Ante un año que adelanta altos niveles de conflictividad gremial, como resultado del ajuste que impulsan todos los niveles del Estado -cuyo resultado ya es un caída del poder adquisitivo en el salario de los trabajadores-, el gobierno provincial impulsa un proyecto de ley de carácter represivo e inconstitucional que nuestra organización rechaza de plano y repudia en todos sus términos.
En la misma línea que se expresó la presidente de la Nación, Cristina Fernández, durante su último discurso anual ante el Congreso, De la Sota pretende hacer aprobar en la Legislatura una norma que restrinja el derecho a huelga, imponiendo penas de prisión por medio de una modificación del Código de Faltas.
Según informó la prensa, y fue ratificado por los legisladores oficialistas con aval del propio gobernador, la Legislatura intenta reglamentar el derecho a huelga sobre ciertas actividades, que denominaría ‘servicios esenciales’.
Está visto que las diferencias entre la Nación y la Provincia tienen que ver con conflictos de índole financiero, pero que comparten el diagnóstico sobre la reacción del pueblo organizado a través de sus distintas organizaciones y que pergeñan recetas similares para su represión.
En este marco, no es casual que la Presidente haya reivindicado la canallesca condena de los petroleros de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, de la misma manera que el gobernador de Córdoba intenta responder con represión y cárcel a las legítimas demandas de los trabajadores.
Es la única solución que proponen, mientras cercenan la negociación colectiva y obligan a los trabajadores a manifestarse y protestar como salida ante la falta de respuestas a los legítimos reclamos de nuestro pueblo.
Desde lo jurídico, la evidente inconstitucionalidad y nulidad del proyecto de ley anunciado se fundamenta en el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional que arroga al Congreso Nacional la facultad de legislar lo relacionado a la reglamentación del trabajo, donde se encuentra claramente el derecho a huelga.
Además, ya existe una ley nacional, la 25877, que en su artículo 24 establece claramente según criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuáles son los servicios esenciales. De hecho, ATE se supedita a esa norma cuando un conflicto gremial incluye algunos de esos sectores específicamente regulados, garantizando guardias mínimas en los servicios hospitalarios, al igual que en los servicios de control del transporte aéreo.
Desde lo político, es evidente el manotazo de ahogado que el gobierno provincial intentar dar, aprovechando la sensibilidad social que generan los conflictos gremiales en determinados sectores, con un fin oportunista y demagógico, mientras omite resolver las causas reales que originan dichos conflictos.
Córdoba ya tiene antecedentes en este sentido, como el que impulsó Ramón Mestre (padre) durante su gestión municipal, haciendo aprobar por medio de una ordenanza una reglamentación que restringía el derecho a huelga en el transporte público de la ciudad. El resultado fueron 14 paros y el pase al olvido de la norma.
De igual manera, este proyecto del gobierno provincial pasará con pena y sin gloria a la historia como otro intento del poder por restringir un derecho humano fundamental como es el derecho a huelga, con el declarado objetivo de reprimir la protesta social y aplicar sin miramientos el ajuste ya en marcha.
María Teresa Romero
Secretaria General
