Una importante movilización acompañó hoy al secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, a los tribunales provinciales donde el fiscal de 4° nominación Turno 1 Ernesto de Aragón lo imputó por integrar el grupo de dirigentes que encabezó una marcha contra el hambre y en repudio al programa del FMI.
Otros cinco dirigentes más, entre los que se encuentra el compañero Emanuel Berardo del Polo Obrero, también resultaron imputados en la misma causa donde la policía actuó de oficio para marcar a los referentes, por orden del fiscal.
“Claramente el Poder Judicial de Córdoba es el brazo del poder político que gobierna hace 24 años. No tenemos en la provincia una justicia neutral, sino que actué en función del requerimiento del gobernador Schiaretti”, dijo Giuliani antes de ingresar a la fiscalía.
“Esta es una resolución politizada y está dirigida a criminalizar la protesta social, a castigar a las organizaciones populares, donde se ataca la consecuencia ante la falta de respuesta de los reclamos por la grave crisis social que vivimos. Los números de la pobreza, de precarización laboral, de marginalidad, de hambre que hay en Córdoba hablan de un gobierno que no da respuestas. Ahora cuando salimos a expresar nuestro reclamo, de manera genuina y legal, nos acosan judicialmente”, resumió el dirigente estatal.
Giuliani dijo que el accionar de la fiscalía estás en línea con un fallo del 1° de abril pasado cuando un juez de control Juan Manuel Fernández López, hizo lugar a un habeas corpus que presentó la Cámara de Comercio del Centro, bajo la carátula de ‘vecinos del centro’, y que esa resolución es ilegal porque se choca con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que ningún magistrado puede limitar el derecho a la protesta.
En otro tramo de su declaración el dirigente dijo que a pesar del acoso judicial “las organizaciones nos vamos a seguir movilizando y vamos a tener que enfrentar esta política porque hay dos proyectos de ley, del oficialismo provincial y de la oposición macrista que en esto coinciden, que pretenden limitar el derecho a la protesta. Este fallo va en esa línea y está claro que es una estrategia concurrente en una estrategia de mano dura. Pero debemos decir que es un manotazo de ahogado que no va a impedir que la gente siga expresándose en la calle”.
En la oportunidad estuvieron un sinnúmero de organizaciones que se solidarizaron con el secretario General de ATE y el resto de los imputados.
También acompañó la movilización la directora de Derechos de los Pueblos del Consejo Directivo Nacional de ATE dijo que “vengo a traer la solidaridad y el apoyo de la conducción nacional con Federico y el resto de los imputados. Al conocer la situación no dudas en estar acá. Planteamos el repudio y el rechazo a la persecución judicial en el marco de una enorme crisis social que atraviesa el país”. Y agregó: “el lugar de las y los trabajadores organizados para resistir y para lograr nuevos derechos es la calle por lo cual entendemos que esta es una clara criminalización de la protesta que no va frenar nuestra lucha”.
CTAA presente
A su turno, la secretaria General Adjunta de la CTAA provincia, Silvia Alcoba, dijo que “hoy más que nunca estamos bancando a Federico frente a la irresponsabilidad de la Justicia de imputar a los compañeros por el solo hecho de manifestarnos. La marchas y las asambleas son la situaciones donde muchas veces se define cómo se construye un sindicato, una organización popular, para construir un país más justo”.
“Estamos en democracia y no vamos a permitir que un compañero sufra el acoso judicial del gobierno ante la expresión genuina de un derecho como es a manifestarnos y peticionar. Esta justicia responde al gobernador, que quiere demostrar que la situación en Córdoba no es tan grave y para eso pretenden acallarnos”, concluyó la dirigente.
