(fuente www.lavoz.com.ar)
El 22 de abril de este año estalló una bomba en PAMI Río Cuarto tras el despido de siete trabajadores de esa dependencia nacional, en sintonía con las políticas aplicadas por el gobierno de Javier Milei en otras dependencias del país.
Desde ese momento, los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Río Cuarto comenzaron un plan de lucha, se declararon en estado de asamblea permanente y exigen la reincorporación de los siete trabajadores despedidos de esa dependencia.
En ese marco, el lunes 4 de junio fue que la nueva conducción de PAMI Río Cuarto, el contador Ricardo Scattolini, incorporó a cuatro nuevos trabajadores a la dependencia local.
La reacción de ATE fue inmediata y la delegada en el sector, Nora Oviedo, dijo que nuestra organización no está en contra con incorporar a nuevos empleados pero sí de los despidos.
Los nuevos “empleados” no reemplazarían el lugar de las personas desafectadas de sus funciones, cuyos cargos no están siendo cubiertos, rebajando la capacidad de atención a las y los afiliados de la obra social, mientras la delegación suma personal militante.
“Los despidos fueron solo sin causa. Hay una sola compañera cuyo despido se puede encuadrar en un caso de discriminación porque se trata de una empleadora que cubría el cupo trans. Vamos a ir por la vía legal por este caso para que se cumpla la reincorporación, hay sobradas bases jurídicas para que recupere su puesto de trabajo”, dijo Oviedo.
Se trata de Johana Salazar, que contó durante la asamblea realizada el miércoles pasado que “trabajaba en el área de recepción y atención al público. Claramente hay un ataque a la franja de trabajadoras del Estado que ocupamos el cupo trans, es un atropello. El gobierno no cumple la ley que obliga a cubrir ese cupo”.
