(Fuente: lalunacongatillo.com)
Por Lea Ross
Córdoba podría tener su primer juicio penal contra quienes organizaron y/o adhirieron a un piquete, en el marco de una protesta social. Quizás sea el primero en el país donde la protesta apuntaba contra el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Así lo pide la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, turno 1°, de la ciudad de Córdoba, a cargo de Ernesto de Aragón. La solicitud de elevación a juicio es contra seis militantes sociales, de distintas organizaciones, por participar de cortes de calle realizadas en la zona céntrica de la capital cordobesa el día 5 de mayo saliente. Se trata de dos militantes del Parido Obrero, Emanuel Berardo y Soledad Díaz García, una del MST, otra de Libres del Sur, y otra del Movimiento Teresa Rodríguez. El sexto es el Secretario General de ATE y la la CTA Autónoma de Córdoba, Federico Giuliani.
Para la Fiscalía, “existió un plan” para “producir cortes” de manera “deliberada e ilegal”, en contraposición con el planteo que la marcha se desbordó ante la convocatoria de más de diez mil personas. En ese marco, según De Aragón, “se desoyeron y desobedecieron las directivas policiales que procuraban mantener la libre circulación y se obstaculizó e interrumpió el tráfico vehicular”.
Marco
La dichosa marcha se realizó en un fuerte contexto inflacionario. La siguiente gráfica compara el índice de precios al consumidor mensual de la provincia de Córdoba, en base a los números del Ministerio de Finanzas, y también a nivel nacional, según el INDEC.
Vemos que cuando se hicieron los cortes en el marco de una actividad nacional llamada “Piquetazo”, tanto el país como la provincia ya habían superado el pico del 8% mensual de inflación en los productos, siendo los más altos que se vivieron desde que comenzó la recesión económica en 2017 e, incluso, en todo el presente siglo. Eso sí: Todo eso fue previo a la fuerte subida que hubo en septiembre, como efecto de la fuerte devaluación posterior a los resultados electorales de las PASO.
Pero también fue por la baja de 90 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo, el medio salario que otorga al Estado para mantener en marcha los proyectos autogestivos y barriales. Justo esa misma semana que se hicieron esas movilizaciones, en el marco de una protesta federal, el FMI habia publicado su revisión trimestral, donde incluyó las exigencias al Estado nacional para ejecutar el ajuste. En ese entonces, ordenó que 400.000 personas que accedan a ese beneficio pasen al mercado laboral formal.
El viernes anterior al piquete del 5 de abril, se emitió una resolución civil para pedir a la Policía de Córdoba que ponga un cese a las protestas callejeras. Fue como respuesta ante un amparo presentado por comerciantes, guiados por Eduardo Vittar, Vicepresidente del Colegio de Abogados, entidad apuntada como posible integrante del futuro gabinete del Ministerio de Justicia, a partir de la gobernación de Martín Llaryora.
Además: mientras se tramitaba el pedido de juicio que pretende imponer el garrote cordobesista, el ministro de Economía Sergio Massa anunció que de ganar la Presidencia, en su gobierno será obligatoria la capacitación formal de estos beneficiarios de programas sociales, poniendo en vilo la existencia de esos proyectos comunitarios.
Como prueba basta un botón
Cuando La Luna con Gatillo estuvo en la oficina de De Aragón durante la etapa de instrucción, el Fiscal sostuvo que se focalizó en esas seis personas porque se los consideran como organizadores de aquella jornada de protesta y porque “tienen cierta exposición”. También ratificó que una parte importante de las pruebas se logró a partir de lo aportado por la Policía de Córdoba, del cual mantiene una “relación fluida”.
Precisamente, los únicos testimonios aportados en la causa tenían puesto sus uniformes con placa. Estos fueron:
- Comisario Waldo Marcos Fernández Feddy;
- Comisario Mayor Iván Alejandro Rey, subdirector del departamento de Unidades especiales;
- Comisario Mayor Gustavo Ramón Ceballos;
- Osvaldo Alejandro Moyano;
- Cabo Primero Néstor Daniel Amin;
- Sargento Pablo Roberto Torres;
- Cabo Ezequiel Oliva;
- Sargento Hugo Flores;
- y Comisario Javier Adolfo Ercoli.
