Frente a los despidos y la persecución que las autoridades de la Universidad Provincial de Córdoba impuso desde diciembre pasado, en el marco de las tensiones entre la patronal y la comunidad educativa por la normalización de la casa de estudios, estás convocada una asamblea vía virtual para el próximo viernes a las 18.30, a lso fines de determinar los pasos a seguir.Retrato de un despido
El colectivo editorial La Tinta realizó una crónica de la situación que atraviesa el delegado normalizador Juan Valfré, despedido en abierta ilegalidad ya que lo protege el tutela sindical para preservar su derecho y el de sus compañeras y compañeros representados.
La siguiente es su mirada sobre el conflicto:
“En la primera semana de febrero, la comunidad universitaria instaló la “Carpa por la Democracia, el Trabajo y los Derechos Humanos”. La iniciativa impulsada por ATE buscaba lograr la reincorporación del delegado gremial y la renuncia del vicerrector Enrique Bambozzi. El sindicato asegura en su comunicado que “el carácter represivo de la medida atenta contra la libertad sindical y sienta un gravísimo precedente de atropello a los derechos humanos y laborales. Las represalias están prohibidas por el derecho Nacional e Internacional, y son repudiadas, también, por la comunidad universitaria”.
La situación continúa sin cambios. Valfré expresa que la única diferencia es que, en estos días, se presentará una acción de amparo reclamando la reinstalación laboral por “el despido discriminatorio y persecutorio de carácter antisindical e ideológico realizado por el Vicerrector, en medio del receso por vacaciones y estando cerrada la Universidad”.
“El Estado mismo está incurriendo en fraude laboral y tiene la mayoría de sus docentes, codocentes y personal no docente en negro, contratado, lo cual genera incertidumbre e incumple con las legislaciones laborales vigentes y, sobre todo, con lo que dice la Constitución Nacional de la estabilidad laboral en lo público”, fueron las palabras del secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani, ante algunos medios.
El reclamo “medular” que atenta contra la democracia de la UPC tiene que ver con la demora en regularizar la normalización de la universidad. La actual rectora, Raquel Krawchik, fue elegida por el Ejecutivo y debía estar en su cargo, como máximo -y según el Artículo 49 de la Ley de Educación Superior- cuatro años, y este es el séptimo ciclo lectivo, “manejando la universidad como un feudo, con familiares trabajando sin concursar”, según Giuliani.
Junto al Gremio, estudiantes, docentes y egresadxs organizadxs están pidiendo que haya elecciones en donde participen todos los estamentos, lo antes posible. Esta semana, se llevarán a cabo clases públicas en la explanada del Patio Olmos y una Asamblea Interestamentaria para definir nuevas medidas de acción”.
