El sobreendeudamiento causado por los bajísimos salarios provinciales que paga el gobernador Martín Llaryora somete a los trabajadores a condiciones de vida que no pueden ocultarse, ratificando las denuncias que ATE viene realizando sobre la gestión cordobesista.
Un claro ejemplo de ello los consiguientes descuentos automáticos sobre los haberes que realiza BANCOR cada mes, constituyendo un atentado directo contra la función alimentaria de las familias y los y las trabajadoras del Estado provincial, que establece el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Desde ATE denunciamos que esta situación se agravó con el reciente pago de los aguinaldos y el sueldo del mes de junio, llegando en algunos casos al 60% del haber, lo que generó el reclamo generalizado de las y los compañeros provinciales. Su falta de pago afecta el normal desarrollo de la vida familiar y social del trabajador y genera un perjuicio irreparable.
Existen casos de empleados que dejaron de usar la tarjeta hace meses, que BANCOR emite de manera compulsiva, y aun así continúan sin percibir salario.
En esa línea, ya se expresó la justicia provincial en un juicio en Río Cuarto a principios de junio, donde ordenó a BANCOR abstenerse de debitar más del 20% de los haberes de una empleada provincial, en una medida cautelar rige hasta que sea resuelta la cuestión de fondo del juicio en cuestión.
Los anuncios de Llaryora que pondría límites a los descuentos formaron parte de la propaganda oficial que, en la práctica, no resolvieron el problema.
A los bajos salarios se suma así la bicicleta financiera de las tarjetas de crédito, transformándose el cobro de los haberes en un suplico que debe ser resuelto de forma urgente y con medidas concretas que garanticen el bienestar de las y los provinciales de Córdoba.
ATE continúa defendiendo los salarios del personal provincial.
