En una segunda jornada del taller sobre Derechos Humanos que convoca la Secretaria de Formación del Consejo Directivo Provincial, hoy se realizó una nueva charla-debate, en la oportunidad situada en el abordaje de la situación de las mujeres detenidas, en encierro carcelario.
Con una gran participación de afiliadas y afiliados, la presentación estuvo a cargo de la compañera María Sotti, secretaria de Actas e integrante del Departamento de Géneros y diversidades de ATE Córdoba, recientemente creado.
“Pensamos la jornada entendiendo que la podemos mirar el pasado para traccionar el presente y construir un futuro y los derechos humanos de hoy serán también los de ayer y serán los de futuro pero a nivel metodológico en esta jornada haremos un abordaje de los derechos humanos centrándonos en el presente, considerando las deudas y conquistas”, dijo.
Acto seguido, presentó a la compañera Milagro Sala, la dirigente política, social e indígena, que es presa política desde hace más de 4 años por el entramado digitado por Gerardo Morales. “Para nuestra organización sindical es muy importe tus palabras y reflexiones ya que parte de tu militancia y compromiso la tuviste dentro de seccional de ATE Jujuy y después como líder la organización Barrial Tupac Amaru vinculada a CTA. No es posible pensar que exista democracia con presos y presas políticas en nuestro país”, dijo Sotti.
Milagro Sala relató su condición de presa política y dijo que es víctima de la persecución del Poder Ejecutivo de Jujuy y el Poder Judicial y denunció la vulneración de derechos es una situación generalizada durante la pandemia.
“Estoy indignada porque están jugando con la vida de los jujeños. Vivimos en una dictadura con Gerardo Morales. La gente no quiere q sus familiares mueran en la casa, pero está sucediendo”, afirmó Milagro.
“Es verdad lo que dijo la enfermera de General San Martín que salió a denunciar como están en el hospital y encima la echaron. Queremos que intervenga la Nación para que vean lo que pasa en cada hospital, porque situación no da para más. Hoy estamos pasando más transmisión de virus Calilegua y Libertador”, denunció Milagro y dijo que el gobierno de la provincia “denuncio a una empresa minera por falta Equipo de Protección Personal pero no denuncia a la empresa de los Blaquier. Ledesma tiene más de 300 trabajadores infectados y 11 fallecidos”, relató la dirigente, cuya liberación ha sido reclamada en foros internacionales.
Y agregó que “los trabajadores de salud están muy mal, les deben sueldo, a los médicos les hacen firmar que el Estado no se hace responsable si les pasara algo a ellos”.
La cárcel en Córdoba
Seguidamente se dirigió a las y los presentes la compañera Lyllan Luque, abogada y docente en UNC, querellante de causas de derechos humanos y patrocinadora de los juicios por crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Luque integra la Procuración Federal Penitenciaria, organismo nacional que se ocupa por velar por los derechos de los presos de la Justicia Federal.
Lyllan comenzó apuntando que hay una categoría de sujetos sobre los que se construyen los males sociales. “Hay que deconstruir un sentido común referido a la cárcel y la delincuencia, producto de una construcción política y hegemónica que todos construimos”, afirmó la letrada.
“En Latinoamérica la raza, el sexo y la clase se conjugan para determinar qué sujeto estará gobernado por una cárcel. Milagro Sala – dijo- se ha transformado en una bandera de lucha política para ayudar a que se revise una institución como la cárcel, para que no sea la herramienta de un gobierno para un sector poblacional”, advirtió Luque.
“Sobre la cárcel hay mucha desinformación lógica sobre quiénes deben estar presos, en base a una lógica neoliberal que se nutre la fragmentación social”, finalizó.
También sumó su opinión Inés León Barreto, abogada especialista en criminología, docente de la UNC con dedicación en programas de extensión para la cárcel en Córdoba. Fue investigadora en Espacio Carcelar: acceso a derechos y a la justicia.
“Nuestro gran desafío es repensar los ddhh del presente”, inició la compañera.
Y siguió “Cómo son las cárceles de mujeres en Córdoba. Hay 500 mujeres detenidas en Bower, la mayoría en prisión preventiva y presas por delitos menores. Si tenemos en cuenta que la vieja cárcel del Buen Pastor tenía lugar para 11 reclusas, vemos que hoy la cárcel es de más mujeres. Y mueren muchas mujeres en la cárcel. Mueren por suicidio. Y una característica más grave en ese contexto es que están sobremedicadas”.
La docente señaló que las presas “además de cumplir con la pena carga debe cargar con la culpa del abandono de la familia, donde generalmente es la proveedora del hogar, es cabeza de familia. La masividad del narcomenudeo en los barrios de Córdoba multiplicó las presas. Sin embargo, muchas han dedicado sus cocinas para cocinar estupefacientes, dejando de hacer comida. Y eso es una expresión de lo que está pasando en Córdoba”.
