El CDP elaboró seis ejes para analizar la crisis treminal de la caja de jubilaciones de la provincia. las responsabilidades de Schiaretti
Ante el debate abierto respecto a la crisis crónica de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, ATE hace pública su perspectiva sobre el problema que tiene en vilo a miles de jubilados provinciales, y que amenaza con pauperizar aun más que en la actualidad el ingreso de los trabajadores pasivos.
A nuestro criterio, el debate debe girar alrededor de los siguientes ejes:
1) En la actualidad el gobierno provincial paga, en promedio, 35% del salario en negro (sin aportes previsionales, ni al Apross). Esto significa que en la masa salarial total, que el Estado debería descontar a cada trabajador y aportar al sistema en términos de contribuciones patronales, el gobierno se ahorra 520 millones al año, ahorro contable que incide de forma determinante en la desfinanciación de la Caja de jubilaciones. Esta cifra surge del cálculo entre la masa salarial reconocida para el 2010, de donde debe calcularse el 27% de aportes previsionales al 30% que los trabajadores cobran de forma irregular.
2) En cuanto al déficit actual, calculado por el interventor Osvaldo Giordano en 1170 millones de pesos, el Estado nacional se comprometió por convenio a cubrir alrededor de 800 millones de pesos anuales. La diferencia, que debe ser aportada por el Estado provincial según el mismo convenio, es de 370 millones. Si el gobierno de Schiaretti blanqueara la totalidad de la masa salarial, la Caja debería contar con los 520 que evita pagar actualmente. Por lo tanto, la Caja tendría un excedente de 150 millones anuales.
3) La intervención permanente de la Caja de Jubilaciones, de todos los gobiernos democráticos (ni hablar del período dictatorial), a pesar que la Constitución provincial establece claramente que la conducción del organismo debe estar integrada por representantes de los aportantes al sistema, ha impedido que los trabajadores fiscalicemos, discutamos y conozcamos a ciencia cierta el real estado contable y administrativo de la Caja de Jubilaciones. Por lo tanto, es imprescindible la normalidad de la entidad. 4) El gobierno de José Manuel De la Sota, junto a Juan Schiaretti, realizó 25mil jubilaciones anticipadas de trabajadores que se encontraban en plena etapa de continuar aportando al sistema, trabajadores con la mayor capacitación y experiencia de cada área del Estado provincial. La medida tuvo como objetivo político beneficiar a contratados designados por el mismo gobierno, pasándolos a planta permanente, según promesas de campaña preelectoral.
5) No hay constancia del destino del Fondo Complementario, recursos que derivan del 7% del aporte de los trabajadores que el proceso de armonización estableció que serían depositados en una cuenta espacial. Hay denuncias judiciales al respecto que se tramitan en la Fiscalía Anticorrupción de la provincia. A la fecha se estiman en alrededor de 3000 millones de pesos esos fondos que el gobierno no rinde cuenta y que podrían haber cubierto los déficit de la Caja los año precedente, así como en el futuro.
6) Los regímenes especiales (policial y penitenciario) no deberían formar parte del mismo sistema que el resto de la administración, en tanto cuentan con menos años de aportes y, por tanto, más años de cobro de jubilación o pensión. Como en la inmensa mayoría de los países de mundo, estos regímenes especiales deben contar también con financiación específica por parte del Estado. Ante este estado de situación, ATE exige que todo cambio del sistema se realice atendiendo lo planteado con anterioridad. Para ello es prioritario el fin de la intervención y el blanqueo salarial. De esta forma la institución cumplirá con la normativa vigente y podrá darle transparencia a su manejo económico, financiero y contable.
Al mismo tiempo, tanto la Comisión Provisoria de Jubilados como ATE exigen que el haber jubilatorio mínimo alcance los 1400 pesos, tanto para los nacionales como los provinciales, cifra mínima e indispensable para la subsistencia de los jubilados, sin resignar a su vez una demanda histórica del 82% móvil sobre el salario bruto, restitución de la ley 8024 y derogación de las leyes de emergencia previsional 9504 y 9722, por ser inconstitucionales.
Por otro lado, vale señalar que el proyecto de armonización con el sistema previsional del Estado nacional sólo traerá mayores penurias a los jubilados provinciales, toda vez que las condiciones en que se jubilan los compañeros nacionales son peores a las que sufren sus pares de Córdoba; estas condiciones fueron impugnadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sucesivas resoluciones, como el conocido fallo Badaro.
