Entre el decreto y la ley, la entrega de la soberanía. En esta nota, el investigador Agustín Sigal advierte sobre el impacto estratégico de la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina. A partir del Decreto 695/2025, el doctor en Física de la UNC plantea que no se trata solo de una operación económica, sino de una entrega que compromete la soberanía energética, tecnológica y geopolítica del país. Con una mirada crítica, retoma los ecos de los 90 y contextualiza la medida en el tablero de poder global: “El debate no es Estado versus mercado. Es defensa nacional versus entrega patrimonial”.
Por Agustín Sigal* para La tinta
El déjà vu de los 90: cuando el Estado se desprende de sus joyas. Otra vez sopa, dice Mafalda. Shakira vuelve con Antonito, comenta una señora en el pádel. Los hombres en el bar del patio de atrás ven la Fórmula 1. Después el encargado hace zapping. Pasan por la tele Yuyito González, Tinelli, Pergolini, la Mirtha de siempre y un archivo de Dromi: “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”. Al final, hablan de los precios de importados online y el viaje a Camboriú en el verano. Che, ¿y a cuánto se irá el dólar?, pregunta el marido de la señora.
El déjà vu es inevitable. En los 90, el “peronismo” trucho del menemismo privatizó YPF, Gas del Estado, Segba, Ferrocarriles, Aerolíneas, ENTEL, Obras Sanitarias. Activos estratégicos rematados. Los argumentos de entonces (ineficiencia, déficit, modernización) son los mismos de hoy. El resultado es sabido: destrucción de la industria, desempleo, deudas, pobreza, dependencia tecnológica, default, crisis política e institucional, crisis económica y social. Otra fuga después de la fuga, en el país de la crisis después de la crisis.
El remate de la gallina de los huevos de oro
El martes pasado, el decreto 695/2025 habilitó la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares de Argentina (Atucha I, Atucha II y Embalse), con una capacidad instalada de más de 1.700 MW, generando el 8% de la electricidad del país. Esta energía es de base: constante y confiable, que cumple una función clave en la estabilización del sistema eléctrico nacional.
La Ley Bases (triste ironía) votada por el 56% de los diputados de la nación (el mismo porcentaje de Milei en el ballotage, ¿crisis de representación?), con el apoyo del “peronismo” trucho de hoy, ya había preparado el terreno al incluirla en la lista de privatizables junto a Enarsa, YCRT e Intercargo, y abrir la puerta a concesionar AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales. La decisión se anticipó a la sesión del Senado en donde se buscó declarar al sistema nuclear “bien público estratégico no enajenable”, propuesta que no alcanzó los dos tercios necesarios para el tratamiento sobre tablas.
Entonces sigue el copy-paste: la privatización de YPF en los 90 se ejecutó cuando, tras un largo período de pérdidas, comenzaba a transitar su curva ascendente de rentabilidad. Menem y Cavallo canjearon el flujo de caja estratégico de la petrolera por un ingreso inmediato, argumentando una “ineficiencia” que servía de cortina de humo para desprenderse del activo justo cuando la gallina de los huevos de oro empezaba a ponerlos. Hoy, Milei y Caputo hacen lo mismo con Nucleoeléctrica. Los argumentos oficiales se derrumban: NA-SA es rentable, no es deficitaria, reporta utilidades anuales de unos 150 millones de dólares. Aumentó sus inversiones en bienes de capital en más de 400% y su deuda es inferior a los resultados financieros del primer trimestre. La rematan en la curva del flujo de caja en ascenso.
Cuando el Excel no alcanza para medir el valor estratégico
De todos modos, el valor de Nucleoeléctrica no cabe en el Excel. Resulta obsceno el doble estándar de exigencia de rentabilidad inmediata en lo público y paciencia de lustros en proyectos de neta exportación en lo privado. Medir una empresa estratégica por sus números es como evaluar a una universidad por lo que facturan sus fotocopiadoras.
Aun si no fuera rentable, su importancia no se mide con su balance operativo, sino por su rol en el desarrollo a largo plazo, sumado, en este caso, al aporte táctico en la transición energética. Quien hoy controla el gas natural y la nuclear gana posiciones en el escenario mundial.
La letra chica: ¿es legal este remate? Más allá de la pésima oportunidad económica y la miopía estratégica, surge una duda de una gravedad institucional superior: ¿es siquiera legal este remate?
El Decreto 695/2025 parece ignorar olímpicamente la Ley 24804 – Ley Nacional de la Actividad Nuclear, una norma de orden público que constituye el régimen jurídico específico e inderogable para el sector. Bajo el principio elemental de que “lex specialis derogat generali” (la ley especial deroga a la general), esta ley establece condiciones muy precisas que cualquier intento de privatización debe respetar. Condiciones que el decreto viola de manera flagrante.