Y dijo que “la cárcel está siendo un dispositivo punitivo muy fuerte. Cada sociedad decide quien va preso y cuáles delitos se persiguen y cuáles no. Los delios de cuello blanco, evidentemente, no están perseguidos en Argentina”.
Conceptos finales
Para el cierre de la jornada, María Sotti compartió una reflexión desde el Departamento de Derechos Humanos del Consejo Directivo Provincial.
El movimiento de mujeres a través de la historia ha demostrado ser un proceso continuado de luchas que se pueden ser segmentados para el análisis, en olas de conquistas de derechos. En el caso de nuestro país la “primera ola” se ubicó en la primera mitad del Siglo XX en luchas por el acceso a la educación, cuestionando los privilegios masculinos afirmando que no son una cuestión biológica, ni natural. La “segunda ola” referida a la lucha la igualdad política con los varones se plasma en Argentina en la década del ‘40 con el derecho a sufragio femenino, que en el país se logra en 1947.
Nuestra “tercera ola” se inaugura en la década los ‘80 con la exigencia de políticas públicas que permita a las mujeres poder planificar la reproducción familiar (exigencias de anticonceptivos) y luchas por el divorcio vincular, que se logró sancionar recién en 1987.
El 2001 en nuestro país, fue el preludio de nuestra cuarta ola. En particular por el vínculo que profundizó con el movimiento de Derechos Humanos. Desde entonces, se han producido grandes articulaciones entre activismos -políticos, populares, barriales, sexuales, académicos, institucionales- y se ha fortalecido un montón la movilización feminista en las calles.
Así llegamos a la denominada “cuarta ola” feminista en Argentina acompañada de una masificación increíble del movimiento de mujeres, que se plasmó desde el 2015 con el grito de #Ni Una Menos por los brutales femicidios que se estaban perpetrando en el país y, más recientemente, con la reactivación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y las exigencias de implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en las Escuelas. Esta marea feminista ha mostrado un mayor acercamiento y dialogo con el movimiento LGTBIQ+. Se trata de una nueva dimensión que está dada por el increíble ingreso de les jóvenes, al feminismo y en ese sentido las redes sociales son un aspecto central en la generación de conciencia, como si ya no hubiera necesidad de recorrer todas las olas porque ya las llevan puestas y van para adelante. Un eje ineludible fue el primer Paro internacional de mujeres, de altísimo acatamiento, llevado a cabo el 8 de marzo de 2018, conocido como el #8M.
Con este recorrido escueto que da cuenta como los feminismos tienen más de un siglo de historia en nuestro país, quiero marcar que las conquistas de los derechos humanos de las mujeres se han forjado con la vida y entrega de miles de referentes y militantes sociales y políticas. Y si bien podemos ver que hemos avanzado mucho, debemos ser conscientes de los derechos que todavía nos faltan conquistar, en un contexto sumamente hostil y de profundización de las desigualdades existentes que impuso la Pandemia del COVID-19.
En ese sentido quisiera marcar algunos ejes que considero como las deudas o desafíos pendientes en materia de derechos humanos de las mujeres y la diversidad sexual que se deben atender desde una perspectiva sindical:
En primer lugar, el aumento de los casos de femicidios y travesticidios que vienen en ascenso cada año en el país. Pata tomar dimensión desde que comenzó el 2020 hasta el mes de julio, se contabilizaron 160 femicidios en Argentina, uno cada 31 horas, según el Registro Nacional de Femicidios del Observatorio MuMaLá. A esos casos acumulados a nivel nacional, se le suman otras 26 muertes violentas de mujeres que se encuentran en proceso de investigación y aún no están confirmados como femicidios. Asimismo, en el contexto de pandemia de COVID-19, se produjeron 97 casos de extrema violencia machista y 57 intentos de femicidio.
Si ponemos la lupa en los miembros de la comunidad LGTBIQ+, la realidad trans y travesti es también alarmante. Existen 60 transfemicidios/travesticidios en Argentina en lo que va del año siguiendo los datos proporcionados por la Responsable del Área Trans y Travesti de la Facultad de Filosofía y Humanidades de UNC, Ivanna Aguilera. Si se indaga en las razones, se encuentran tanto que el hecho lo cometió alguien con vínculo cercano (pareja, ex pareja, familiar) como por la violencia institucional y abandono por parte del Estado.
Ante este escenario se hace indispensable exigir la transversalidad de la perspectiva de género en las acciones de gobierno, en donde la constitución de los Comités de Crisis, también suponga la participación de todas las áreas de trabajo involucradas donde no pueden estar ausentes las organizaciones sociales y sindicales siguiendo una paridad de género. Asimismo la urgencia en declarar la Emergencia Nacional en violencia de Género.
