ATE reclama en función de las necesidades de los trabajadores y sus familias, no desde la coyuntura del gobierno de turno. En consecuencia planteamos la necesidad de llevar nuestros reclamos por un salario categoría inicial que iguale la canasta familiar de Córdoba, estimada en 7800 pesos.
La pauta ofrecida por el gobierno provincial del 26%, desdoblado en tres cuotas, no cubre la pérdida del poder adquisitivo del salario durante el 2012 y el acumulado de lo transcurrido durante este año.
En ese marco, rechazamos cualquier oferta diferenciada a sectores en particular, como se da el caso del sector médico, bajo la estrategia oficial de dividir para reinar. Todos los trabajadores de la salud en la provincia tienen las mismas necesidades salariales y, en consecuencia, deben obtener las mismas recomposiciones. Vale señalar, que los coeficientes estipulados por ley (Nº7625) deben ser respetados por la patronal, en este caso el gobierno provincial.
En esa línea, reiteramos nuestro repudio al pago diferido a los jubilados provinciales, discriminados por la administración actual respecto a los activos.
Por otro lado, la discusión salarial no debe ocultar los problemas de fondos que sufrimos los trabajadores, relacionados con nuestras condiciones de trabajo: falta de personal (no se alcanza a cubrir los planteles básicos). Esta situación trae como resultado la extensión de jornadas de trabajo, que afectan a la salud de los compañeros por falta de descanso, perdiéndose derechos básicos como el franco compensatorio y licencias varias (que son pospuestas por razones de servicio).
Todo genera como resultado una situación de precarización laboral y multiplicidad de tareas, que conllevan a la enfermedad en el ámbito de trabajo del Estado.
Es evidente que los conflictos en distintos sectores de la administración pública no pueden ser resueltos sin la participación en paritarias de las organizaciones representativas de los trabajadores provinciales.
