La Central de Trabajadores de Argentina Córdoba y la Asociación de Trabajadores del Estado Córdoba repudian las declaraciones del gobernador José Manuel de la Sota, introduciendo una falsa controversia en los juicios por delitos de lesa humanidad a los genocidas de la última dictadura cívico-militar.
El gobernador pretende generar un debate alrededor de procesos judiciales que cuentan con absoluto consenso en la amplia mayoría de la población de nuestro país, con un objetivo eminentemente partidario en el marco de la interna que lleva adelante con el gobierno nacional.
De la Sota introduce falsedades evidentes para lograr visibilidad mediática a través de la polémica, como suponer que ciertas concesiones a los genocidas podrían facilitar el acceso a información respecto al destino de los miles de desaparecidos, víctimas de la represión. La historia reciente –cuando el ex presidente Carlos Menem indultó a condenados y procesados durante la década del ’80- demuestra de forma cabal que los genocidas nunca dieron muestras de arrepentimiento sobre los crímenes perpetrados ni intensión de develar el destino de los cuerpos así como de sus hijos, 400 de los cuales continúan con su identidad robada, a más de 30 años de sucedida la tragedia que enlutó al pueblo argentino. Así, de manera inescrupulosa, De la Sota choca con la ética más elemental que debe fundar los procesos judiciales.
Además de chocar con todos los parámetros legales nacionales e internacionales que regulan los procesos de lesa humanidad, cosa que el gobernador no desconoce, estas declaraciones se ubican al extremo de los criterios más reaccionarios de los grupos minúsculos de la sociedad, dejando sólo a la pared a su derecha en el arco político argentino.
Es lamentable que un político de este calibre sea el gobernador de una de las provincias más importantes del país pero, al mismo tiempo, es coherente con la historia de su vida política, que lo encontró en 1974 al lado del comisario Navarro y el interventor Lacabanne desatando una casería callejera de militantes populares que sería el prolegómeno de la propia dictadura iniciada en 1976, proceso donde los trabajadores y las organizaciones sindicales fuimos las principales víctimas.
En consecuencia, ATE y CTA rechazan las expresiones del gobernador por retrógradas e injustificadas, ya que sabemos que sólo la justicia, aquí y ahora, es capaz de sanar las graves heridas que los argentinos arrastramos durante las últimas décadas.
Oscar Mengarelli Guido Dreizik María Teresa Romero
Secretario General Secretario General Secretaria General
CTA Provincia de Córdoba CTA Córdoba Capital ATE Córdoba
