Desde ATE Córdoba denunciamos el intento del oficialismo de poner en duda la continuidad de nuestra Caja de Jubilaciones. Ante el fracaso judicial de su mal llamada “Ley de Equidad”, el Ejecutivo provincial pretende extorsionar a la clase trabajadora con una consulta popular tramposa. ¡La Caja no se toca, la Caja se defiende!
En los últimos días, el escenario político cordobés se ha visto sacudido por una nueva ofensiva contra los derechos previsionales. El Gobierno de Martín Llaryora, ante la lluvia de amparos y planteos de inconstitucionalidad que está recibiendo su Ley de Equidad Jubilatoria (Ley 11.087), ha vuelto a agitar el fantasma de un referéndum.
La iniciativa, motorizada en la Legislatura por el oficialista Mariano Lorenzo, busca que la ciudadanía defina si la Provincia debe seguir sosteniendo el sistema previsional propio. Desde ATE Córdoba le recordamos a este legislador —quien en otros tiempos decía pertenecer al campo nacional y popular— que la Caja de Jubilaciones le pertenece a las y los trabajadores cordobeses, no es un botín de guerra de ningún gobierno de turno.
Una consulta tramposa para legalizar el ajuste
El proyecto de Lorenzo plantea un interrogante malintencionado: ¿Está usted de acuerdo con que la Caja de Jubilaciones de Córdoba pague haberes superiores a los de Anses? Esta pregunta no busca la “equidad”, sino nivelar hacia abajo. Pretende usar el descontento social para destruir un sistema que se sustenta con los aportes extraordinarios que ya nos vienen confiscando.
“A la ofensiva del Gobierno se le responde con unidad. El referéndum es una carta política desesperada de Llaryora para intentar legalizar un robo a nuestros bolsillos”, manifestaron desde la conducción de ATE Córdoba.
El fracaso de la “Ley de Equidad” en la Justicia
La avanzada judicial no se detiene. Se multiplican los amparos que apuntan a la inconstitucionalidad de la norma por violar la irreductibilidad de las jubilaciones y el derecho de propiedad de los activos.
Los puntos clave que hoy se debaten en los tribunales y que el Gobierno intenta esquivar son:
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Aportes Confiscatorios: Los descuentos extraordinarios del 2% al 8% impactan directamente en el salario líquido del activo y, por carácter transitivo, en el haber del jubilado.
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Violación del Artículo 57: La Constitución Provincial es clara sobre la irreductibilidad de los haberes. El Gobierno no puede perforar el “núcleo duro” previsional con leyes de emergencia permanentes.
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Solidaridad Inversa: Se disfraza de “equidad” un mecanismo donde los trabajadores activos financian el déficit que el propio Estado provincial generó tras años de mala administración y falta de reclamo firme ante la Nación.
Unidad de los trabajadores frente al cordobesismo vacilante
No vamos a permitir que se altere el principio de movilidad ni que se siga pulverizando el poder adquisitivo bajo la excusa de la “armonización”.
Mientras Llaryora especula con fechas electorales para el 2027, las y los estatales de Córdoba tenemos una sola prioridad: llegar a fin de mes. La negociación por los fondos de Anses no puede ser la excusa para seguir metiéndole la mano en el bolsillo a quienes sostuvieron el Estado durante décadas.
¡Basta de ajuste sobre los jubilados! ¡Basta de leyes confiscatorias! ¡La Caja es de Córdoba y de su pueblo trabajador!
