El conjunto de medidas que el gobierno nacional lleva adelante desde diciembre pasado constituye el más fenomenal ataque a los derechos de las mujeres y las diversidades que reconoce la historia democrática argentina.
El Estado como garante de derechos, una tradición constitucional indudable, tuvo a las mujeres como foco la normativa y el diseño de las políticas públicas, degradada a partir de un discurso misógino que supera cualquier contabilidad de gobierno.
No es el ajuste sino el retroceso de derechos lo que impulsa al Presidente Javier Milei y su séquito a llevar a cabo este ataque, que aísla a Argentina del conjunto de naciones civilizadas y nos emparenta con los regímenes reaccionarios, donde los textos medievales regulan las relaciones sociales.
La conducción de ATE Córdoba expresó a través de diversas dirigentes estatales, que ocupan varias secretarias del Consejo Directivo Provincial, la postura de nuestra organización ante este preocupante panorama.
La secretaria de Género, María Spaventa, hizo foco en algunas de las medidas adoptadas. “Uno de los ataques directos de la Ley de Bases hacia las mujeres es la imposibilidad de jubilarse por medio de las moratorias. Esto llevaría a que solo las mujeres tengan 30 años de aportes cumplidos o que recién a los 65 años pudieran jubilarse, lo que vuelve a una situación muy injusta porque no se reconoce las tareas de cuidado que tienen las mujeres, los trabajos informales que sufrimos en momentos de nuestra vida en poder cumplir con tareas de cuidado familiares. Esta medida perjudica la vida de las mujeres en general”.
Spaventa agregó que “en el capítulo de la reforma laboral le da la posibilidad a los empleadores de permanecer en una situación ilegal, aumentando la precarización. La clave es que mayoría del personal precarizado son mujeres”.
La dirigente denunció que con el cambio de los regímenes de licencia “las mujeres pueden ser obligadas a trabajar hasta 10 días antes de parir, situación que es gravísima. Por eso decimos que esta ley ni beneficia a la clase trabajadora ni a las mujeres, por lo que nos oponemos a su aprobación”.
En esa línea, la secretaría de Formación, Irina Silberman, dijo que “la ley de bases pretende arrasar la idea de géneros y diversidades, por lo que las mujeres vamos a ser las más perjudicadas”. “Es indudable ese objetivo al reformar la Ley Micaela, la Ley de los 1000 Días, que garantiza derechos a las mujeres gestantes y a trabajadoras que son madres, desconociendo la posibilidad de maternar a las mujeres trans y las diversidades sexuales”.
Seguidamente añade que “esto se ve evidenciado junto a las políticas que propone el Estado nacional con la eliminación del INADI, del Ministerio de las Mujeres, haciendo que perdamos los derechos conquistados por los movimientos feministas a través de la historia, negándonos la posibilidad de prevenir las violencias de género y poniendo en foco solo a las mujeres como víctimas”.
“Igual sucede con la reforma jubilatoria, desconociendo a las mujeres que trabajaron toda la vida de manera precarizada o ignorando las tareas de cuidado, por lo cual muchas menos mujeres accederemos a la posibilidad de jubilarnos. Solo una de cada 10 podrán jubilarse de aprobarse la ley”.
A su turno, la secretaria de Prensa, Julia Giuliani aseguró que “la reforma que busca impulsarse a través de la Ley de Bases, en términos laborales, previsionales y lo que rige nuestras vidas cotidianas, deja a las mujeres como el sector más perjudicado”.
E insistió que “trabajadoras con años de aportes que seguramente no podremos jubilarnos y menos con salarios dignos”.
“Se avanza hacia la deslegitimización de conquistas de derechos que pudimos convertir en ley después de años de lucha. Esta ley pretende dinamitar cualquier posibilidad de progreso, de vida digna, condiciones dignas de trabajo para las mujeres”, denunció.
La dirigente hizo hincapié que a este cuadro se suma “la pérdida del salario indirecto que ingresaba a través del pago de servicios. Al quitarnos los subsidios se nos empobrece y endeuda más. Tiene un claro sesgo machista, porque la mujeres solemos tener entre doble y triple jornada laboral, multiplicando esta situación”.
Con una mirada similar la secretaria de Salud Laboral, Elisa Ojeda, apuntó que “el impacto de la aprobación de la Ley de Bases para las mujeres estatales pretende, entre otros puntos, la pérdida de derechos laborales como la estabilidad, la carrera administrativa conforme a la idoneidad, pasando que quedar en manos de discrecionalidad del empleador, incluso para traslados a otras oficinas u organismos, la desprotección de la maternidad, al reducirse irresponsablemente la licencia de preparto hasta a 10 días antes del parto”.
“Además se nos eleva la edad jubilatoria y obliga a las viudas a optar entre la jubilación o la pensión por fallecimiento del cónyuge. Quedamos desprotegidas en aspectos laborales y de la seguridad social”, concluye.
Desde la Secretaria de Convenios Colectivos, la compañera Marcela Chávez, apeló a las y los senadores por Córdoba a rechazar la Ley de Bases, considerando que de aprobarse la norma, los trabajadores y las trabajadoras “perderemos el derecho a jubilarse ya que la mayoría de los y las trabajadoras no pueden completar los años de servicios debido a la precariedad laboral”.
Apuntó la compañera que la reforma laboral “eliminarían vacaciones pagas, aguinaldo, reduciendo las licencias por maternidad o por enfermedad, remontando al siglo XIX nuestras condiciones como trabajadoras. Sería un retroceso a todos los derechos obtenidos a través de la lucha del siglo XX”.
“Desde mi secretaria reclamamos reapertura de los CCTS para mejorar los derechos que tenemos, pero estamos luchando por no perder los que tenemos hasta el momento. Derechos que muchos podemos gozar gracias a la lucha de los y las trabajador@s organizados en los sindicatos. Otro derecho que nos quieren quitar, el de organizarnos para luchar”.
