En una asamblea realizada ayer en el Complejo Pizzurno, trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) denunciaron pésimas condiciones de trabajo en el organismo y reclamaron el pase a planta permanente del personal precarizado, ART para cubrir accidentes de trabajo y agresiones que sufren en las residencias del organismo, donde están alojados jóvenes que, según el caso, se encuentran en conflicto con la ley.
En la oportunidad, estuvieron presentes el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, el secretario de Formación y director del Departamento de DDHH, César Theaux, junto a delegados y activistas de nuestro gremio.
Las y los trabajadores presentes integran el cuerpo de profesionales de la Casa de Preegreso de Varones y describieron un difícil panorama debido a la falta de personal, la precarización del personal y el déficit de recursos.
“Hay compañeros que los obligan a requisar los dormitorios y a hacer los test de consumo, encerrando a los chico en un baño para orinar en un frasco esterilizado y hacer controles de consumo de drogas. Eso es totalmente ilegal, no son tareas de un educador y menos de una mujer sola en un turno”, denunció una trabajadora.
Otra compañera denunció “Hace dos meses se perdió esa función y no solo tenemos chicos prontos a egresar que ya no tienen ningún acompañamiento sino que ahora recibimos niños de todas las edades, con el agravante que se juntan chicos que vienen de penal juvenil y otro grupo como prevención. Anoche tuvimos un episodio grave, donde la casa fue tomada, los chicos hicieron un motín donde la responsable de esa casa, Pesiña Lujan, fue agredida física y verbalmente, todo como resultado de la mala gestión que se viene trabajando con los pibes en esa casa”.
A su vez, otro trabajador del sector lamentó que “se diluyó el proyecto de autonomía de la Casa. Ahí hacemos seguimiento de chicos sin cuidados parentales y con medidas cesadas, chicos que están próximos al egreso y otros que no”. El compañero dijo que “hay un convenio de prestaciones que tercerizan con instituciones, a donde está siendo direccionado el presupuesto, en una virtual privatización del servicio. Nos están dejando en una mera función administrativa, sin intervención, el programa está dejando de funcionar, siendo que dio contención a gran parte de la población de las residencias durante la pandemia”. “La idea de la asamblea es poner en conocimiento de las autoridades y que se abra una mesa de diálogo con el equipo porque somos nosotros quienes ponemos el cuerpo día a día”, agregó otra trabajadora que participó de la asamblea.
Y concluyó: “siete profesionales llevamos adelante el seguimiento de 170 pibes. Hay 300 pibes más para acompañar, todos sin cuidados parentales”.
Elecciones y persecución
El próximo 16 de agosto se realizan las primeras elecciones de delegados en la historia del sector. La candidata de ATE Julia Ponce, con 19 años de antigüedad en el organismo enunció que una vez comunicada la elección a las autoridades, hace 15 días, “los compañeros comenzaron a sufrir la persecución y amenazas de despido. Si bien el gobierno no sabe quienes son los afiliados de ATE que tenemos, porque siempre se trató de protegerlos y resguardarlos, hicieron correr la voz que los que vayan a participar de las elecciones van a ser despedidos, y a mí trasladada porque soy de planta permanente”.
Los dirigentes de ATE presentes en la asamblea garantizaron que las elecciones se desarrollaran normalmente a pesar de la opinión que tengan los funcionarios.
Ponce dijo que las y los compañeros “nos juntamos con todos los espacios de la Secretaria, los equipos técnicos de otras residencias, y largamos un petitorio con la premisa de pase a planta permanente de los compañeros precarizados, la ART para la gente que está 24 horas trabajando con los chicos. En mi residencia tengo dos compañeros que fueron agredidos físicamente que no cuentan con ART y tuvieron que hacerse atender en hospitales públicos”.
