Hoy al mediodía ATE Córdoba participó de la presentación de la Mesa de Mujeres Fuerza Sindical – Córdoba, entidad que reúne a mujeres sindicalistas de diversas organizaciones con actuación en la provincia.
En la oportunidad, nuestro gremio presentó un extenso documento que detalla el impacto de las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei en materia de género en Córdoba. La delegación estatal estuvo integrada por la secretaria de Género del Consejo Directivo Provincial, María Spaventa, la secretaria de Acción Política, Alejandra Agnone, las delegadas María Estefanía Carranza y Natalia Pacheco, la histórica militante de ATE y ex presa política Nora Cendra y la abogada de ATE María Marta Terragno.
El documento, titulado “El ajuste de Milei en las provincias: desguace de organismos estatales, despidos generalizados y clausura de políticas de géneros“, detalla como el proceso de ajuste recae mayoritariamente entre las mujeres estatales, muchas de las cuáles tenían por función atender el acceso a derechos conculcados por la Constitución Nacional y la legislación vigentes de mujeres y diversidades, en los organismos públicos donde cumplían tareas.
Este ataque a las feminidades es aun más flagrante en el marco de la cantidad de feminicidios que se produjeron el año pasado en la provincia, uno cada 100 mil habitantes.
El documento
La promoción de políticas de igualdad para mujeres y diversidades que plasmó el Estado nacional durante los últimos años, expresión del papel que el Movimiento de Mujeres impulsó y enraizó en el conjunto de la sociedad argentina al lograr hitos como el matrimonio igualitario, la ESI, el plan ENIA para erradicar en hasta un 50% los embarazos de niñas y adolescentes y el aborto legal, seguro y gratuito, entre otros, encontró en el gobierno de Javier Milei una topadora que pretende llevar las relaciones sociales a un periodo donde el patriarcado, la desigualdad laboral, la naturalización de la violencia y la denigración de género sean moneda corriente.
Esta política se expresa en el desguace de organismos estatales, sobre todo en las provincias, y en Córdoba particularmente, en sintonía a lo que sucede en términos laborales, previsionales, sociales, económicos, ambientales y culturales, pero con especial saña en el ámbito de géneros.
Esto se verifica según el relevamiento que publicó el diarioar.com, cuando consignó que “el gasto en las políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad de género fue, en lo que va de 2024, un 33% más bajo que el 2023. Se trata de un ajuste mayor que el que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 24%”.
De la misma forma, el gobierno anunció que el próximo 30 de junio reducirá en un 80% la planta de trabajadoras y trabajadores del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. “Nos encontramos frente al vaciamiento de políticas de prevención, protección y asistencia de las violencias por motivos de género, esto se enmarca en el brutal ajuste que el Gobierno de Milei quiere seguir realizando en degradación del Estado Nacional y profundizar la política de confrontación con los feminismos y los transfeminismos”, alertó Fernanda Fuentealba, secretaria General de la Junta Interna de ATE del organismo.
“Se trata de una estrategia planificada que tiene como objetivo, además, el retiro del Estado Nacional de las provincias mediante el vaciamiento de los equipos que trabajan en la prevención, asistencia y protección ante situaciones de violencia de género. Peligran las políticas públicas que buscan fortalecer, hacer accesible y en igualdad de condiciones nuestros derechos. Es una vuelta al centralismo, pero a un centralismo mínimo. Se pone en cuestión el Estado en cada rincón del país, una territorialización federal que fue producto de demandas y diagnósticos concretos, una territorialización federal que conquistamos en la calle”, advirtieron diversas organizaciones feministas en un documento de reciente difusión.
Este cuadro general tiene a la provincia de Córdoba como uno de los ejemplos cabales. Desde diciembre a esta parte hay una clara avanzada sobre los organismos que garantizan políticas públicas para las mujeres, diversidades y sectores más vulnerables: INADI, ANDIS, Ministerio de la Mujer, Centro de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social, SENNAF, Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), dependientes del Ministerio de Justicia de Nación, o PAMI están siendo arrasados por los despidos, donde la inmensa mayoría son mujeres trabajadoras, madres de familia y, en muchos casos también, sostén del hogar.
A modo de ejemplo la ANDIS, órgano matriz en materia de Discapacidad en Argentina, presenta un panorama alarmante y desalentador: los trámites de Pensión no Contributiva por Invalidez (PNC) se encuentran completamente paralizados, se otorgan unos pocos beneficios por mes (alrededor de 200) y los que están listos para el alta por sistema quedan estancados en diferentes áreas del organismo; tampoco hay un tratamiento de los casos urgentes, una demora planificada y ejecutada por los funcionarios de la gestión actual que impide a nuevos solicitantes acceder al beneficio económico necesario para una subsistencia básica y a la cobertura que ofrece el Programa Federal INCLUIR SALUD.
El INADI es uno de los organismos devastados. En Córdoba contaba con seis trabajadoras, de las cuales dos fueron despedidas, el 50% del plantel. Pero, además, como una de las dos trabajadoras restantes cumplía funciones trasladada desde otro Ministerio, hoy solo queda una compañera a cargo de sostener la actividad del organismo en la provincia.
