La salud del pueblo de Córdoba se ve nuevamente bajo amenaza ante la decisión unilateral del Gobierno de la Provincia de cerrar el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD). “El argumento de que es por “refacciones” o “mantenimiento” -que se esgrime en este caso- encubre un modus operandi que ya conocemos las y los trabajadores: la patronal comienza con acciones inconsultas con las comunidades de usuarios/as y trabajadoras/es de las dependencias quienes, finalmente, nunca ven las “mejoras” prometidas, pero sí los cierres de servicios, los traslados, los recortes varios”, expresó Federico Giuliani, Secretario General de ATE Córdoba.
El caso del IPAD, en ese marco, es uno más de los que, en su génesis, muestra el total destrato del Gobierno de Córdoba para con su personal y para con quienes deben acudir allí a tratarse -de manera “voluntaria” o por mandato judicial, con intervenciones ambulatorias o internaciones- por alguna de las situaciones que el Instituto atiende. La gran mayoría de las trabajadoras y trabajadores se encuentran bajo formas contractuales precarias: de 60 personas, solo 15 son planta permanente, mientras 35 son contratadas/os y 10 monotributistas. “Ello viola no solo la legislación laboral vigente -que garantiza la estabilidad laboral de quienes realicen tareas permanentes en el Estado-, sino también el derecho a la continuidad de tratamiento de las y los usuarios de estos espacios de atención de la salud”, manifestó Giuliani. Los abordajes integrales de las patologías que trata el IPAD no pueden ser cambiados así sin más: hay equipos interdisciplinarios de profesionales altamente calificados/as, de comunidades de usuarios/as y de territorios que permiten que quienes se atienden allí puedan avanzar en sus tratamientos. La interrupción de los mismos es un atentado a la salud de esas personas en particular y de la salud pública en su conjunto.
Hoy, las y los pacientes se están distribuyendo en el hospital Neuropsiquiátrico, Oliva y Santa María, instituciones que se encuentran con personal y situaciones edilicias deficientes para la atención de nuevos pacientes, además de no estar preparados para la atención de adicciones tan específicas que en la actualidad crecen exponencialmente, afectando sin distinción de sexo, género, edad ni condición social a toda la comunidad.
“Por eso, desde ATE llamamos la atención y solicitamos a las autoridades pertinentes que convoquen al diálogo a la comunidad del IPAD, a sus trabajadoras/es, usuarios, familiares y las organizaciones del trabajo que estamos involucradas en los procesos terapéuticos y de construcción social en torno a esta institución”, comunicó Giuliani. “No hay soluciones mágicas y que se establezcan arbitrariamente en el ámbito social: para garantizar justicia social y el efectivo cumplimiento de los derechos hace falta la participación activa de todas y todos. Y por eso estaremos haciendo sonar nuestra voz en la calle el próximo 28 de abril a las 10 hs, en espera a que la misma pueda resonar en los ámbitos institucionales correspondientes también para garantizar no solo la continuidad del IPAD, sino el mejoramiento de las condiciones laborales y de atención de las personas que allí concurren”, concluyó el Secretario General de ATE Córdoba.
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