Desde ATE Córdoba repudiamos el feminicidio de Catalina Gutiérrez, ocurrido en Córdoba esta semana, otro caso más de violencia contra las mujeres de los que diariamente se suceden en nuestro país.
El colectivo NiunaMenos denunció que a Catalina la mató su compañero de la facultad a quien conocía y con quien compartía estudio y amistad.
“En un país donde abundan los discursos de odio y son reivindicados por el Gobierno nacional, no queremos seguir sumando víctimas. Reclamamos formación y políticas públicas con perspectivas de género y denunciamos el desmantelamiento de organismos del Estado destinados a la prevención y lucha contra la violencia de género”, señaló Niunamenos en un comunicado.
Desde ATE hacemos nuestras sus palabras: no son enfermos, ni son locos, son hijos sanos del patriarcado. “Los feminicidas no son personas alejadas, en la mayoría de los casos se encuentran en nuestro círculo cercano”.
No hay #NiUnaMenos sin un Estado presente y una sociedad que entienda a la violencia de género como una realidad concreta, social y estructural.
El caso, que incluye una seguidilla de feminicidios que no se detuvo este 2024, se ubica en línea a lo ocurrido en la materia en 2023, cuando se registraron 272 femicidios directos, según un nuevo informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El número de víctimas directas representó un 11% de aumento respecto de 2022.
A esto se suma el lamentable desmantelamiento de las políticas públicas erigidas durante la última décadas y la práctica supresión de los organismos del Estado dispuestos para aplicar esa políticas.
Así lo denunció ATE hace dos semanas, cunado realizó una jornada de lucha frente al ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en la Capital Federal.
Vale mencionar que en 2024 el gasto en las políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad de género fue, en lo que va del año, un 33% más bajo que el 2023. Se trata de un ajuste mayor que el que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 24%.
“Este cuadro general tiene a la provincia de Córdoba como uno de los ejemplos cabales. Desde diciembre a esta parte hay una clara avanzada sobre los organismos que garantizan políticas públicas para las mujeres, diversidades y sectores más vulnerables: INADI, ANDIS, Ministerio de la Mujer, Centro de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social, SENNAF, Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), dependientes del Ministerio de Justicia de Nación, o PAMI están siendo arrasados por los despidos, donde la inmensa mayoría son mujeres trabajadoras, madres de familia y, en muchos casos también, sostén del hogar”, consignó recientemente un informe de la Secretaria de Género del Consejo Directivo Provincial.
Cabe destacar que el Gobierno de Córdoba también viene adoptando medidas de ajuste, en sintonía a las que impone en el sector la gestión libertaria, con el vaciamiento de organismos como la SENAF, donde recientemente acabo de despedir siete profesionales que ya había despedido en diciembre y reincorporado en enero, dando cuenta del manoseo al que se ven sometidas estas compañeras, todas sostén de hogar.
Programas desaparecidos en materia de géneros y diversidades
Línea Nacional 144 y centros de asistencia para víctimas de violencia de género.
Ley Brisa: apoyo económico para hijos de víctimas de femicidio.
Ley Micaela: capacitación obligatoria en género y violencia para funcionarios públicos.
Educación Sexual Integral (ESI) en todas las escuelas.
Plan ENIA: prevención del embarazo adolescente.
Programas “Acompañar” y “Acercar Derechos” para víctimas de violencia de género.
Programas “Emprender Mujeres” y “Producir con Equidad” para fomentar la autonomía económica.
Programas “Igualar” y “Sembrar Igualdad” para reducir brechas de género en el trabajo y la producción.
Equidad en el Deporte: inclusión de la perspectiva de género en instituciones deportivas.
Equidad en la Ciencia: promover la igualdad de género en investigación y ciencia.
De esta manera no sólo se despide trabajadores estatales que garantizan derechos, sino que se perjudica a población vulnerable y en riesgo, incumpliendo normativa nacional y tratados internacionales.
