La legisladora de Izquierda Socialista en el FIT-U, Noelia Agüero, elevó un pedido de informes al Poder Ejecutivo, que hoy tomó estado parlamentario, cuestionando la situación que sufren las trabajadoras del Complejo Esperanza.
El reclamo parlamentario espera de una respuesta de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bajo cuya órbita depende la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), organismo donde opera el Complejo Esperanza.
ATE viene alertando sobre las graves condiciones laborales en el lugar, con malos tratos, amenazas y despidos a causa de la afiliación de uun grupo de profesionales socioeducadoras que trabajan en el Complejo, trabajadoras que se acercaron a nuestro gremio por sus pésimos salarios, que no superan los 40 mil pesos, cercanos a la línea de la indigencia. Esto da cuenta la importancia que el Estado provincial otorga a la llamada “política de minoridad”, donde se atienden los casos de las y los jóvenes en conflicto con la ley penal, casos que se tratan en el Complejo Esperanza.
Recientemente ATE trató de realizar una asamblea en el lugar, incluso con la presencia del nuestro secretario General, Federico Giuliani, pero los efectivos de seguridad impideron el acceso de ATE aduciendo órdenes de los funcionarios del sector, los mismos que aplican indiscriminadamente acciones persecutorias y políticas antisindicales que están penadas por la ley.
El pedido de Informes
En el Pedido de Informes, la legisladora Agüero indaga sobre la situación de la trabajadora monotributista del Complejo Esperanza amenazada verbalmente con ser despedida y sobre los motivos del supuesto despido. “¿Consta algún llamado de atención, apercibimiento o investigación administrativa previo a la amenaza verbal de despido?”, pregunta la representante del FIT.
También carga sobre las denuncias pro violencia laboral y cuestiona cuáles son lños mecanismos de acceso al cargos de dirección y coordinación en la SENAF.
“¿Cuáles son los motivos por los que dentro del Complejo Esperanza se impide el ejercicio de la libertad sindical expresada constitucionalmente, obstruyendo la posibilidad de afiliadas y afiliados de ser representados y de plantear sus reclamos? ¿Por qué se prohibió el ingreso del Secretario General de ATE Provincia de Córdoba y de la CTA Autónoma provincial el día martes 7 de junio, impidiendo el ejercicio del derecho a realizar asamblea?”, apunta directamente Agüero.
