La implementación de la Ley 10889/2023 y su reciente Decreto Reglamentario 177/2025 están en marcha. Bajo el discurso oficial de una supuesta “Unificación” del Equipo de Salud, se esconde una profunda reconfiguración regresiva de nuestras condiciones de trabajo. No se trata de un beneficio; se trata de una reforma que vulnera conquistas históricas de todo el sector hospitalario.
Alzamos nuestra voz en un posicionamiento crítico y firme frente a este atropello:
- Flexibilización encubierta: El pase o migración hacia la Ley 7625 se presenta como un acto “voluntario”, pero condiciona al trabajador a aceptar un aumento de la carga horaria de 35 a 40 horas semanales. Cambiar el régimen laboral para no quedar rezagado salarialmente, a costa de resignar el tiempo de descanso, es precarización.
- Fragmentación de la Salud Humana: Lejos de unificar, esta modificación divide aún más el interior de los Grupos Ocupacionales del I al III (Subgrupos A y B). El resultado es una estructura salarial piramidal que ensancha la brecha de ingresos entre los propios compañeros, destruyendo la concepción horizontal y cooperativa del equipo de salud.
- Derecho universal, no favoritismo: El derecho a una estabilidad real y a una carrera administrativa digna ampara a cada agente del sistema público independientemente de su condición de afiliación. La dignidad laboral no depende del padrinazgo ni del acompañamiento circunstancial de ninguna estructura; es un derecho adquirido que se defiende con organización real.
- Desde el Consejo Directivo Provincial ya hemos realizado las presentaciones oportunas impugnando este proceso de reubicación flexibilizador. Exigimos y seguiremos sosteniendo el respeto a la estabilidad laboral, la carrera administrativa y la jornada histórica de 30 horas semanales.
La jerarquización de los hospitales públicos se logra con presupuestos genuinos que protejan a quienes sostienen la salud de toda la provincia.
¡La salud pública no se flexibiliza!
¡Defendamos nuestros derechos adquiridos!
