Se reafirmó nuestro derecho a ejercer el ámbito de representación gremial en provincia y municipios. La Justicia fundamentó la sentencia en dos resoluciones del Ministerio de Trabajo de la Nación que el gobierno provincial se había negado a cumplir.
La sentencia emitida en mayo pasado, de carácter definitiva, cierra la controversia planteada por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), que se arrogaba el monopolio de la representación sindical en las Provincia, con el aval de la administración delasotista.
Con la firma de los jueces Héctor Guisado y Graciela Elena Marino, el tribunal judicial resolvió desestimar el recurso impuesto por el SEP, que había llegado a la Cámara después que el Ministerio de Trabajo de la Nación estableciera en dos oportunidades la legalidad de ATE, tal como venían reclamando nuestros afiliados desde 2006.
Tanto el SEP como el Gobierno se habían opuesto sistemáticamente al crecimiento de ATE, impugnando las elecciones de delegados en un caso, o negándose a retener la cuota sindical de nuestros afiliados en el otro, sin contar las permanentes persecuciones a aquellos compañeros que deciden organizarse en ATE.
No fue impedimento para el gobierno delasotista, que la persecución a nuestro gremio fuese en contra de la Constitución, los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la normativa nacional en la materia.
Ahora, la Justicia dio la razón al Ministerio de Trabajo nacional, que con la firma del ministro Carlos Tomada había ratificado en la resolución 708/2009 -al hacer lugar al planteo de ATE- la vigencia del principio de pluralidad sindical en el sector público, y concretamente resolvió reconocer “la aptitud de ATE para coexistir como entidad sindical, sin exclusión de su Personería Gremial, en el ámbito público de la Provincia de Córdoba”.
Por lo tanto, tanto el Ministerio de Trabajo como la Justicia reafirmaron que ATE en Córdoba puede elegir delegados en cualquier repartición u organismo del Estado nacional, provincial y municipal. Y esto fue posible gracias a la perseverancia y conciencia de los trabajadores, afiliados y dirigentes de ATE Córdoba que no se doblegaron jamás ante las presiones y persecuciones de la patronal, y continuaron organizándose y luchando aún frente a la adversidad
Respetar la ley y la justicia
José Manuel De la Sota debe ordenar a sus funcionarios a que detengan de forma inmediata la discriminación y persecución a delegados y afiliados de nuestro gremio, abriendo un espacio de negociación sobre las diversas problemáticas que agobian a los trabajadores estatales en Córdoba, y restituya los descuentos por cuota de afiliación que el propio gobernador dio de baja de forma arbitraria hace siete años.
Todo esto, en contradicción con ese discurso edulcorado de ‘diálogo y respeto por las opiniones diferentes’ que el gobernador suele utilizar en sus carísimas publicidades de campaña que pagamos todos los cordobeses.
“Es el resultado de la coherencia y la perseverancia de un gremio discriminado por de la Sota, desde hace siete años, por no aceptar la sumisión a las políticas oficiales. Primero el Ministerio de Trabajo nos dio la razón en todos los argumentos que presentó nuestro equipo legal; ahora lo convalidó la Justicia. Durante todo este tiempo debimos salir a explicar a nuestros 2100 afiliados de la provincia que éramos legales. Estamos felices porque triunfó la verdad”, dijo María Teresa Romero, secretaria General de ATE Córdoba.
De esta forma, el Estado cordobés saldrá de ese limbo al margen de la ley, donde lo ubicó de forma deliberada el gobierno provincial, para ubicarse en la normalidad que viven los trabajadores estatales del resto de las provincias del país.
La resolución judicial, al igual que había establecido el Ministerio de Trabajo anteriormente, se basa en el derecho a coexistir con otras organizaciones gremiales en el Estado provincial y en los municipios de Córdoba, conforme lo dictado en la resolución 255/03, que sostiene la pluralidad sindical en el ámbito del Estado. También lo ordenan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que Argentina tiene suscriptos.
Depende de Trabajo, no del gobernador
Vale señalar que sólo el Ministerio de Trabajo de la Nación, y así lo refrendó la Justicia a pesar de la prepotencia del gobierno de De la Sota, tiene competencia para determinar el alcance de las personerías gremiales, según la ley 23551 de Asociaciones Profesionales, que reglamenta el artículo 14 BIS de la Constitución nacional, referido al derecho y principio de libertad sindical.
