por políticas que no garantizan la construcción de una patria justa, libre y soberana.