En segundo lugar, como está impactando la crisis económica y sanitaria en las condiciones de trabajo de los servicios de atención, declarados como actividad esencial, siendo sectores altamente femenizados y precarizados laboralmente. Los empleos precarios son los primeros que se pierden en una situación de recesión económica, y son las mujeres las que están sobre representadas en estos sectores. El primer escalón de mayor afectación están siendo las vendedoras ambulantes, la población travesti y trans en situación de prostitución, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casas particulares. En segundo escalón están las empleadas de empresas tercerizadas del Estado, las trabajadoras de la cultura sin contratos estables, las artesanas, cocineras, sectores de salud monotributistas como enfermeras particulares, acompañantes terapéuticas, o psicólogas, las cuales han dejado de percibir o han mermado sensiblemente sus ingresos. En un tercer escalón, es el caso de las trabajadoras de áreas esenciales del Estado, que siguen prestando servicios sin poder acogerse al aislamiento social obligatorio. Por eso, resulta imperioso volver a jerarquizar el sistema de salud en todos los niveles de gobierno, para llevar certidumbre a los y las trabajadoras de la primera línea ya que son los que están enfrentando actualmente el pico más álgido de la pandemia. Si bien se ha avanzado con el reconocimiento de un bono de $5000, no es suficiente para ya deteriorado salario. Necesitamos que el personal sanitario cuente con las condiciones para dar respuestas eficientes y eficaces a la población. Asimismo se amplíe el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a las poblaciones en situación de emergencia por violencia de género y población LGTTTBI+.
En tercer lugar, el impacto que está teniendo el trabajo remoto en condiciones de ASPO tensiona la garantía de las licencias por cuidado, obliga a la recarga de tarea. Principalmente es el caso de las trabajadoras de la educación, que en su mayoría son mujeres que tienen la tarea de “trasladar el aula a la casa” generando una cuádruple jornada laboral. De la mano de esta situación, hay un impacto en el trabajo de cuidado, ya que el cuidado de niñas y niños, personas con discapacidad y adultos mayores es una responsabilidad social asumida mayormente por mujeres por lo cual, en tiempos de aislamiento se genera una mayor presión y carga de tareas que antes se resolvían en la red de contención escolar o familiar. No hay que olvidar que el cuidado es una responsabilidad social, por ende urgen políticas de cuidado donde sea responsabilidad del Estado garantizarlas.
En cuarto lugar, está siendo una deuda pendiente poder avanzar contra las desigualdades de género en el ámbito laboral y sindical. Respecto al primero, es necesario que las entidades sindicales contribuyan a terminar con la precarización laboral que afecta en mayor medida a las mujeres, avanzar a Convenios Colectivos de Trabajo con perspectiva de género que pueda poner fin a la brecha salarial de mujeres y diversidades sexuales. Exigencia de sanción de una ley de inclusión laboral trans, que si bien en el Congreso se ha dado tratamiento en comisión es una Ley de Cupo laboral, no inclusión. También, presionar al Congreso para que el Estado Argentino termine de ratificar el Convenio 190 de OIT sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo que posibilitara avanzar en los sectores laborales con Protocolos de Acción para la prevención de la violencia de género en el ámbito laboral.
Respecto al ámbito sindical, es necesario avanzar en la institucionalización de áreas de género y diversidad, incorporando una perspectiva transversal en las intervenciones que se realicen, lograr la obligatoriedad de la paridad de género en los cargos de conducción. Asimismo, progresar en la obligatoriedad de la implementación de Ley Micaela para el ámbito sindical que se brinden capacitaciones desde una perspectiva feminista y diversa/no binaria para les miembros de conducción, los delegades y afiliades. Finalmente impulsar la aprobación de Protocolos de Acción para la prevención y sanción de la violencia de género que sirva para resolver conflictos al interior de la organización y sirvan de referencia para los sectores de trabajo.
Para finalizar los logros y desafíos planteados nos llena de responsabilidad a las feministas que militamos dentro de una organización sindical. Porque introducir la militancia feminista dentro de ATE implica una apuesta en lo personal y en lo político, de avanzar hacia un horizonte emancipatorio radical, en el sentido de emprender una transformación de desde la raíz. De eso se trata cuando se dice que: “La revolución será feminista o no será”.
“La liberación de las mujeres deberá ser encarada por ellas mismas en una lucha que arrastrará todos los vestigios anacrónicos de una vida cotidiana deshumanizada y sin alicientes. La acción revolucionaria de las mujeres, su ingreso a la historia, significará la ‘humanización de la humanidad’, por eso es la revolución más profunda, auténtica y necesaria para la realización de la especie humana”.
(Mirta Henault, Las mujeres dicen basta, 1972)
