Frente a la caída fenomenal del poder adquisitivo de los salarios durante diciembre y enero, y ante el congelamiento de los haberes que el gobierno de Javier Milei pretende imponer en el Estado, ATE resolvió llevar a cabo un nuevo paro nacional, tras dos fuertes medidas de fuerza realizadas en enero, que incluyeron la participación en el paro general del 24 de enero que generó las condiciones para el derrumbe de la llamada ‘ley ómnibus’.
En ese contexto, y atento a que aun se encuentra en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), claramente inconstitucional, el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, evaluó las motivaciones y condiciones para realizar el paro en Córdoba, en sintonía a lo que nuestra organización hará efectivo en todo el país.
“Para el 26 de febrero, motivos sobran. Tanto el gobierno nacional de Javier Milei, como gobernadores y municipios, usan como blanco de excusa perfecta a las y los estatales en una perspectiva de achicamiento de gasto público. Somos la variables de ajuste a nivel de despidos, generalizados en los tres niveles del Estado, como también en cuanto al congelamiento salarial. Frente a una inflación que no se detiene el impacto en los bolsillos es terrible. Sumado a los tarifazos, impuestazos, disparada del boleto de transporte público y el combustible se está pulverizando nuestro salario en un contexto de alza inflacionaria permanente”, denunció Giuliani.
El dirigente evaluó que “en ese contexto, vale destacar que el paro nacional y la movilización del 24 de enero hirió de muerte la Ley Ómnibus, y en esa línea construimos este paro para exigir la inmediata apertura de paritarias, pero sin techo”.
70% debajo de la línea de la pobreza
El secretario General apuntó que “ese techo salarial es que pretende fijar el gobierno nacional y de ahí se agarran los gobernadores y los intendente para no pagar salarios dignos. Hoy el 70% de nuestros afiliados son trabajadores pobres”.
Y agregó: “además, queremos discutir estabilidad laboral para terminar con la precarización tremenda que se impone en los tres estamentos del Estado. Luchamos contra el trabajo en negro y reclamamos el reincorporación inmediata de las y los despedidos estatales en todo el país. También acompañamos la reivindicación histórica de nuestros jubilados y jubiladas por el 82% móvil y de esta manera creemos que estamos en condiciones de dar de baja el nefasto DNU de Milei”.