Los trabajadores estatales provinciales y municipales debemos tener en claro que no son los gobernadores ni los intendentes (tampoco las legislaturas o los consejos deliberantes) quienes definen las personerías, por más que se arroguen esa potestad. Por eso Córdoba se ubicó al margen de la legalidad al no acatar las resoluciones dictadas en su oportunidad.
Si hacemos un poco de historia, la resolución 770/12 ratificó lo que ya fue resuelto por Tomada mediante la resolución 708/09, cuando determinó que ATE tiene ámbito de representación en todo el sector público de la provincia de Córdoba, nación, provincia y municipios; lo que implica que ATE puede elegir delegados, negociar colectivamente y realizar la retención de la cuota sindical.
Ambas resoluciones se fundamentan en el principio de pluralidad sindical que rige en el sector público en materia de personerías gremiales. En 
consecuencia, las distintas asociaciones gremiales pueden coexistir en el mismo ámbito de representación. Por ejemplo, así sucede en el Estado nacional, donde conviven ATE y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). Esta misma situación es trasladable a la convivencia que deberían tener ATE y SEP, por ejemplo.
Esto no significa automáticamente que los trabajadores se afiliarán a ATE, pero si es cierto que se abre una opción para ampliar las capacidades de representación de los propios compañeros, sobre todo si no están conformes con la situación actual. Después, somos los trabajadores quienes elegiremos libremente el gremio que mejor canalice nuestras inquietudes y demandas.
“Reclamamos que el gobernador sea coherente con sus discursos de diálogo y legalidad, respetando este fallo que determina el reconocimiento del ámbito de actuación sindical para nuestro gremio en la provincia de Córdoba. Esto no quita que seguiremos siendo autónomos de los gobiernos y los partidos político, porque nuestro fin es defender el derecho de los trabajadores, activos y jubilados”, dijo Romero en ese sentido.
Libertad y democracia sindical
Según explicaron desde el equipo legal de ATE Córdoba, los artículos 89, 90 y 91 de la ley provincial 7233, conocido como el Estatuto del Personal Público Provincial (que establece que SEP es el único sindicato con representación en la provincia, junto a la Unión del personal Superior), son inconstitucionales. Porque la propia patronal no puede llegar al absurdo de determinar cuál es el gremio que debe representar a los trabajadores estatales provinciales en Córdoba.
Esto se fundamenta en los antecedentes que ya dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en donde se consagra el derecho de libertad sindical, en el famoso fallo ATE-Pecifa.
Así el gobierno delasotista ha venido vulnerando el principio de libertad y democracia sindical al impedir, obstaculizar, discriminar y perseguir a ATE. Los principales vulnerados son los trabajadores, que no pueden elegir libremente qué representación tener y cómo organizarse para ejercer sus derechos.
Historia
Todo el conflicto se originó cuando el SEP impugnó en 2004 una elección que realizó ATE en el Ministerio de Educación provincial para elegir delegados, impugnándola ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. En primera instancia la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales le dio la razón, ante lo cual ATE recurrió (apeló) ante el ministro de Trabajo, que dio vuelta la decisión y emitió la resolución 708.
La autoridad de aplicación resolvió que ATE tiene personería, ámbito y cuenta con representación. Agotada la llamada vía administrativa, el SEP fue a la justicia para intentar estirar todo el tiempo posible el unicato sindical que nunca le correspondió, aun sabiendo que a la corta o a la larga su planteo sería rechazado. Indudablemente, este verdadero mandoble judicial cierra definitivamente una discusión que nunca debió existir.
Ya lo había dicho la justicia provincial
Los conflictos de reconocimiento de ATE se sucedieron en el Ministerio de Salud, en Desarrollo Social y también en la Municipalidad de Cruz del Eje. Sucesivamente, diferentes juzgados de la provincia obligaron a reinstalar a los compañeros Roberto Ramos, Miriam Ludueña y Pedro Morán respectivamente.
Tal es así que los compañeros se encuentran en la actualidad y desde hace tiempo ejerciendo la representación de los trabajadores de cada sector. Este fallo judicial es una victoria de ellos también, que tuvieron el coraje de resistir los aprietes de las patronales. Porque, como se sabe en todo el país, ATE no afloja y ATE no traiciona.