En cuanto al ex Ministerio de la Mujer, se produjo el despido de dos profesionales que cumplían funciones en Córdoba Capital, una psicóloga y una abogada, bajo la modalidad de no renovación de sus contratos con vencimiento el pasado el 31 de mayo. El resto del plantel de tres trabajadoras (una administrativa, una trabajadora social y una psicóloga) tiene contratos con vencimiento el 30 de junio, fecha en que Milei anunció miles de nuevos despidos. La otra sede del ex Ministerio en Río Cuarto, aun cuenta con el equipo está completo, integrado por una psicóloga, una trabajadora social y una abogada. Es decir que seis personas deben cubrir la demanda del organismo en toda la provincia.
Respecto a los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), Córdoba cuenta con tres sedes, dos en la Capital provincial y otro en Villa María. Alrededor de 120 trabajadoras y trabajadores fueron despedidos en todo el país en diciembre pasado. El plantel restante desarrolla sus funciones en deficientes condiciones laborales: falta de recursos, de limpieza, como bolsas de residuos y materiales de higiene, de insumos como tóner, hojas, impresoras sin reparar o de servicios de internet, material que en ocasiones debe ser adquirido con el salario de los propios trabajadores. Frente a la epidemia de feminicidios que sufren el país, estas CAJs constituyen una alternativa capaz de canalizar la demanda de las mujeres para acceder al servicio de justicia.
Siendo Córdoba, una provincia con más de 3.800.000 habitantes son innumerables los derechos garantizados a nuestra comunidad, disminuyendo visiblemente el presupuesto que el Estado Provincial y municipal, actualmente ejecutar para sostener, el estado de bienestar, más allá de la fuerza política que gobierne.
En materia documental el Registro Nacional de las Personas (Renaper) atiende entre 500 y 600 personas a diario; la Dirección Nacional de Migraciones asiste y aborda a diario a cientos de extranjeros que el Estado nacional habilitó su ingreso a nuestra república -mayoritariamente se trata de pujantes comunidades de países limítrofes residentes en nuestra provincia-, evitando que su permanencia sea en condiciones irregulares; las 16 oficinas en toda la provincia de Córdoba y 450 trabajadores de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) hacen efectivo el alcance para ejecutar las políticas adoptadas por el Estado Nacional en materia de seguridad social; Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) son los encargados de la revisión de la capacidad de los contribuyentes a los fines previsionales, para otorgar retiro transitorio o definitivo por invalidez, ley de ciegos, minusvalía, edad avanzada, prestaciones por convenios internacionales, trabajadores autónomos; la Superintendencia de Salud está sostenida por 8 trabajadoras con antigüedad superior a los 10 años y concursos de planta permanente vigentes que garantizan, elaboran, aprueban e implementan normas de regulación de las Obras Sociales Nacionales y Medicina Prepaga. La enumeración puede extenderse.
En cuanto al cupo laboral trans la situación se expresa en despidos constantes y sonantes: dos personas trans despedidas de PAICOR en el Departamento de Santa María, una municipal echada en Mina Clavero, una de PAMI Río Cuarto, una de INADI. Además de desconocer el derecho adquirido de estas personas, se deconoce la normativa vigente que resguarda esta situación.
Feminicidios en Córdoba
La organización Mumala consignó en su observatorio de feminicidios que en la provincia se produjeron cinco asesinatos desde el 1° de enero al 30 de mayo, de un total de 31 feminicidios en el conjunto de territorio nacional.
Las estadísticas de 2023 son lapidarias. Un informe elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sobre el estado de las causas penales sucedidas explicó que se produjeron 18 femicidios durante todo el periodo.
La edad promedio de las atacadas fue de 39 años. El informe difundido por la Oficina de la Mujer de la CSJN advirtió que siete asesinadas presentaban condiciones de interseccionalidad, término referido diferentes ejes de vulnerabilidad como la prostitución, el consumo problemático de sustancias o los problemas de salud mental.
De las 18 víctimas, cuatro tuvieron lugar en la capital y 14 en el interior. En base a los datos del registro y del Indec, se calculó la tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres que asciende a 0,91 (0,01 menos que el año 2022), lo que equivale a un femicidio directo cada 109.772 mujeres en Córdoba.
El relevamiento señaló que 11 de las víctimas eran madres y en total tenían 16 hijos o hijas a cargo, especificó el informe elaborado por el máximo tribunal.
Las causas por femicidios tuvieron 19 agresores identificados, teniendo en cuenta que en uno de los hechos participaron dos sujetos (padre e hijo). Nueve de ellos tenían denuncias previas de violencia por parte de las víctimas.
“En todos los casos existía vínculo previo entre la víctima y el sujeto activo, esto es, que el 100% de las víctimas directas de femicidio conocían a los respectivos sujetos activos. Además, se informó que en seis casos convivían al momento del hecho (31,6% del total) y en los restantes 13 no lo hacían”, alertó el informe.
Todo lo cual expresa que la presencia del Estado es una necesidad ineludible y el retroceso en materia de derechos conquistados no tiene solo un cariz gremial, sino que filtra a toda la sociedad.
Cabe destacar que el Gobierno de Córdoba viene adoptando medidas de ajuste, en sintonía a las que impone en el sector la gestión libertaria, con el vaciamiento de organismos como la SENAF, donde recientemente acabo de despedir siete profesionales que ya había despedido en diciembre y reincorporado en enero, dando cuenta del manoseo al que se ven sometidas estas compañeras, todas sostén de hogar.
