Tal como se había anunciado en la conferencia de prensa en Tribunales II, los abogados de Córdoba Federico Giuliani, Claudio Orosz y Eugenio Biafore, plantearon ayer por la tarde a través de un escrito, el apartamiento del fiscal Ernesto De Aragón en la causa donde el Ministerio Público le imputa al secretario General de ATE “intimidación pública” e “incitación a la violencia” por su participación en la marcha en repudio a la presencia del Presidente Javier Milei en Córdoba, el pasado 25 de mayo.
De Aragón había sido denunciado por la posible comisión de delitos de “prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público” anteriormente, en la instrucción de la causa que está elevada a juicio, en el marco la Marcha contra el Hambre realizada el año pasado.
A partir de esa denuncia contra De Aragón, formulada ante al Cámara de Acusación Penal, es que ahora Orosz y Biafore pidieron su apartamiento toda vez que el fiscal no estaría en condiciones de llevar una instrucción de esta nueva imputación, según el artículo 60 inciso 7º segunda parte, en función del artículo 78 y concomitantes del Código de Procedimiento Penal de la provincia. Por lo tanto estaría impedido para reincidir en esta causa donde se intenta criminalizar la presencia de Giuliani como dirigente de ATE en la protesta.
Los abogados citaron como prueba, la audiencia en la Cámara de Acusación Penal que fue grabada por el tribunal.
Fundamentos de la denuncia contra de Aragón
En su oportunidad, la defensa letrada de Giuliani citó una nutrida jurisprudencia nacional, internacional, observaciones de Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Relatoría de Libertad de Expresión de Octubre d 2019 y del Mandato del Alto Comisionado de DDHH de Naciones Unidas del mes de enero del año 2024, además de la Observación General de ONU Nº 87, expresamente “se pidió se corriera vista por la posible comisión de delitos de acción pública perseguibles de oficio, ‘prima facie prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes públicos, denunciando la conducta adoptada, justamente por el señor Fiscal de Instrucción”.
“Esta jurisprudencia demuestran que no existe delito cometido por Federico Giuliani y por eso De Aragón terminó denunciado”, expresó Orosz.
En tal sentido Biafore citó el caso Pablo Álvarez, un dirigente de Luz y Fuerza llevado a juicio por los mismos presuntos delitos que Giuliani, que fue sobreseído en un juicio ante la Cámara de Acusación. “El tribunal dijo en su momento que no solo Álvarez no había realizado ningún delito al participar de luna manifestación, sino que el tipo de delito (intimidación e incitación a la violencia) no puede alcanzar a protesta social”, relató el abogado. De esta forma, al no tener en cuenta esta jurisprudencia de la Cámara de Acusación De Aragón habría cometido prevaricato y los demás delitos que lo apuntan.
Además, Biafore dijo que “el caso Pablo Álvarez es un antecedente central para lo que sucedió este sábado con la protesta en el centro. Y va a seguir sucediendo, con lo cual este intento que ahora cierra sobre la figura de Giuliani parece que se va a extender por millones de argentinos porque las condiciones sociales son las que determinan el ejercicio sano del derecho a la protesta, que es lo único que nos asegura la democracia en el país”.
Consultados los letrados ayer en la conferencia de prensa si estas causas judiciales pretenden criminalizar la protesta, Orosz respondió: “Vivimos en Córdoba y se sabe el sojuzgamiento que tiene el Poder Judicial y particularmente el Ministerio Público Fiscal (MPF) al poder político. Tanto es así que la cabeza del MPF se renueva cada cinco años por elección del Poder Ejecutivo, con la anuencia de la Legislatura de mayoría automática. Así sucedió con los últimos fiscales generales. Por eso no tenemos ninguna duda que hay una voluntad política de criminalizar la protesta social, que es indetenible”.
Biafore por su parte agregó que el intento de separar a los dirigentes de las bases, acusándolos de determinados delitos, “no es nueva en Argentina. Ya hace 115 años Miguel Cané fundamentaba la Ley de Residencia, que permitía expulsar a los extranjeros socialistas, anarquistas y comunistas que organizaban sindicatos, diciendo que nuestro pueblo es laborioso pero que estos dirigentes ejercen la violencia. Hoy nuevamente se quiere separar al pueblo que pelea de los dirigentes y las organizaciones que encabezan estas luchas. No es nueva esta discusión en Argentina”.
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