En el marco de la Jornada sobre a Reforma Laboral que organizó el Consejo Directivo Provincial , denominada “La ofensiva contra las y los trabajadores en la era Milei”, esta mañana se desarrolló con lleno total en el auditorio Héctor La Perra Castro de ATE Córdoba, la primera de las charlas debate donde los equipos jurídicos de ATE explicaron los alcances de los cambios en las relaciones laborales que introdujo el gobierno de Milei.
La actividad contó con la presencia del Secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, y tuvo un público integrado por compañeras y compañeros estatales, docentes, aceiteros, petroquímicos, y gente interesada en al materia. Por la tarde se desarrolló el panel de dirigentes sindicales, protagonizado por los secretarios generales de cada uno de estos sectores.
El panel de abogados estuvo integrado el Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y letrado de ATE Argentina, Matías Cremonte, y las y los abogados asesores de ATE Córdoba, Eugenio Biafore, Claudio Orosz y María Terragno.
En ese contexto, Cremonte dijo que las reformas libertarias se inscriben en un gobierno “que tiene un programa neoliberal, con el objetivo de volver al siglo XIX, aquella etapa del liberalismo anterior al derecho del trabajo, al derecho de huelga y la negociación colectiva, la protección y el progreso donde cada generación de trabajadores vivía mejor que la anterior”.
“No dicen ‘vamos a reformar la legislación social para destruir el derecho de los trabajadores y que la vida y las condiciones de trabajo sean peores para la clase trabajadora’. En su discursos no tienen esa honestidad, ese reconocimiento. Sino que aducen que esta reforma laboral es mala pero que es necesaria para mejorar la actividad económica. Proponen un sacrificio que permita en un futuro generar condiciones de desarrollo. Eso también es falso”, remarcó.
Y explicó que “con la misma legislación laboral tuvimos 25% de desocupación en los ’90 y en la década siguiente 4 o 5%. Nunca incidió. Es una falacia que un reforma laboral vaya a tener el objetivo de mejorar la condiciones de vida de la gente. Por eso el capítulo de la reforma laboral de la ley de bases se llama modernización laboral, cuando es un retroceso”.
“Si no es el objetivo la modernización ni generar un efecto virtuoso, cuál es el fin? Muy claramente, buscan un aumento de la rentabilidad y transferencia de ingresos a través del salario y las condiciones de trabajo, que determinan mejores o perores condiciones materiales de nuestra clase trabajadora”, dijo.
Ley de Bases
Antes se había dirigido a la platea, María Terragno para asegurar que “bajo la falacia que de los cambios del mundo laboral requieren reformas jurídicas y normativas, la Ley de Bases modifican la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Empleo Público Nacional, ambas en sentido restrictivo, profundizando la desigualdad, sin duda. De la misma forma que la modificación de la ley referida a las modalidades de contratación”.
La letrada señaló que “al facilitar el despido genera un sistema donde la regulación del vínculo laboral se produce por medio del terror al despido. Para eso destruye en vínculo laboral a través de las locaciones de servicios o prestaciones de obras; extiende el periodo de prueba de 6 a 12 meses para precarizar aún más la relación laboral; impone un sistema de tercerizaciones que rompe la responsabilidad solidaria e impide hacer reclamos legales de la empresa contratante de la tercerizada; cambia el régimen de despido discriminatorio al fijar solo una multa, lo que permite discriminar siempre que la empresa pague esa multa de forma de quitarse de encima a todo aquel que tenga una actividad sindical o cualquier otra que moleste al patrón”.
Terragno sentenció que “se trata de una ley que se aprobó sin debate y que logró la celebración de las cámaras patronales porque quita la multa ante el trabajo no registrado que podría aplicarse a un empleador. Qué harán los empleadores ahora si no tienen siquiera que pagar una multa? Contratar más personal en negro”.
Más trabajo precario
Por su parte, Eugenio Biafore arrancó su comparecencia afirmando que “el fin de este gobierno es la transferencia de ingresos sin límite a los sectores económicos más concentrados, que históricamente dominaron la cultura no democrática argentina. Ante esta situación donde la gente normalmente se queja el gobierno respondió con el DNU 70/23 y luego la Ley de Bases. Para extender en el conjunto social el terror al despido”.
“En Argentina el trabajo siempre fue la forma de ganarse la vida, y de no ser pobre. Según la Ley de Contrato de Trabajo las necesidades mínimas debían ser cubiertas por el salario, pero los sectores concretaron impulsaron a través de los años que se desarticulara el sentido del Salario Mínimo, Vital y Móvil, (SMVM) que hoy condena al trabajador al hambre. De esta forma, al terror al despido se suma un trabajo que no da posibilidades de vivir dignamente”, apuntó.
El abogado dijo que “el trabajo privado registrado –con jubilación, obra social, asignaciones familiares, protección por riesgo de trabajo- se mantiene hace 12 años en 6 millones de trabajadores. No crece. Pero si fueron creciendo otras formas de trabajo que llegan al mismo nivel: los no registrados, que desde la dictadura para acá son un número cada vez mayor. A esto se suma otro número igual de trabajadores no asalariados, bajo la figura del monotributismo. De forma que hoy el trabajo en Argentina está precarizado también por la condición en la cual se trabaja. Por eso creemos que este nuevo modelo no va a generar más desocupación sino cada vez mayor trabajo precario, en dirección a un sistema muy parecido al resto de los países latinoamericanos”.
