El Consejo Directo Provincial de ATE Córdoba repudia la brutal rebaja salarial que implica el no pago del presentismo (estímulo a la asistencia) en algunos organismos y áreas estatales anunciado por el gobierno de Milei, en otro ataque más a los ingresos de las y los trabajadores del Estado, que implica una quita directo para los haberes del mes de febrero a pagar esta semana.
El anuncio implica una reducción del poder adquisitivo de los y las estatales porque significa un recorte del 10% en los salarios, los cuales ya vienen de una pérdida del 45,3% desde que asumió Milei.
La medida, que como otras vociferadas por Milei y su séquito, carece de absoluta legalidad, toda vez que el ‘presentismo’ forma parte de un tramo habitual del salario por lo que su quita es ilegal: mediante el Decreto 36/2026 se homologó el acuerdo celebrado en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional del 26 de diciembre pasado, que prevé la prórroga del presentismo, ítem que ha sido sistemáticamente renovado desde el acuerdo celebrado el 29 de septiembre de 2020, homologado por el Decreto 837/20.
“El ítem de estímulo por asistencia tiene carácter alimentario. Si no se abona, estarán incurriendo en una falta grave”, aclaró el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
Así, a los despidos, el cierre de organismos, la falta de actualizaciones en los sueldos en referencia a la inflación realmente existente y el vaciamiento general del Estado, se suma esta medida que es una provocación, cuando según la ley vigente el Gobierno debería convocar a la paritaria nacional y que aun no hizo efectivo.
Se trata otra muestra más que el gobierno de Milei destruye sistemáticamente el Estado mientras extiende la telaraña de su sistema corrupto por la administración pública, donde el 3% de cometa en las contrataciones del área de Discapacidad para su hermana Karina Milei es solo un botón de muestra.
ATE iniciará todas las acciones necesarias para dejar sin efecto la política de miseria y empobrecimiento en contra de los empleados y empleadas públicas de la Administración Pública Nacional.
