Esta mañana se presentó en Tribunales II el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, citado por el fiscal Ernesto De Aragón en el marco de una causa que lo imputa por participar en las movilizaciones del pasado 25 de mayo en el centro de Córdoba, bajo la figura “intimidación pública” e “incitación a la violencia”.
De Aragón viene siendo el ariete del acoso judicial a Giuliani y ya instruyó otra causa penal donde se lo acusó de interrumpir el transporte público, por participar en la Marcha contra el Hambre el año pasado.
Es este mismo fiscal quien ordenó que ayer se realizaran allanamientos en el domicilio particular del secretario General de ATE, así como en la sede gremial de ATE Río Cuarto.
Frente a Tribunales, en una radio abierta y conferencia de prensa realizada hoy, Giuliani estuvo impedido de hablar por recomendación de sus abogados Claudio Orosz y Eugenio Biafore, ante la posibilidad que De Aragón ordene su detención.
De esta forma, Orosz y Biafore explicaron esta mañana a la prensa y la manifestación presente en el lugar que nuestro secretario General cumplió con la citación judicial, al mismo que adelantaron el pedido de apartamiento del fiscal, ya que está denunciado por los abogados por la posible comisión de delitos de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, en la instrucción de la causa que está elevada a juicio.
“En el transcurso del alegato que realizamos ante la Cámara de Acusación por recurso ante una elevación a juicio, denunciamos al fiscal. Ahora debería apartarse según establece el Código de Procedimiento”, dijo Orosz.
El abogado fustigó a la fiscalía y sostuvo que hay intención de criminalizar la protesta social con estas actuaciones judiciales. “Vivimos en Córdoba y se sabe el sojuzgamiento que tiene la justicia y particularmente el Ministerio Público Fiscal (MPF) al poder político. Tanto es así que la cabeza del MPF se renueva cada cinco años por elección del Poder Ejecutivo, con la anuencia de la Legislatura de mayoría automática. Así sucedió con los últimos fiscales generales”, aseguró Orosz.
Antecedentes favorables para Giuliani
Los letrados aseguraron que no existe delito en relación a los hechos sucedidos el sábado 25 de mayo. “Protestar no es delito, ya lo estableció la Cámara de Acusación en la causa donde se había ordenado la detención del cuerpo de delegados de Luz y Fuerza hace algunos años atrás”, aseguraron.
Se refieren a la conocida como causa Pablo Álvarez, que es un antecedente central porque la Cámara sentó jurisprudencia al asentar que el tipo legal, como es la figura de ‘incitación a la violencia’, no puede aplicarse a la protesta social, que es lo hizo el fiscal De Aragón en esta nueva imputación. “Son las condiciones sociales que generan que millones de argentinos salgan a protestar, y se funda en el ejercicio sano del derecho a la protesta, que es lo que nos garantiza la democracia en este país”, sentenció Eugenio Biafore.
