En línea con el compromiso que la conducción provincial asumió en noviembre de 2019 para contar con políticas activas en temas de géneros y diversidades, haciendo especial hincapié en la ampliación de derechos de las mujeres, como significa la definitiva aprobación de la ley que legalice y quite de la clandestinidad el aborto en Argentina a través de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la semana pasada el Consejo Directivo Provincial (CDP) realizó un conversatorio virtual, con el fin de formar y capacitar para el debate público.
En la oportunidad, Soledad Deza, Nelly Minyersky y Marisa Herrera, abogadas y militantes del movimiento de mujeres, abordaron la últimas instancias del debate que envuelve a toda la sociedad, mientras aguardamos que mañana el Senado finalmente dé su aprobación al proyecto enviado al Congreso por el Gobierno Nacional.
La actividad contó con la coordinación de Miriam Londero, Trinidad Trejo Juarez y Mirna Lozano Bosch. Además participaron le seretario de Formación del CDP, César Theaux, la secretaria de Prensa, Julia Giuliani, y la secretaria de Actas y directora del Departamento de Géneros y Diversidades, María Sotti.
En primer término, Minyersky destacó que “podemos estar muy satisfechas, en nombre de la campaña, por el resultado que tenemos hasta hoy. El proyecto del Ejecutivo, más allá del tema de la objeción de conciencia, ha tomado las cuestiones fundamentales de que se elaboró en el movimiento de mujeres. Es casi el mejor proyecto que podíamos tener, tomando algunos elementos a través de una técnica legislativa”.
Legendaria militante del Movimiento de Mujeres, Minyersky dijo en tal sentido que “el proyecto tiene una atadura profunda en nuestra constitución y representa los tratados internacionales que Argentina tiene suscriptos, contrariamente a lo que argumentan los antiderechos”.
En un tramo de su exposición afirmó que “la discusión sobre cuándo es la concepción del niño o la niña, incluso ya la tenía resuelta Vélez Sarsfield, cuando dice que es persona cuando se desprende de la placenta. Y toma ese tema, hablamos hace más de 100 años, por la famosa cuestión de los derechos sucesorios”.
“Los argumentos en contra son muy flojos, como decir que el domicilio del feto es el seno materno, eso me lo dijo el senador Mayans en 2018 durante aquel debate. Allí sostuvo también que el nombre del feto es su ADN”, lamentó la abogada, antes de dar paso a su coprovinciana Soledad Deza. Ambas son tucumanas y saben, al igual que las y los cordobeses, lo que significa pelear contra estructuras sociales conservadoras y atravesadas por el tutelaje histórico de la Iglesia CAtólica, que hoy encabeza la resistencia a la IVE.
Deza comenzó destacando que “el gobierno salga cumplir una promesa electoral que significa tanto costo en términos políticos. Los conservadurismos religiosos y los neoconservadurismos políticos llevan siglos manteniendo el status quo”.
Seguidamente, la abogada que es autora del libro “Belén somos todas” referido a una mujer que sufrió tres años de carcel en Tucuman tras sufrir un aborto espontáneo, relató las estrategias que debe enfrentar el movimiento de mujeres en el debate sobre la IVE.
“Las estrategias de los antiderechos se basan en confundir la IVE con la ILE (interrupción legal del embarazo) legal desde 1921; la apropiación del concepto vida en base a argumentos acientíficos; la crítica al proyecto de los 1000 días –dejando claro que el Estado está detrás de las dos decisiones: abortar o apoyar la gestación–; despliegue de acción política indebida de la jerarquía religiosa; inhabilitar un diseño de vida autónomo que no coincida con el dogma religioso”.
Deza señaló en otro tramo que “estamos peleando el último bastión patriarcal, porque detrás se cuestiona la heteronorma como regla social, y la familia cristiana como célula de la sociedad. Estamos subvirtiendo un orden sexual jerárquico que se alimenta con la falta de control y de soberanía sobre los propios procesos reproductivos. Y que los conservadurismos religiosos o políticos también reconocen en este derecho a decidir una pérdida de su poder o una equiparación en una desigualdad estructura que ha servido para mantener ese lugar de subordinación”.
Y finalizó alentando a las y los presentes afirmando que “si no es ley esta vez, será el año que viene o el otro. Pero será ley”.
Por último, Marisa Herrera, abogada militante feminista e integrante del equipo de redacción del Código Civil y Comercial de la Nación, comenzó reflexionando que “nos merecíamos un fin de año de lucha después de un 2020 tan difícil”.
Y agregó: “si estamos acá, con esta fortaleza y esta sororidad, porque somos parte de una historia. El 30 se viene otra lucha y por eso es tan importante que sea un proyecto del ejecutivo”.
La letrada dijo que la IVE “es un proyecto muy bueno, incluso en cuanto a la objeción de conciencia. Porque ese hecho debe estar regulado. De lo contrario, dejando el vacío, se van a imponer los más fuertes que son las miradas reactivas, como podemos ver claramente cuando se repiten las negativas a la aplicación la ILE, aun cuando no existe objeción de conciencia en ese caso. Y las perjudicadas son las más débiles, como lo fue hasta ahora”.
Más adelante, Herrera apuntó que “no somos conscientes la importancia de haber tomado los DDHH como política de Estado: es una historia reciente donde podemos ver que los jóvenes ganaron protagonismo, con el voto optativo a los 16 años; la paridad de género en las listas del congreso también nos dio protagonismo a las mujeres en defensa de nuestros derechos, en esta clave de repensar las leyes en clave de DDHH”.
La especialista finalizó alertando que “después del 29 se viene la batalla de la aplicación práctica de la ley, quienes somos feministas populares sabemos que las verdaderas batallas se libran en la calle, en los territorios”.
Todas destacaron la iniciativa de ATE, afirmando que es fundamental que los sindicatos se abran a este debate y tomen posición como lo hizo el gremio de las y los estatale a nivel nacional y en Córdoba desde el inciio del actual mandato.
