En el marco de una serie de reclamos que ATE viene planteando al gobierno provincial sobre la situación en el sector salud y el área social las últimas dos semanas, hoy se realizó una concentración frente a la sede del Ministerio de Justicia y DDHH de la provincia, en calle Alvear al 100.
Nuestro gremio, junto a otras organizaciones como UTS y corrientes sindicales de diversas lineas políticas, 
reclamó que el ministro Julián López intervenga ante el despido de una trabajadora que se desempeña en el área penal Juvenil de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (
SENAF) y el traslado arbitrario y fuera de toda norma de una delegada de ATE, omitiendo que la tutela sindical protege su actuación gremial e impide cualquier traslado para garantizar que las y los trabajadores puedan hacer efectiva su representación sindical.
La SENAF es foco de sucesivas denuncias por la pésimas condiciones de trabajo, los magros salarios y los maltratos con que los funcionarios someten al personal para evitar quejas e imponer el miedo en el organismo. Quien encabeza esta política en el organismo es el secretario José Piñeiro, responsable máximo de la situación que se vive y funcionario que se niega a abrir un 
espacio de diálogo para encausar los justos reclamos, en un marco de alarmante falta de respuestas atento a que se trata de trabajadoras y trabajadores que atienden a menores en conflicto con la ley o víctimas de violencia de todo tipo, más aun en esta etapa de pandemia y hacinamiento de las familias por la cuarentena.
En tal sentido, el secretario General de ATE Córdoba, hizo entrega de una nota en el Ministerio. A su salida explicó que “venimos a reclamarle al ministro de Justicia que reincorpore a la compañera despedida y restituya a la delegada a su lugar de trabajo, porque es grave una política antisindical que viola oda la legislación laboral vigente”.
Además, el dirigente planteó “la grave situación del organismo, con políticas de arrastre de la SENAF, relacionadas con la altísima precarización laboral, ya que más de la mitad de los y las trabajadoras del organismo están en negro, monotributistas la gran mayoría, otros como becarios e incluso voluntarios, que cobran 7700 pesos al mes, salarios de miseria e indignos que paga el gobierno de Córdoba”.
Giuliani denunció que las pésimas condiciones laborales, más aun en contexto de pandemia, se expresan en la falta de “medidas de bioseguridad e insumos de prevención. También denunciamos la sobreexplotación laboral que hay: no se cumple las horas específicas que dice la ley y esto da cuenta del desprecio evidente del gobierno provincial hacia nuestros sectores y las políticas públicas. Convengamos que la Senaf trata problemáticas de sectores postergados de la sociedad, con violencia de género, con violencia infantil, con abandono, condiciones muy extremas que ameritan que los trabajadores y las trabajadoras puedan cumplir su tarea como se debe”.
“Pero hay una falta de política del gobierno para fortalecer esta área. Sobre todo dentro de una pandemia, donde los sectores vulnerables no pueden vivir la cuarentena de la misma forma que los sectores altos. En las barriadas, donde no van los funcionarios, hay pobreza, desigualdad social, hacinamiento, falta de trabajo, la droga, el gatillo fácil. En fin, se ve que a Schiaretti no le importa cuidar la niñez y la adolescencia de los y las cordobesas, y por eso tiene a los trabajadores en estas condiciones”, afirmó.
Falta de diálogo y violencia laboral
El secretario General de ATE apuntó a que “no es casualidad que hace 20 días presentamos un petitorio al secretario de la SENAF José Piñeiro reclamando por nuestra condiciones de trabajo y donde solicitamos una audiencia para plantear mediante el diálogo un camino para resolver situaciones de acoso laboral, maltratos por parte de los funcionarios a las trabajadoras, atento a que la mayoría de las que trabajan en la Senaf son mujeres. 
Es curioso que en un momento de auge de movimiento feminista y de reivindicación de los derechos de las mujeres, sea en estos sectores del Estado, donde se trata la problemática de la violencia donde la patronal maltrate a las trabajadoras. Ante el pedido formal de audiencia de ATE, Piñeiro nos responde con un despido y el traslado de una delegada. Así muestra el gobierno su política de imponer el miedo para impedir que los trabajadores se organicen en sus reivindicaciones”.
Y concluyó: “desde ATE dispusimos hacer pie en este sector tan postergado. Remarcamos que toda esta situación no se hubiese producido de esta manera si no estuviera la connivencia de la burocracia sindical, el SEP viene teniendo políticas concretas para precarizar, para tercerizar, y que eso genero el disciplinamiento de los trabajadores. En ese contexto, vamos a hacer pie y fortalecernos, elegir delegados y delegadas. Vinimos a pedir hablar con el ministro de Justicia porque está visto que con Piñeiro no se puede. Habrá que ver si hay voluntad de diálogo y si no lo no, definiremos un plan de lucha”.
Despedida por pedir la ART
A su turno, la trabajadora despedida, Itatí Caceres, relató que “trabajaba en el área Penal Juvenil de Senaf y hace 15 días me pasan a un programa que trabaja chicos en situación de calle. Ante esto, pedí que me digan qué cobertura iba a tener como monotributista para ir a la calle con la seguridad de estar cubierta, más en una situación de pandemia donde nos tenemos que cuidar. Acto seguido me despidieron”.
La trabajadora social participó de la concentración junto a otras compañeras en su misma situación de monotributistas calzadas con máscaras de mono para expresar el miedo a ser identificadas en una protesta que derive en su despido.
“Llegamos a esta situación -explicó Cáceres- después de agotar todas las instancias de diálogo con las autoridades del ministerio. Nos pusimos las caretas por nuestra condiciones de precarizadas, somos monotributistas y de ahí los monos. Cobramos la mitad del sueldo de un contratado o el personal de planta para realizar la misma tarea. No tenemos cobertura, seguro ni obra social”.
La trabajadora explicó que “en Penal Juvenil hacemos el acompañamiento y abordaje de los jóvenes en conflicto con la ley, trabajamos con las familias para que cuando los chicos resuelven su situación procesal puedan volver a su casa”
Documento presentado ante el ministro de Justicia Julián López
