En un nuevo episodio de la persecución judicial contra el secretario General de ATE y la CTA Córdoba, Federico Giuliani, el Juzgado Federal Nº1 citó al dirigente, donde se lo imputa por “averiguación de delito”, a partir de la participación de ATE en las justas protestas por la visita de Javier Milei a Córdoba, el 25 de mayo de 2024.
Sería cómico, si no fuera un peligroso antecedente sobre la criminalización de un dirigente sindical que se choca con el estado de derecho, que ni la propia Justicia tiene en claro de qué acusarlo a Giuliani, en una causa bochornosa e infame que ya dio sus primeros pasos propios de una verdadera farsa en la justicia provincial, cuando De Aragón siendo fiscal provincial acusó a Giuliani de un delito federal, como es “instigación pública para cometer delitos” del Código Penal.
En ese contexto, la Cámara de Apelaciones de Córdoba ordenó posteriormente, a raíz de un planteo de la defensa de Giuliani que encabeza el abogado Claudio Orosz, que la causa impulsada por el fiscal, de comunicación directa con el gobierno provincial, sea traspasada a la Justicia Federal, rechazando así las pretensiones de De Aragón de continuar a cargo de un expediente que no tiene ni pies ni cabeza.
Ahora, la Justicia Federal toma la posta y lo convoca a declaración indagatoria a Giuliani, bajo apercibimiento “de ordenar su inmediata captura”, en una citación que preludia nuevas chicanas judiciales fuera de lugar, toda vez que el dirigente siempre “estuvo a derecho”, a pesar de la clara persecución judicial que sufre en la Justicia Provincial, situación que ha sido denunciada por numerosas organizacionales políticas, sociales, sindicales y de DDHH, tanto en Argentina como en el exterior.
Diferente es la actitud de los funcionarios judiciales, cuando los indagados son sus propios pares de tribunales, como el caso de los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, investigados por manipular causas que involucraban a la Multinacional Cerealera Bunge por contrabando y evasión agravada, donde habrían cometido delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. Además, se los investiga por enriquecimiento ilícito. Ambos tienen restricción perimetral con otra funcionaria que los denunció oportunamente. Así está la Justicia Federal en Córdoba.
A partir de la citación, Giuliani presentó un escrito esta mañana para solicitar que se posponga la indagatoria para el martes próximo, ya que el abogado Orosz no puede asistirlo este viernes, cuando le ordenó el juzgado que se presente, con la firma del secretario penal Facundo Troncoso, célebre por llevar adelante con saña las causas penales contra dirigentes sindicales.
Además, el letrado patrocinante Orosz pidió el apartamiento de Troncoso “por enemistad manifiesta” que va a direccionar el proceso. El letrado lo ha denunciado anteriormente por “amenazas”, junto con el fiscal Federal, Enrique Senestrari.
Todo este episodio infame sucede en tribunales, mientras el gobierno de Milei anuncia cada día nuevos despidos y cierres de organismos públicos, la inflación se descontrola, los salarios case más aun en el subsuelo de los ingresos para las familias y Milei insulta a todo el que se le cruce.
No cabe duda que la Justicia cumple así el rol de perseguir a los dirigentes sociales con el solo fin de garantizarle a Milei la paz social que sus políticas no pueden sostener.
