El Consejo Directivo Provincial (CDP Córdoba) de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó ayer una nueva presentación formal ante el Ministerio de Salud de la Nación solicitando respuesta, con carácter de urgente, a la nota presentada en fecha 29/12/21 Expte. N° 16556773025021 “atento la grave situación sanitaria que estamos atravesando”. “Así mismo -expresaron- solicitamos se deje sin efecto la “Resolución N°78/2021” y el “nuevo protocolo para contactos estrechos en “personal priorizado” de fecha 17 de enero de 2022”. En la presentación, ATE calificó de “inconstitucional y arbitrarias” estas medidas laborales y sanitarias “ya que atentan contra los trabajadores/as estratégicos/as en especial del sector salud, y contra las personas que forman parte del grupo de riesgo en los términos de la Resolución MTESS Nº 207/20 prorrogada por la Resolución MTESS Nº 296/20, y modificada por la Resolución MTESS N° 60/21, y sus réplicas locales, como la Res. 141/2020 y sus modificatorias Res. 711/2020”, completaron en la nota dirigida al Ministro de Salud, Diego Cardozo y firmada por el Secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani.
“Estamos totalmente en desacuerdo con el fondo y la forma en que fueron convocados los trabajadores y trabajadoras que conforman parte de los grupos de riesgo ante la pandemia de coronavirus: en muchos casos la convocatoria fue realizada sin comunicación fehaciente y sin acto administrativo, lo cual, según informaron nuestros equipos jurídicos, deviene nulo de nulidad absoluta esos actos y es por eso que solicitamos que así sea declarado por esta administración provincial”, explicó Giuliani. “Sin embargo, sabemos que este no es solo un problema administrativo sino que es fundamentalmente político en tanto la administración Schiaretti decidió no realizar, aún en pandemia, la inversión necesaria y urgente en materia de personal, salarios, condiciones de contratación, etc. Desde hace dos años y, más atrás, desde el comienzo del “cordobesismo” en el poder, los sucesivos Gobiernos -y este en particular- han decidido tener una sola política de Estado hacia las y los trabajadores: el ajuste permanente de derechos laborales y el recorte de la garantización efectiva de derechos al conjunto del pueblo de Córdoba”, enfatizó Giuliani.
El máximo referente de las y los estatales en la Provincia de Córdoba definió: “en esta guerra contra la pandemia están usando a nuestras trabajadoras y trabajadores como “carne de cañón”, no podemos calificarlo de otra forma. Mientras para el conjunto de la población rigen ciertas protecciones para personas que forman parte de los “grupos de riesgo”, parece que en el caso de aquellas personas que trabajen en la salud provincial, las mismas no tienen efecto, produciéndose así un acto totalmente discriminatorio y de peligrosísimas consecuencias”, disparó Giuliani
En la nota, ATE Córdoba, fundamentó también que “antes de la prestación de tareas laborales existe un derecho fundamental que es la salud de cada persona que trabaja, la cual debe ser protegida y garantizada por este Estado provincial” y que “que su función como Estado Provincial es mitigar y prevenir los contagios de covid-19 y no generar focos y centros de contagios tal y como lo está haciendo con estas nuevas medidas”.
Además destacaron en la misiva que “la salud en el trabajo tiene como finalidad promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores/as en todas las profesiones; prevenir todo daño causado a la salud de éstos por las condiciones de su trabajo; protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos a su salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicológicas y no como sucede en este caso poner en riesgo la vida y/o la salud de la personas que padecen comorbilidades”.
Normativa citada y pedido
“Atento a la gravedad del contexto sanitario en nuestra Provincia, resulta necesario mencionar que el derecho a la salud -expresaron en la argumentación presentada al Ministro de Salud- goza de jerarquía constitucional y el mismo se encuentra regulado en los arts. 14 bis, 33, 41, 42, art 75 incs. 18 y 19 de la Constitución Nacional así como en Tratados Internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, en su art 4, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art 6, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su art 3, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial que en su artículo 5º, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer en su art 11 y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etc”.
Desde ATE aseguraron que “dicho bloque constitucional con este actuar por parte de esta Administración se encuentra transgredido, poniendo en grave riesgo la salud y la integridad psicofísica del personal de salud en particular y de la población en general”, por lo que solicitaron se otorgue respuesta urgente a la presentación realizada por ATE en fecha 29 de diciembre, se deje sin efecto la Resolución N°78/2021 y se otorguen las dispensas correspondientes a todos los/as trabajadores/as que forman parte del grupo de riesgo; y se deje, además, sin efecto el Nuevo Protocolo de fecha 17 de enero del corriente, en especial para el personal de salud que sea caso positivo de covid-19 y/o contacto estrecho otorgándole los días correspondientes de aislamiento. “Hacemos expresa reserva de iniciar acciones legales y gremiales correspondientes”, concluyeron en la nota enviada al Ministro Cardozo.
Nota-ATE-grupo-de-riesgo-contacto-estrecho-20-01-22
