La larga lucha de ATE en el Complejo Esperanza tuvo su premio al lograr despues de dos años, por medio de una resolución judicial, al reinstalación en su lugar de trabajo del delegado gremial Sergio Piedra, víctima de una percusión antisindical.
Piedra había sido trasladado desde el Complejo Esperanza a una dependencia del Ministerio de Justicia, donde lo destinaron sin asignarle tareas, en un claro acto de discriminación y acoso laboral.
La política antisindical del Gobierno de Córdoba en el Complejo Esperanza se origina en el intento evitar la organización de los trabajadores del sector el esconder la larga lista de situaciones que ATE viene denunciando, que impiden la atención de los menores a cargo o directamente afectan los derechos que los asisten, en abierta violación del mandato constitucional sobre el tutelaje que el Estado provincial ejerce de los mismos.
El abandono de la infraestructura edilicia, las políticas ejecutadas por funcionarios políticos sin experiencia ni idoneidad y falta de personal, que somete a los jóvenes y a los trabajadores a condiciones de violencia cotidiana, protestas regulares de los internos, sin que las autoridades intervengan para resolver los problemas que se suceden son materia cotidiana. Todo lo cual supone el constante riesgo físico para los jóvenes y los trabajadores.
Para peor cuando los trabajadores concurren a la ART o tramitan carpetas médicas son castigados, perdiendo la posibilidad realizar adicionales, lo que constituye un ataque directo a los ingresos de los ya paupérrimos salarios que paga en el Complejo Esperanza, sometiendo al personal a condiciones de semiesclavitud.
Faltan baños en condiciones para el personal, de la misma manera que los jóvenes internados no cuentan con espacios apropiados para que se cumplan los principios de recuperación.
“Tenemos construcciones y edilicios que se caen”, describe el delegado Piedra, ya repuesto en su lugar de trabajo. Esto sucede en el marco donde los trabajadores sufren el abuso de autoridad, las amenazas constantes de traslados y la negligencia de directivos incapaces, puestos a dedos en cargos políticos.
“Hay un 40% de compañeros con carpeta psiquiátrica porque este trabajo te consume y hay hasta intenciones de suicidio de parte de los compañeros por esta clase de trabajo”, agrega el delegado.
En tanto, el gobierno ha intentado sucesivamente intervenir, en abierto conflicto con la ley vigente que se lo impide, impidiendo que se realicen elecciones dentro del establecimiento, deslegitimando la actuación de nuestro sindicato al no reconocernos como representante legítimo y legal de los trabajadores, mientras protege y ampara al SEP, gremio que no representa a la mayoría de los trabajadores.
La Justicia provincial ya dio la razón a ATE y ordenó la reinstalación del delegado Piedra, trasladado de manera arbitraria e ilegal, no obstante lo cual el compañero no es recibido por las autoridades, para poner en marcha la vía institucional y democrática en el Complejo Esperanza.
Piedra, miembro del Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba, volvió luego de haber sido trasladado arbitrariamente hace dos años por realizar una asamblea. Gracias al acompañamiento de nuestro sindicato y al enorme trabajo de las y los letrados de ATE, logramos su restitución laboral, defendiendo el derecho a organizarse y a ejercer la representación gremial.
Estado calamitoso
Para describir las situaciones que viven diariamente lso trabajadores del Complejo Esperanza, Piedras remarca que ” es un trabajo insalubre, a tal modo, que se convive con roedores de gran tamaño, tanto en las áreas laborales como en los sectores de convivencia de menores”.
A esto se suma que el personal tiene que hacer tareas, obligado por las autoridades del organismo, que solo debiera realizar el personal de seguridad destinado en el lugar por la Policía de la Provincia y el Servicio Penitenciario. “Nos designan como personal administrativo pero hacemos tareas de seguridad y no tenemos amparo legal para ejecutar dichas órdenes”, señala.
En esa línea, el delegado de ATE advierte que “estamos a sólo a cuatro meses de la puesta en marcha de la Nueva Ley Penal Juvenil, y no solo que no reparan los graves problemas edilicios, sino no vemos que se vayan a realizar. Solo presentaron las maquetas de campaña hace meses atrás. Será que construirán paredes y techos de papel, como nos tiene acostumbrado éste gobierno”, denuncia Piedra.
Vale señalar que el nuevo régimen penal para adolescentes, impulsado por Milei, tuvo el apoyo irrestricto del gobierno de Llaryora, aportando el voto de sus diputados en el Congreso, en una muestra de la demagogia punitiva que lleva adelante la Provincia de Córdoba.
Y concluye asegurando que “las cámaras de seguridad instaladas en los edificios se utilizan para controlar y extorsionar al personal y no para lo que fue creado”, en una muestra que la persecución antisindical es una decisión institucional de los directivos que el gobierno debe terminar.
