A través de una presentación que realizó ayer el cuerpo jurídico de ATE Córdoba, el Secretario General del gremio, Federico Giuliani, pidió constituirse como querellante particular en la investigación sobre la denuncia presentada el año pasado contra la legisladora radical Patricia De Ferrari, por presunta “apología del terrorismo de Estado” e “incitación a la violencia”.
En tal sentido, Eugenio Biafore, abogado de ATE Córdoba, fundamentó la presentación señalando que “ATE tiene compañeros y compañeras desaparecidas y además la familia íntegra de Federico ha sufrido la persecución en la dictadura. Por lo tanto hay interés suficiente para poder ser querellantes y de esta forma coadyuvar a la Justicia en relación a la prueba y en relación a la existencia del delito”.
La representante de Juntos por el Cambio del sur provincial se preguntó el año pasado a través de su cuenta particular de la red Twitter si “falta mucho para que aparezcan los falcon verde para ‘impartir justicia’[…]” como respuesta a una protesta que encabezó el dirigente social Juan Grabois en la provincia de Entre Ríos.
El escándalo posterior derivó en la suspensión de De Ferrari de la Legislatura provincial pero sus dichos no tuvieron hasta el momento ninguna consecuencia penal, a pesar que los delitos en que habría incurrido.
En tal sentido, Giuliani expresó hoy que “no puede ser que con una democracia que ya lleva muchos años como la nuestra, y sabiendo todo lo que sabemos gracias a la lucha de los organismos de Derechos Humanos, Madres, Abuelas, Hijos, etc., siga habiendo personas que reivindiquen el terrorismo de Estado. Ello debe alarmarnos más aún cuando quienes hacen ‘apología del terrorismo de Estado’ sean representantes elegidas mediante el voto popular, como en el caso de la legisladora radical Patricia De Ferrari”.
Giuliani, como particular damnificado por haber sido su familia víctima directa del Terrorismo de Estado, alertó que “necesitamos que haya una respuesta categórica por parte de la Justicia en cuanto a la acción penal. La condena social que recibieron los dichos de la Legisladora está más que clara, más allá de puntuales -y para nada honrosas- excepciones. Nuestro Pueblo no quiere volver a las épocas oscuras donde el Estado usaba cotidianamente todas sus herramientas para desaparecer, torturar, asesinar. ATE, como tantas organizaciones del Pueblo y como familias enteras -como en mi caso-, fue víctima de esa represión. Estamos a días de conmemorar un nuevo aniversario del secuestro de toda nuestra Comisión Directiva de la Seccional Punilla y por ello pretendemos que se avance con esta presentación en la causa penal, constituyéndonos como querellantes para aportar al expediente”.
La denuncia realizada el año pasado por ATE Córdoba apunta a determinar si De Ferrari cometió “incitación a la violencia” y “apología del terrorismo de Estado”.
Ni olvido ni perdón. Cárcel efectiva a los genocidas y al poder civil cómplice de la dictadura.
