El Colegio de Trabajo Social, el Colegio de Psicólogos y ATE rechazan la precarización de las condiciones de contratación, la falta de presupuesto y la sobrecarga laboral que atraviesan las profesionales del Polo de la Mujer y los Puntos Mujer de la Provincia. Piden ser recibidas por la secretaria de la Mujer, Claudia Martínez, para constituir una mesa de trabajo. Mientras, a las trabajadoras residentes se les vence su contrato este 30 de junio y no hay precisiones sobre su continuidad.
(fuente: latinta.com.ar)
Los reclamos de las trabajadoras del Polo de la Mujer no son nuevos y se van complejizando con el paso de los años. Las condiciones de contratación precarias son algo reiterativo que se agrava porque la estructura de la política cordobesa de prevención y asistencia a las violencias de género tiene mucha sobrecarga. Mucha demanda y poco financiamiento.
Este martes 30 de junio vencen las residencias de la segunda cohorte para profesionales de Psicología y Trabajo Social que sostienen los dispositivos de atención a las personas que viven situaciones de violencia en el Polo de la Mujer en Córdoba Capital y en los Puntos Mujer de toda la provincia.
Las trabajadoras del Polo de la Mujer exigen desde hace más de tres meses una instancia de diálogo con las autoridades. Recién el viernes pasado y a cinco días de que se caigan los contratos, de manera individual y por distintas vías (WhatsApp, llamados telefónicos o vía Recursos Humanos), les avisaron que tendrían continuidad bajo contratos por monotributo con el incremento de la carga horaria de 30 a 40 horas semanales.
“No hubo ninguna reunión con las compañeras afectadas, ni la posibilidad de conversar sobre el resto de las condiciones laborales de quienes sostienen cotidianamente dispositivos fundamentales para el abordaje de las violencias de género. Necesitamos discutir aspectos básicos como la carga horaria, licencias, vacaciones, antigüedad y demás condiciones de trabajo”, expresaron en diálogo con La tinta.
Las trabajadoras se presentaron este lunes ante la Directora de Violencia, acompañadas por los Colegios Profesionales de Psicólogxs, Trabajo Social y ATE, para exigir precisiones sobre la continuidad y que se respete la carga horaria de 30 horas semanales. No saben si mañana ya tienen que cumplir el nuevo horario; esas dos horas extras implican reacomodar dinámicas familiares y de otros trabajos, que en muchos casos se superponen.
Con mucha angustia, las trabajadoras se enfrentan a la incertidumbre, a una comunicación que es muy deficitaria y a un destrato que las deja en situaciones de miedo por represalias, acorraladas por la necesidad del trabajo. No queda claro si es una improvisación de parte de la institución o una forma más dentro de las lógicas de la precarización. La respuesta oficial fue que iban a conversar con el equipo sin establecer plazos.
El 3 de junio, representantes de los Colegios Profesionales de Trabajo Social y Psicología tenían una reunión con la Secretaría de la Mujer que fue suspendida y no se ha vuelto a reprogramar. “La secretaria Claudia Martínez mantiene el silencio ante los pedidos de audiencia. Tras el femicidio de Agostina, que expuso las fallas del sistema, es inadmisible el destrato a los equipos de Trabajo Social, Psicología y Abogacía. Por eso exigimos la continuidad laboral inmediata y estabilidad para el personal y la apertura de una Mesa de Trabajo Formal con gremios y colegios”, expresaron en un comunicado.
Las residentes llevan tres años y medio realizando exactamente las mismas tareas que el resto de los equipos técnicos del Polo: acompañamiento a mujeres en situación de violencia de género y violencia familiar; entrevistas de primera escucha; intervenciones interdisciplinarias junto a profesionales de la Psicología, el Trabajo Social y Abogacía; integran el Área de Constatación, donde reciben oficios judiciales y realizan valoraciones de riesgo que resultan fundamentales para la toma de decisiones del Poder Judicial; forman parte de la Brigada de Protección Integral a la Mujer 24 h, interviniendo en urgencias, emergencias y situaciones de crisis; y sostienen procesos de acompañamiento psicosocial, grupos reflexivos e instancias psicoeducativas. “La propuesta de continuidad no reconoce esa trayectoria ni mejora las condiciones laborales”, denuncian las trabajadoras.
Mariela Lario, psicóloga y secretaria gremial del Colegio de Psicólogos, en diálogo con La tinta, manifestó que les preocupa la oferta de continuidad: “Además de que económicamente no es una buena propuesta, la carga horaria semanal no puede ser tan alta para el tipo de tarea que hacen”, expuso.
