ATE repudia el voto negativo del gobierno de Milei en la ONU ante una resolución que propone “intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas”.
Argentina fue el único país de los 183 presentes que voto en contra de la norma, que obliga a los Estados a desarrollar ese tipo de políticas preventivas.
Sus medidas de reducción de todos los organismos públicos en el país que asisten a las mujeres, como ha quedado en evidencia en Córdoba, se ven así confirmadas a nivel internacional, ubicando a su gestión como la más arcaica, arbitraria y antiderechos del planeta.
Según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2023 ocurrió 1 femicidio cada 35 horas, un aumento del 10,6% en relación a 2022. El 64% de los femicidios fueron cometidos por la pareja o ex-pareja, y el 75% en contexto de violencia doméstica.
Desde la asunción del nuevo gobierno en diciembre de 2023, el desmantelamiento de políticas públicas, el desprestigio de las instituciones de género, el recorte de partidas presupuestarias y la reducción de personal mediante despidos masivos, consolidaron un grave retroceso poniendo en riesgo la vida de miles de niñas, adolescentes, mujeres y diversidades. Este deterioro incluye la eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y, en particular, el desmantelamiento de programas esenciales como la Línea 144, el Programa Acompañar, los dispositivos de acompañamiento integral y políticas de prevención como la implementación de la Ley Micaela.
Frente a este cuadro, ATE redobla su compromiso en defensa de las políticas contra la violencia de género.
