La nueva ley previsional aprobada por la Legislatura es un nuevo escalón del ajuste de la jubilaciones provinciales que impuso el gobernador Martín Llaryora a fuerza de las manos de yeso que habitan la Unicameral.
La norma es otro robo a los bolsillos de los aportantes de la Caja de Jubilaciones, intervenida hace más de dos décadas en contra de las propia ley que la regula, ahora disfrazada de aumentos para quienes cobran la mínima.
Al igual en el caso del aumento de los aportes en la APROSS, el ajuste recae en los trabajadores del Estado provincial y los municipios del Gobierno de Córdoba, que convive en armonía con el ajuste libertario de Javier Milei.
De esta manera, cada mes los activos aportantes ven reducido su salario, mientras las y los jubilados que durante años pagaron religiosamente al sistema solidario son responsabilizados por el saqueo del sistema que viene llevando adelante el cordobesismo.
En ese marco, ATE apoya, sostiene e impulsa la unidad del movimiento obrero de Córdoba para rechazar las políticas antipopulares del gobernador Martín Llaryora.