Por otra parte, se señala que se incorporó “un informe” de lo que ellos llaman “Fuentes Abiertas”, confeccionado por la División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones. ¿En qué consistió? En un relevamiento de las redes sociales de los “movimientos sociales involucrados”. También se adjuntó un “extenso informe” hecho por la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial (DIO), donde se incluyó “imágenes de los domos céntricos, imágenes de medios de comunicación y las propias redes sociales de los imputados y las agrupaciones”.
La solidaridad también es delito
Un extraño pasaje de la resolución del fiscal hace mención a una pequeña manifestación de solidaridad a las personas imputadas. Se trata del dia 20 de abril, cuando las personas imputadas se presentaron a declarar y sus organizaciones hicieron una muestra de apoyo en la entrada de Tribunales II. Lo menciona como “un evento adicional acontecido con posterioridad”, que “resulta importante para demostrar de la influencia y predomino que los imputados ejercían y ejercen sobre grupos de personas que integran las agrupaciones sociales y que bajo sus órdenes actúan sirviéndoles para concretar diversos fines”.
Las manifestaciones realizadas frente a Tribunales II contra las imputaciones exponen, según De Aragón, “su poder de convocatoria y presión, en esta oportunidad para un fin personal” (?). Aún cuando el poder de convocatoria de esos apoyos en la entrada de tribunales fueron remotamente inferiores a los diez mil que participaron de los cortes de calle, eso abre una puerta para incluso “penalizar” esos apoyos.
Sin antecedentes jurídicos
Otra cuestión llamativa del Fiscal es que no cita jurisprudencia ni acotaciones de juristas para justificar la aplicación del delito penal, sobre todo cuando no se cuenta con antecedentes a mano. Según le comentó el abogado de ATE, Eugenio Biafore, al presente cronista, la postura del Fiscal se contenta con la descripción del hecho, “sin poder esbozar cómo esos hechos pueden encuadrarse en una figura penal y en su dolo directo exigible”. Y continúa: “Es así que, luego, se construye el encuadramiento del tipo penal a la protesta social como construcción social muy poderosa en Argentina y en el mundo, pero sobretodo en Argentina”. Así se puede remontar, por ejemplo, a la Ley de Residencia del presidente Julio Roca contra las protestas obreras, encabezadas por anarquistas entre otros. Solo que aquí no es por decisión directa del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, sino del Judicial.
De hecho, en algunos pasajes, se señala que la Policía trató de impedir las movilizaciones. Por lo tanto, se entiende a las movilizaciones como delito, “siendo el agregado de la media calzada o no un recurso meramente de color”, señalan desde la asesoría judicial de algunas de las organizaciones.
Schiaretti y Milei, venenosos
El viernes pasado, tanto CTA Autónoma como el Polo Obrero realizaron una nueva concentración en esos tribunales, en repudio a ese enjuiciamiento, y para presentar un pedido de nulidad. Mediante una radio abierta, Giuliani dijo que “el Fiscal De Aragón atrasa con estas imputaciones. Nos lleva a la época de la Dictadura”. Denunció que “abrieron” sus celulares sin participación de peritos de su parte. Consideró que detrás está el poder político cordobés para “acallar y domesticar” a la protesta social, en particular a trabajadores públicos del Estado, nucleados en ATE.
Finalmente, señaló: “Estamos a poco días del balotaje. Uno de los candidatos, la de la ultraderecha fascista, que es Javier Milei, dice que si llega a ser Presidente va a meter palo y cárcel a quienes pelean. Schiaretti es igual a Milei. Está jugando para Milei. En ese combo, todo es venenoso”.
El Partido Obrero también se hizo presente. La abogada Soledad Díaz García, una de las imputadas, consideró que “toda la causa es una aberración jurídica armada por cuenta y orden del poder político. Trasciende el carácter absurdo y carente de prueba cuando aduce que hubo un plan operado por las direcciones piqueteras. En un país con el 42% de pobreza, la jornada de lucha fue el resultado de una asamblea nacional con delegados de todo el país”. Mientras que Emanuel Berardo, del Polo Obrero, brazo territorial del PO, sostuvo que hay “que defender a fondo el derecho a la protesta porque es un derecho fundamental que si no se garantiza ningún otro derecho será garantizado”.
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