El Consejo Directivo Provincial (CDP) de ATE Córdoba expresa toda su solidaridad y apoyo a las y los compañeros de ATE Mendoza, a su secretario General, Roberto Macho, y la secretaria General Adjunta, Adriana Iranzo, hostigados y perseguidos por el Poder Judicial provincial con causas penales por ejercer el legítimo y legal derecho a la protesta.
Se trata de un Poder Judicial lacayo del poder político provincial, a su vez fuertemente aliado del gobierno nacional de Javier Milei.
No llama la atención se les aplique a los dirigentes la figura del artículo 194 del Código Penal, que castiga el corte del tránsito, en estos hechos aplicada por encabezar una protesta. Es la misma figura legal aplicada en el caso de la judicialización de nuestro secretario General, Federico Giuliani, y da cuenta que ese trata de una estrategia nacional para reprimir la protesta social, pilar básico de una convivencia democrática, reconocida por la Constitución Nacional, los tratados internacionales que la Argentina ha suscripto con rango constitucional y toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En ese marco, y frente a la abierta ilegalidad del acoso judicial contra los dirigentes de ATE, el CDP Córdoba exhorta al Poder Judicial mendocino que abandone su postura sumisa con los gobiernos y abandone el hostigamiento a nuestros dirigentes provinciales porque no lograrán impedir que ATE siga ejerciendo la representación sindical y los derechos de las y los estatales.
