Frente al avance del proyecto en la Legislatura para la unificación de las leyes que regulan el sistema de salud provincial, 7233 y 7625, desde ATE Córdoba hacemos público nuestro rechazo a la iniciativa que, con absoluta deslealtad, toma un reclamo sentido e histórico de la comunidad hospitalaria para trastocar nuestros derechos laborales, auspiciando la precarización por ley e intentando dividir la resistencia de las y los trabajadores con beneficios sectoriales pero en contra del bienestar del conjunto.
Se trata de un proyecto pergeñado por los legisladores oficialistas José Pihen, que comanda el gremio del SEP, y Oscar Gonzalez, que se encuentra procesado y de licencia forzada de la Cámara por los hechos por todos conocidos.
El proyecto de Pihen y Oscar Gonzalez que quieren vender como un avance, apunta a una salud productivista, con las lógicas de los sectores privados del mercado de la salud, imponiendo esta mirada al Estado y legitimando un estado de precarización laboral, con contratos truchos, monotributos y becarios extendidos que no están acorde a la legislación laboral vigente para el trabajador estatal. Al mismo tiempo, se avanza con la privatización de muchos servicios de salud.
Entre otros muchos puntos que generan rechazo en el sector salud, la nueva ley habilitará la precarización laboral, modifica el ritmo laboral y dejando de lado el trabajo por módulos, cambia y aumenta el régimen de tareas habitual, llevándolo de 30 a 35 horas semanales para los profesionales y no profesionales de la 7233 migrantes a la 7625, y pone las y los trabajadores a disponibilidad del órgano central de lunes a lunes para los servicios hospitalarios. Así se supedita la disponibilidad de los equipos de salud a la arbitrariedad del funcionario de turno.
Además, trastoca la base el convenio colectivo de trabajo que garantizaban las dos leyes de salud, dando un cariz regresivo al sistema. Todo ello supone un desorden a nivel familiar y laboral para las y los trabajadores, toda vez que impedirá sostener trabajo paralelos en el sector privado ante los bajos salarios que paga el Estado provincial.
Cuando en su momento la ministra Gabriela Barbás convocó a ATE hicimos público nuestro rechazo porque sabíamos que era una nueva deslealtad del gobierno cordobesista que no tiene empacho de utilizar las peores circunstancias para castigar en condiciones de trabajo y con salarios miserables a los equipos de salud, como quedó en evidencia durante la pandemia.
En consecuencia, convocamos a sostener el plan de lucha y rechazar este nuevo instrumento para perjudicar a la principal herramienta de los sistemas de salud: las y los trabajadores. Asimismo, reclamamos la devolución descuentos realizados por asambleas y paros y exigimos la reincorporación de la trabajadora despedida del Hospital Elpidio Torres. De la misma forma, queremos transmitir nuestra absoluta solidaridad con la trabajadora del Hospital Eva Perón amenazada por un maleante con un arma de fuego en la Guardia, ayer domingo por la madrugada. La seguridad de los equipos de salud es una responsabilidad del Gobierno de la provincia, la falta personal en los hospitales y centros de salud también se hace evidente en la escases de policías para cuidarnos a todas y todos.
