(Córdoba, 6-5-2010)
Una importante columna de trabajadores activos y jubilados marchó hoy a la Legislatura en rechazo, una vez más, de la política previsional del gobierno de Juan Schiaretti.
Como integrante de la Comisión Permanente de Jubilados Nacionales y Provinciales de Córdoba, ATE participó por la mañana, ya que el proyecto de ley de ‘blanqueo salarial’, que el gobierno envió a la Unicameral, es engañoso y, en realidad, blanquea el despojo al que los trabajadores pasivos han sido sometidos los últimos 15 años.
Consideramos que el mismo revalida el decreto 1777/95 de Ramón Mestre, ya declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que perjudicó seriamente el salario de los jubilados, pasando a cobrar el 67% de los haberes de los trabajadores activos.
Para que no queden dudas, desde ATE apoyamos el blanqueo salarial, exigiendo el pase total de los no remunerativos y remunerativos al básico del trabajador en actividad, pero no una ley que disfraza su verdadera finalidad: legalizar el 82% del 82%, o sea el 67% del salario del activo. En definitiva, la liquidación del 82% móvil debe realizarse sobre el salario bruto, y no sobre el salario líquido, tal como ya lo determinó la Corte.
Por todo esto, concentramos a las 10.30 hs frente a la Caja de jubilaciones para marchar hasta la Unicameral, donde entregaremos un documento público a los bloques legislativos fijando nuestra posición.
Para que todos los compañeros puedan acceder a la posición integral respecto a los nuevos proyectos del goibierno provincial, que revalidan los viejos robos, disponemos a continuación el documento elaborado conjuntamente por todas las organizaciones que integran la Comisión Permanente de Jubilados Nacionales y Provinciales de Córdoba:
Análisis del proyecto de ley de blanqueo salarial
Este documento tiene por objetivo alertar a la ciudadanía, legisladores y compañeros trabajadores activos y pasivos para que reflexionemos acerca de los anuncios engañosos sobre la “Ley de blanqueo salarial de sumas no remunerativas” difundidos por el Gobierno provincial.
¿Cómo llegamos a esta situación?
En el proceso de armonización de la Ley 8024 con la Ley Nacional 24241, que persigue el objetivo final de colocar a los jubilados cordobeses en la misma situación de indigencia de los jubilados nacionales, Schiaretti y su histórico cómplice José Pihen han dado un nuevo paso.
Para lograr esto han contado con la connivencia de gran parte de los medios de difusión orales, escritos y televisivos.
Así, Laura González, periodista de La Voz del Interior, abonó el camino al recorte y la estafa, con sus análisis fatalistas y distorsionados acerca del déficit de la Caja, generando en la población animosidad contra la clase pasiva provincial, y tratando de privilegiados a los trabajadores cuyo único pecado fue aportar por más de 30 años entre el 18% y el 22% de sus ingresos.
Ante la permanente campaña instalada acerca del déficit de nuestra Caja de Jubilaciones, hacemos nuestras las palabras escritas por el Dr. Pablo Agüero Piñero en la nota de La Voz del Interior del 27/04/2010: “el Estado provincial es quien tiene la carga de garantizar el régimen de seguridad social y sistema previsional que asegure las jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles, y proporcionales a la remuneración del trabajador activo, tal como lo establecen los artículos 55 y 57 de la Constitución Provincial y el art. 5º de la Ley 8024”.
¿Por qué el Gobierno de Juan Schiaretti planteó una ley de blanqueo salarial de sumas no remunerativas, si sólo hacía falta cumplir con la ley vigente?
La Ley de Contrato de Trabajo prohíbe los pagos no remunerativos, y los artículos 8 de la ley 8024 y 6 de la Ley 24241 establecen claramente que las sumas no remunerativas se deben tener en cuenta para el cálculo del haber jubilatorio.
En realidad, la ley es una excusa para adoptar el criterio del Tribunal superior de Justicia de la Provincia en los fallos ‘Bossio’ y ‘Abacca’, donde se establece el cálculo de la jubilación como el 82% del salario líquido del trabajador activo. O sea, será el 82% del 82%, es decir el 67,24%, lo que cobrará el jubilado.
Así, se reflota nuevamente el Decreto 1777/95 con el que Ramón Mestre disminuyó las jubilaciones y que la Corte Suprema declarara inconstitucional en el fallo ‘Iglesias’.
Esto que afirmamos se ratifica en las declaraciones de Giordano en la reunión conjunta de las comisiones de Economía y Trabajo de la Unicameral del 4/5/2010, donde dijo: “necesitamos una ley para impedir que la Corte Suprema declare inconstitucional la medida, como pasó con el decreto 1777/95”. Afirmó también Giordano que la incorporación de las sumas no remunerativas producirá un beneficio para la Caja de 80 millones de pesos anuales por mayores aportes y contribuciones”, lo que demuestra que los últimos 7 años se produjo un perjuicio a la institución de, por lo menos, 600 millones de pesos que explican en gran medida el déficit que utiliza el gobierno para justificar las reformas previsionales en Córdoba.
Reafirmamos que los culpables del déficit son el Gobierno y los funcionarios que tienen responsabilidad solidaria por el mal manejo de los dineros de la Caja (art. 8 in fine de la Ley 8024).
Si se reconoce la necesidad del blanqueo, se reconoce también el delito que se ha cometido al evadir el pago de aportes y contribuciones. Son evasores y merecen el reproche de la Ley penal por la autoría y complicidad en una actividad delictiva.
De más está decir que acordamos con el blanqueo, una bandera de lucha que hemos levantado durante todos estos años. Pero exigimos que tales montos blanqueados sean incorporados al salario básico del activo y que el jubilado cobre el 82% del salario bruto.