Y argumentó: “Frente a la reacción social lógica, desde el gobierno y los grupos de poder concentrado entienden al conflicto social como un delito. Porque lo ven como una anomalía dentro del conjunto social, de la misma forma que lo entendía la vieja Ley de Residencia. Ahora lo hacen con el protocolo de Bullrich. La modificación de la LCT en su artículo 242 fija como injuria laboral, causal del despido sin causa, las protestas con modalidad de bloqueos o la interrupción del acceso al puesto de trabajo de aquellos, conocidos como carneros, que quieren trabajar mientras los otros hacen huelga. Lo instrumentan para evitar la protesta, afectando el derecho individual y colectivo que establece la Constitución”.
Derecho a la protesta
También tomó la palabra Claudio Orosz, abogado penalista de larga trayectoria en defensa de los DDHH y letrado patrocinante de la causa que sufre el secretario General de ATE Córdoba Federico Giuliani.
Orosz comenzó describiendo que “las luchas que significaron avances para la humanidad fueron conquistas sobre los sistemas jurídicos. El poder judicial es un sistema de control social, ya desenmascarado por Foucault y todas las escuelas de pensamiento que vinieron luego, para dominar a los seres humanos a través de valores y principios, con seudo ética y seudomoralidad. En realidad representa los intereses de determinadas clases sociales que son las que concentran la riqueza en comparación al total de la población”.
El abogado dijo que más allá de lo que diga la Ley de Bases, en la Constitución tiene rango de obligación para el Estado el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que según establece la ONU es obligatorio para todas las naciones”.
“Siempre se dijo que ese pacto debía cumplirse en la medida de lo posible. Es decir que el Estado debe hacer efectivo, solo en la medida de su capacidad. Pero ya hace 10 años que la Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto, estableció que debe cumplirse de manera concreta y absoluta. Al igual que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, qué básicamente dice que el Estado no puede detenerte sin proceso jurídico previo ni condenarte sin juicio, no puede matarte”, aseguró.
Según Orosz, “frente a la nueva generación de dirigentes sindicales que nacen al calor de la lucha, se pretende aplicar el castigo penal”.
Seguidamente, el letrado realizó una descripción de la normativa vigente que protege la protesta social y enumeró los fallos donde el derecho a la protesta fue reconocido, revirtiendo la penalización y criminalización de los dirigentes sociales enjuiciados por ejercer el derecho a la protesta. “Un reciente fallo de la Corte Suprema condenó a prisión al ex secretario de Seguridad de Fernando De la Rua, Enrique Matov, por la masacre de Plaza de Mayo del 19 y 20 de diciembre de 2001. Dicho pacto de la Corte fijó claramente la legalidad de aquella protesta y por eso condenó al ex funcionario”.
Legalizar lo ilegal
Cremonte también se refirió a las modificaciones de la normativa laboral. “Si no es el objetivo la modernización ni generar un efecto virtuoso, cuál es el fin? Muy claramente, buscan un aumento de la rentabilidad y transferencia de ingresos a través del salario y las condiciones de trabajo, que determinan mejores o perores condiciones materiales de nuestra clase trabajadora”.
“Milei dijo cuando asumió que los salarios en Argentina ‘son miserables’, 11 meses después están peor aún, como resultado de sus políticas de gobierno. Hoy el salario mínimo vital y móvil (SMVM) está en 271 mil pesos, con eso no se paga el alquiler de una pieza. Mucho menos se come”, denunció.
Y reclamó ante “la desconexión entre lo que debe ser el salario mínimo, según lo establece la Constitución Nacional y que hoy ronda 1.6 millones de pesos, y lo que formalmente fija el Consejo del Salario. Lo que históricamente estaba entre una mitad y una tercera parte hoy apenas alcanza el 20%. Por eso hoy una persona trabajadora que cobra el SMVM tiene que elegir entre dos de las nueve necesidades fijadas por ley que debe cubrir el salario. O se alimenta, o manda los chicos a la escuela, o compra ropa, o cubre los gastos de salud y vivienda. Todo no puede”.
Cremonte lamentó que “hay muchos proyectos para modificar la jornada limitada, es decir la jornada de ocho horas. Hace un año discutíamos la posibilidad de reducir esa jornada y hoy nos vienen a hablar del banco de horas que permitirá al empleador establecer que hoy no se trabaja y mañana 14 horas seguidas. Esto implica la pérdida de soberanía del trabajador sobre su tiempo de trabajo”.
Además argumentó que “se quita la indemnización agravada como en el caso de los despidos de personal no registrado. Ahora no pagan multa, además que ya se habían ahorrado las cargas sociales. Este es el único delito para el que plantean que la solución es eliminar la pena. Aumentan las penas en los delitos contra la propiedad privada, criminalizan la protesta, pero no en el caso de la estafa que significa el trabajo no registrado”.
“Todo apunta al sometimiento de la clase trabajadora a través del debilitamiento de la acción colectiva, entre otros puntos. Se promueve el despido de trabajadores en blanco y con antigüedad para reemplazarlo con personal precarizado. En definitiva se legaliza una ilegalidad”, concluyó.
