En un fallo conocido hoy, la Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo confirmó la legalidad de ATE Córdoba para ejercer el ámbito de representación en todo el Estado provincial, así como en los municipios que se encuentran dentro del territorio de Córdoba.
La sentencia, de carácter definitiva, cierra la controversia planteada por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), que se arrogaba el monopolio de la representación sindical en las Provincia, con el aval de la administración delasotista.
Con la firma de los jueces Héctor Guisado y Graciela Elena Marino, el tribunal judicial resolvió desestimar el recurso impuesto por el SEP, que había llegado a la Cámara después que el Ministerio de Trabajo de la Nación estableciera en dos oportunidades la legalidad de ATE, tal como venían reclamando nuestros afiliados desde 2006.
Tanto el SEP como el Gobierno se habían opuesto sistemáticamente al crecimiento de ATE, impugnando las elecciones de delegados en un caso, o negándose a retener la cuota sindical de nuestros afiliados en el otro, sin contar las permanentes persecuciones a aquellos compañeros que deciden organizarse en ATE.
No fue impedimento para el gobierno delasotista, que la persecución a nuestro gremio fuese en contra de la Constitución, los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la normativa nacional en la materia.
Ahora, la Justicia dio la razón al Ministerio de Trabajo nacional, que con la firma del ministro Carlos Tomada había ratificado en la resolución 708/2009 -al hacer lugar al planteo de ATE- la vigencia del principio de pluralidad sindical en el sector público, y concretamente resolvió reconocer “la aptitud de ATE para coexistir como entidad sindical, sin exclusión de su Personería Gremial, en el ámbito público de la Provincia de Córdoba”.
Por lo tanto, tanto el Ministerio de Trabajo como la Justicia reafirmaron que ATE en Córdoba puede elegir delegados en cualquier repartición u organismo del Estado nacional, provincial y municipal. Y esto fue posible gracias a la perseverancia y conciencia de los trabajadores, afiliados y dirigentes de ATE Córdoba que no se doblegaron jamás ante las presiones y persecuciones de la patronal, y continuaron organizándose y luchando aún frente a la adversidad
En consecuencia, ATE Córdoba insta al gobernador José Manuel De la Sota a que detenga de forma inmediata la discriminación y persecución a delegados y afiliados de nuestro gremio, abriendo un espacio de negociación sobre las diversas problemáticas que agobian a los trabajadores estatales en Córdoba, y restituya los descuentos por cuota de afiliación que el propio gobernador dio de baja de forma arbitraria hace siete años.
ATE descuenta que De la Sota, que afirma ser respetuoso de la ley, la justicia y la pluralidad de opiniones, llevará a cabo estas medidas como una forma de restablecer la armonía en las relaciones laborales dentro del Estado que su gobierno administra, dejando atrás la persecución a nuestro gremio, contraria a la Constitución y el espíritu democrático que deben velar las relaciones entre trabajadores y la patronal.
Vale señalar que por su carácter definitivo, esta sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo debe ser de aplicación obligatoria e inmediata, ya que su no cumplimiento pondría al Gobierno de Córdoba al margen de la legalidad.
Un poco de historia
La discriminación a nuestro gremio se inició a raíz de la impugnación que realizó el SEP a la elección de delegado de ATE en la Dirección de Administración del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. En marzo de 2006, el gobierno provincial resolvió dar de baja los descuentos de de la cuota de afiliación de los afiliados de ATE, con el objetivo de desfinanciar a nuestra organización.
Tras pedir la nuestra conducción una serie de audiencias ante distintos funcionarios del gobierno provincial, en 2007 ATE inició un recurso administrativo en el Ministerio de Trabajo de la Nación, única autoridad habilitada para fijar los ámbitos de representación sindical.
En septiembre de 2009 la cartera laboral dio la razón a nuestro gremio, mediante la resolución 708/2006 antes mencionada, pero el gobierno provincial se negó a cumplirla, aduciendo que el SEP había apelado la medida en el mismo ministerio.
Tres años después, en septiembre de 2012, una nueva resolución firmada por Carlos Tomada, 770/2012, confirmó lo resuelto con anterioridad, pero el gobierno delasotista tampoco la cumplió, esta vez porque el SEP había elevado un recurso ordinario a la Cámara Nacional del Trabajo.
Finalmente, ahora se cierra el ciclo de apelaciones e impugnaciones con la sentencia conocida en la jornada de hoy, que conlleva un poco más de democracia a la alicaída realidad de los trabajadores estatales cordobeses.
