“Przybyski se comprometió a la participación activa de la Secretaría de DDHH dentro de nuestra causa a fin de denunciar la judicialización del conflicto. Me acompañó en la entrevista el abogado de ATE Córdoba, Dr Eugenio Biafore”, dijo Federico Giuliani al cabo del encuentro.
Cabe recordar que el 20 de abril pasado un amplio arco político, social y sindical rodeó la presentación de Giuliani ante el Fiscal de Instrucción Distrito 4 Turno 1, Ernesto de Aragón, quien procedió a identificarlo, imputarlo y retenerle su teléfono celular, por participar de la Marcha contra el Hambre y en rechazo al FMI realizada el 5 de abril por la Unidad Piquetera.
“Esta es una resolución politizada y está dirigida a criminalizar la protesta social, a castigar a las organizaciones populares. Los números de la pobreza, de precarización laboral, de marginalidad, de hambre que hay en Córdoba hablan de un Gobierno que no da respuestas. Ahora, cuando salimos a expresar nuestro reclamo de manera genuina y legal, nos acosan judicialmente, nos persiguen y hostigan”, resumió Giuliani.
Apoyo de la CTAA
La CTA-A Córdoba también repudió la ofensiva política, judicial y mediática contra los movimientos populares y remarcó que “en lugar de atender la agenda de necesidades que plantean la pobreza, la falta de trabajo, y la inseguridad, el Gobierno persigue y procesa a los que ganamos la calle para denunciar la crisis social y económica que, vía inflación, pulveriza los ingresos de la población”.
Para la Central la arremetida del poder judicial “es un globo de ensayo para ver si funciona como instrumento para disciplinar a los que reclaman contra este calamitoso estado de cosas”. Y agregó que “la Jefa de la Policía, Liliana Zárate, confirmó que la fuerza realiza en la previa de cada marcha un seguimiento de los perfiles de redes sociales de los dirigentes, y que la identificación in situ de los organizadores no es inconveniente ya que despliegan policías de civil y cuentan con el registro de cientos de cámaras dispuestas en la mayoría de las esquinas del casco céntrico de la ciudad de Córdoba. Un combo de inteligencia interior para reprimir el conflicto social que atenta directamente contra el estado de Derecho”.
“Pese al hostigamiento político y judicial no nos van a callar. Vamos a seguir denunciando y accionando para enfrentar el ajuste que sufren los sectores populares”, remató.
