(fuente: Pagina12.com.ar) Por Inés Hayes
El 6 de marzo, a horas de conmemorarse el día internacional de las mujeres trabajadoras, la Justicia de Córdoba requirió la elevación a juicio, requerida por la fiscalía a cargo de Ernesto de Aragón, en la causa abierta por los hechos ocurridos el 28 de agosto pasado frente a la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba, cuando mujeres a cargo de comedores fueron a pedir comida.
Ese día, en el marco de una jornada nacional de lucha de la Federación Nacional Territorial (FENAT-CTA), las compañeras a cargo de comedores populares de los barrios cordobeses fueron a la Secretaría de Políticas Sociales para reclamar alimentos para los comedores populares.
En ese contexto, según contaron las referentas de los comedores a Las12, se desplegó un operativo policial desmedido que terminó con la detención de 15 personas entre dirigentes sindicales, militantes y trabajadoras, quienes fueron trasladados al Complejo Carcelario N°1 de Bouwer, una cárcel de máxima seguridad.
En Bouwer, las mujeres fueron requisadas violentamente en numerosas oportunidades y durante más de dos horas los abogados no sabían dónde estaban.
“Con mucha expectativa se decidió ir para pedir ayuda para los comedores de los barrios. Llegamos con mucha esperanza de que nos reciban. Estuvimos un rato en la calle para ver si tomaban la petición de recibirnos y cuando llegó el momento esperado, confiados de que se iba a llegar a un acuerdo, nos hicieron pasar pero no salimos más. Nos llevaron a Tribunales y de ahí a Bower como si fuéramos delincuentes. Nos ultrajaron, nos maltrataron, nos humillaron. Nos dieron agua de baño, nos tuvieron incomunicadas y nos trataron como si fuéramos delincuentes peligrosas y somos solo mujeres con comedores comunitarios barriales”, dice Valeria Prado, del comedor Argentina Rebelde.
Giselle Villarreal, del comedor Pancitas contentas, agrega: “No somos delincuentes, solo queremos comida para nuestros pibes, nos sacaron todo, solo pedimos que nos devuelvan la dignidad que nos robaron”.
La violencia estatal, dos veces violencia
Silvia Alcoba, secretaria adjunta de la Federación Nacional Territorial, contó que movilizaron para exigir algo tan básico como una mesa de diálogo y alimentos para los comedores y merenderos de los barrios: “mientras el hambre crece, los insumos se recortan y las ollas populares ya no alcanzan. Fuimos a denunciar la crueldad del hambre en Córdoba, una realidad que en los barrios se vive todos los días. Nuestra movilización era pacífica. Íbamos con la convicción de que el Estado debía escuchar a quienes sostenemos la vida en los barrios. Pero lo que debía ser una instancia de diálogo terminó siendo una trampa. Cuando ya estábamos dentro del edificio, esperando poder hablar con las autoridades, dejaron ingresar a algunos compañeros más y cerraron las puertas con llave. En ese momento nos informaron que estábamos detenidas. Habíamos entrado para dialogar y terminamos criminalizadas por luchar contra el hambre”.
A partir de ahí, cuenta Silvia, comenzó una verdadera odisea de violencia institucional. “Fuimos sometidas a requisas, humillaciones y hostigamientos permanentes. Nos amenazaban con separarnos y nos advertían que, si ‘nos poníamos rebeldes’, la íbamos a pasar peor. No hubo respeto, no hubo humanidad, no hubo compasión. Nos subieron a un camión de traslado como si fuéramos criminales peligrosas. Nos esposaron, nos pusieron candados en las manos y nos engancharon a un hierro dentro del camión, que también fue cerrado con otro candado. El sonido de esos candados todavía resuena en mi cabeza. El ruido del calabozo cerrándose, la sensación de encierro, la certeza de estar siendo castigadas por haber levantado la voz contra el hambre”, describe.
Ese día dejó marcas profundas en las encargadas de los comedores, hasta hoy siguen cargando las secuelas de aquel 28 de agosto. No pueden hablar de lo que pasó sin quebrarse. “Aún hoy lloro como el primer día cuando lo recuerdo, porque hay cosas que no se olvidan: la humillación, el miedo, la injusticia de ser tratadas como delincuentes por haber reclamado comida para los barrios”, agrega Silvia.
Aun con la amenaza de la criminalización, las mujeres que luchan cada día con el hambre que crece, aseguran que seguirán luchando por darles de comer a sus pibes: “luchar contra el hambre nunca va a ser un delito y aunque intenten disciplinarnos con miedo, la dignidad de quienes defendemos a nuestros barrios no se encierra con candados”, dicen.
En el granero del mundo, más de la mitad de las niñeces y las adolescencias sufren inseguridad alimentaria y el hambre severo aumentó en la primera infancia del 14% al 16%. Más de un millón de niños se saltea al menos una comida diaria.
