En un fallo firmado por la jueza de Conciliación y Trabajo de Undécima Nominación, Cynthia Alicia Coppa, ATE ganó un nuevo proceso judicial al Gobierno de Córdoba y logró la reinstalación del delegado Sergio Piedras en el Complejo Esperanza, donde trabaja hace años y fue trasladado por convocar a una asamblea con las y los trabajadores del sector.
El fallo es un nuevo hito contra la política persecutoria y antisindical del gobierno, que en caso del Complejo Esperanza niega la legitimidad de ATE para ejercer la representación de los trabajadores e incluso le niega al personal el derecho a organizarse gremialmente y peticionar ante las autoridades.
Además, la jueza reconoce el ámbito de representación de ATE en el Complejo Esperanza, en el marco del amplio reconocimiento que ATE ostenta en el Estado provincial, fruto de los fallos de la Justicia Nacional del Trabajo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Piedras había sido trasladado, injusta y arbitrariamente, a la sede central de SENAF donde nunca se le otorgó función alguna. Ese traslado obedeció a una medida del gobierno absolutamente discriminatoria, persecutoria y antisindical, luego que se realizaran en el Complejo Esperanza diversas asambleas convocadas por ATE por razones gremiales que no son atendidas históricamente por las autoridades de SENAF”, explicó la abogada de ATE María Marta Terragno.
El gobierno argumentó que estos compañeros no podían realizar asambleas porque tenían funciones de seguridad en el establecimiento, asimilándolos a personal de guardia o policial.
Paradójicamente, los compañeros siempre reclamaron un convenio colectivo de trabajo particular que contemple sus condiciones laborales, dado que se encuentran enmarcados den la ley 7233 de personal administrativo que nada tiene que ver con las funciones que desempeñan, con jornadas rotativas y condiciones de trabajo diferentes a las de la Administración Central. Por eso deben tener capacitaciones y recursos diferentes para poder trabajar con chicos y adolescentes en situación de riesgo.
“Pero este reclamo no atendido es invocado por la SENAF a los efectos de limitar la organización colectiva y sindical. Afortunadamente, la jueza hizo lugar a la demanda planteada por ATE y por Piedras y reconoció la legitimidad de ATE para su representación como asi el derecho de los trabajadores y su delegado de poder organizarse, realizar asambleas y peticionar ante las autoridades por sus mejores condiciones de trabajo”, concluyó Terragno.