Y agregó: “Están atendiendo situaciones muy graves que implican la escucha, poner el cuerpo, acompañar y tomar decisiones que conllevan mucha responsabilidad, que requieren poder hacerlas en condiciones humanamente posibles en cuanto al tiempo que se necesita para hacerlas bien y no tener que realizar otras tareas que quitan el tiempo al trabajo profesional por falta personal de apoyo. En muchas ocasiones, trabajar así impacta en la salud de las profesionales. Tiene que haber una política de cuidado de las trabajadoras”.
Los colegios profesionales involucrados, junto con ATE, remarcan que es necesario conformar una mesa de trabajo para acompañar los reclamos de las trabajadoras. “Estamos atravesando un contexto que exige el compromiso de sostener los equipos y las políticas públicas de abordaje de las violencias, ya que a nivel nacional hay un ataque no solo a nivel discursivo, sino con decisiones de ajuste y debilitamiento en las políticas de género”.
“Nos interesa que se puedan reforzar los dispositivos, darles continuidad y garantizar la calidad de las intervenciones. Esto va de la mano necesariamente con las condiciones laborales de las trabajadoras que tienen a cargo esa tarea. Cuidar a las trabajadoras es indispensable para poder sostener la institución y las políticas”, indicó Lario.
“El pedido concreto es que las autoridades reciban al conjunto de las compañeras afectadas y habiliten una instancia de diálogo para conversar las condiciones de continuidad laboral. Entendemos que esa discusión también involucra la calidad de una política pública que requiere equipos estables y condiciones de trabajo acordes a la complejidad de las tareas y a los altos riesgos psicosociales que implican”, expresaron las trabajadoras del Polo.
Para los colegios profesionales y ATE, al momento de solicitar una audiencia, sostuvieron que les parece central revisar las situaciones laborales que conviven actualmente en los dispositivos del Polo: residentes, monotributistas, contratadas, de planta. “En cada caso hay cosas para revisar, particularmente las residencias, que son instancias de formación, y quienes las asumen están sosteniendo toda una estructura de atención en situación de precarización, lo que a su vez hace que tengan menos posibilidades para realizar reclamos por el riesgo de perder el trabajo”, detalló Lario.
El Polo Integral de la Mujer se creó en 2016 con una propuesta de atención centralizada de las violencias de género. Luego se crearon Polos Regionales en el interior y los Punto Mujer que funcionan en convenio con los municipios, para el primer nivel de atención de las violencias. Definido por sus autoridades como “un modelo de gestión interinstitucional único y pionero a nivel nacional y regional, que articula diferentes organismos del Poder Ejecutivo y Judicial para brindar atención y acompañamiento a mujeres en situación de violencia”.
Con motivo de conmemorarse los 10 años de su creación, el ministro Marcos Torres anunció a principios de marzo “la ampliación del Polo para seguir mejorando las condiciones de atención a quienes llegan en busca de ayuda como para los equipos que trabajan todos los días en este espacio”.
En 2019, se creó el Ministerio de la Mujer bajo la gestión del entonces gobernador Juan Schiaretti y estuvo a cargo de Claudia Martínez. Durante los cuatro años de su gestión, las puertas del Ministerio fueron escenario de diversos reclamos de colectivos feministas y organizaciones que cuestionaron las políticas públicas orientadas a la igualdad de género, la falta de presupuesto para ejecutar medidas efectivas y las precarias condiciones laborales de sus trabajadorxs.
A fines de 2023 y a tono con las medidas nacionales, el Ministerio cambió de rango y se desjerarquizó. Todavía con la titularidad de Claudia Martínez, pasó a ser Secretaría de la Mujer, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Córdoba. Este cambio no fue solo administrativo, sino que implicó reducciones de partidas presupuestarias que se sostienen en los reclamos actuales.
Desde ATE remarcaron: “Este conflicto no es un hecho aislado. Se da en un contexto de extrema gravedad tras el feminicidio de Agostina, que dejó al descubierto las falencias sistémicas de la Justicia y el Ministerio de Seguridad, así como la falta de financiamiento real para políticas de prevención. Resulta indignante y contradictorio que, mientras el movimiento de mujeres lucha por más presupuesto y el sostenimiento del Polo de la Mujer, el Estado responda con el destrato a quienes garantizan la atención diaria en la institución”.