La ley exige, por ejemplo, que NA-SA se privatice como una “unidad productiva indivisible” (Art. 34). Un principio que salta por los aires si, en la práctica, se fragmenta su capacidad productiva y se paralizan proyectos emblemáticos de desarrollo tecnológico soberano, como el reactor CAREM. Establece, además, un mecanismo de control inderogable (Art. 35): el Estado nacional debe “mantener hasta un veinte por ciento (20%) de su capital y una (1) acción como mínimo”, con un derecho a veto ineludible para las decisiones estratégicas. Vender el 44% del paquete accionario vacía de contenido esta “llave de soberanía”, cediendo el control efectivo. Y dispone taxativamente (Art. 39) que los procesos de privatización del sector nuclear “se regirán por (…) lo dispuesto en esta ley”, no por decretos basados en legislación general.
La pregunta, entonces, es insoslayable: ¿Puede un decreto presidencial, una norma de rango inferior, modificar, ignorar o contradecir los requisitos imperativos de una ley sancionada por el Congreso de la Nación? La respuesta, para gran parte de la doctrina constitucional, es un no rotundo. Configuraría una clara inconstitucionalidad material y formal, donde el Poder Ejecutivo se arroga facultades legislativas que la Constitución nacional no le concede.
Un ecosistema tecnológico que trasciende la energía
NA-SA sostiene un ecosistema tecnológico único en América Latina, donde se cruzan ciencia, industria y geopolítica. El plan nuclear argentino es un entramado completo: Atucha I y II, Embalse, el CAREM (reactor modular nacional con más del 60% de avance), la Planta Industrial de Agua Pesada en Neuquén, la Planta Pilcaniyeu en Río Negro, Dioxitek para la conversión y enriquecimiento de uranio, CONUAR para la fabricación del combustible, INVAP exportando tecnología al mundo, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como matriz histórica, el Instituto Balseiro, las distintas universidades nacionales formando ingenieros y 
científicos. Son miles de empleos altamente calificados, decenas de pymes proveedoras que sostienen cadenas de valor industriales.
Por otra parte, la ofensiva contra Nucleoeléctrica debe entenderse en el contexto de una pulseada geopolítica. Desde hace años, Estados Unidos maniobra para bloquear la construcción de Atucha III con tecnología y financiamiento de China, enviando a su embajador, funcionarios del Comando Sur y hasta a su Comisión Reguladora Nuclear para presionar a la Argentina. El objetivo es claro: impedir que Beijing gane presencia en sectores estratégicos como la energía nuclear. En este tablero global, el contraste entre potencias es evidente. China ofrece financiar el 100% de Atucha III y ya sostiene con su swap casi la mitad de nuestras reservas internacionales. Estados Unidos, en cambio, condiciona cualquier gesto al cumplimiento de las metas del FMI y ahora directamente el Tesoro. Mientras uno presenta una propuesta concreta de cooperación, el otro ejerce presiones que condicionan nuestra soberanía.
Según confesó el propio titular de NA-SA, Demian Reidel, el interés estratégico no es solo la generación eléctrica, sino la exportación de uranio y combustibles nucleares a EE. UU., compitiendo con la rusa Rosatom. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ya lo advirtió: las “oportunidades de inversión” en Argentina son amplias. El “salvataje” viene con condiciones. Una de ellas es desmantelar nuestro sistema nuclear.
Otra vez Mafalda, dice la sopa. De vuelta las “relaciones carnales”. En el bar, cae la noche. El encargado limpia la máquina de café.
Ley vs. decreto, soberanía vs. entrega
Privatizar NA-SA para obtener dólares inmediatos es una renuncia estratégica que debilita drásticamente nuestra posición negociadora en un mundo multipolar. Se desarma un motor para venderlo como chatarra y comprar nafta, se sacrifica la columna vertebral de un sistema que garantiza soberanía energética y capacidades tecnológicas construidas durante medio siglo.
El debate, entonces, no se reduce a Estado versus mercado. Es ley versus decreto, soberanía versus entrega, desarrollo versus desguace.
Nucleoeléctrica demuestra que Argentina puede generar energía segura, rentable y con tecnología propia, mientras sostiene un entramado científico-industrial que ningún otro país de la región posee. Argentina domina todas las etapas del ciclo de combustible nuclear con fines pacíficos, un privilegio raro en el mundo. Defender NA-SA no es un capricho político: es defender la ley, el trabajo, el desarrollo, la tecnología y la soberanía del país.
El bar del pádel está por cerrar. En la tele, un recital de Los Piojos. Suena “Verano del 92”. Esto ya lo vimos, dice el marido de la señora. Se apaga el cartel de neón de afuera. El patio trasero queda a oscuras.
*Doctor en Física, profesor en la UNC, investigador de CONICET, especialista en Energía
Imagen de portada: Impacto local
Fuente: www.latinta.com.ar
