En una charla que mantuvo con el programa radial Entre todos y todas, que al Secretaria de Prensa de ATE Córdoba emite cada martes en GENFM 107.5, el abogado del Consejo Directivo de ATE Nacional, Matías Cremonte, explicó en qué consiste la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), que preside desde el viernes pasado, cuando fue elegido para encabezar su directorio.
Además, el letrado planteó los desafíos que enfrenta el derecho laboral en la región, como resultado del ataque que sufren los derechos individuales y colectivos, así como los sindicatos, de parte de las patronales.
“La ALAL, dijo Cremonte, congrega a las asociaciones de abogados de los distintos países de la región y tiene un rol importante, por la etapa histórica que atraviesa la región, en la resistencia a la avanzada de políticas regresivas, trabajando en general acompañando a las centrales sindicales y al movimiento obrero en general desde un rol técnico, pero también político, tanto en asesoramiento como en presentaciones ante organismos internacionales. La ALAL tiene un lugar en la OIT y en el Sistema Interamericano de DDHH y participa regularmente en esos foros”.
Cremonte explicó que el viernes pasado la asamblea de la ALAL eligió el nuevo consejo directivo, en un contexto donde la situación de la clase trabajadora en la región es bastante trágica. “Por supuesto hay excepciones, pero el denominador en común es una avanzada neoliberal, que en algunos casos lleva décadas, conculcando tanto derechos individuales como colectivos desde los años ’70, como sucedió en todo el mundo y Latinoamérica no fue la excepción. La tarea es restablecer esos derechos perdidos y arrebatados”, aseguró.
Derecho del trabajo, su historia
Durante la entrevista, Cremonte afirmó que “el derecho del trabajo está muy relacionado con los derechos sociales, desde hace siglos que existe el derecho civil, el derecho penal, desde las raíces de la república romana, pero el derecho laboral es reciente, tiene poco más de 100 años y es consecuencia –primero– de la lucha de clases y de un acuerdo entre el capital y el trabajo para regular cuál va a ser la forma de relacionarse en esa puja y contradicción intrínseca que tiene el sistema capitalista”.
“Después de un siglo de persecución, criminalización y ataque al movimiento obrero en su gestación terminó aceptándose la legalidad de la existencia de los sindicatos, reconociéndose la negociación colectiva y el derecho a huelga y por supuesto los derechos individuales como la limitación de la jornada. Lo que ocurrió es que desde los ’70 hay una suerte de desconocimiento de parte del capital del pacto que originó el derecho laboral y fue avanzando de modo tal de desconocer de la mayor manera posible, con ataques que siempre comienzan contra el derecho colectivo. Acá lo vimos en el gobierno de Macri aunque el paradigma fue el la dictadura cívico-militar, y luego con el menemismo”.
Actualidad
“Con Macri, prosiguió el abogado, vimos cómo se estigmatizan las organizaciones sociales, la persecución e intervención de sindicatos, siempre el ataque a lo colectivo para después intentar imponer el proyecto de reforma laboral, como sucedió tras las elecciones de 2017, cuando después de dos años de ataques se presenta el proyecto de reforma de la ley de contrato de trabajo. Frente a este ataque a los derechos laborales, el rol de los sindicatos y los abogados laboralistas es defenderlo”.
A su vez, y abordando el debate público que quieren imponer la derecha reaccionaria sobre los derechos que gozamos las y los trabajadores, Cremonte denunció que 2esta campaña electoral generó el sinceramiento de los proyectos de las patronales que hoy pone en el debate público desembozadamente su representación política. Así quieren modificar el régimen e indemnizaciones por despido y en algunos casos eliminarlo, en un contexto donde los despidos están prohibidos por la emergencia de la pandemia, y donde para proteger el empleo por la crisis ocupacional se han agravado las indemnizaciones. La respuesta del sector empresario, y del sector político vinculado a ellos, tiene que ver con una avanzada absoluta. Es decir, ya no solo volver atrás con las medidas excepcionales sino también eliminar la indemnización por despido”.
Pero el letrado despejó las incertidumbres en torno a la cuestión, ya que consideró que “es difícil que eso prospere según cómo va a quedar conformado el Congreso, porque incluso merecería una reforma constitucional porque la protección contra el despido arbitrario está en el artículo 14 BIS de la Constitución Nacional, cuyo correlato es la indemnización por despido sin justa causa. Eso es parte de la política de empleo, hay un mandato constitucional que tienen los gobiernos, que tiene el Estado: para proteger el empleo o reparar el daño que se produce a través de los despidos se establece la indemnización, porque lo que la legislación busca es disuadir a los empleadores para que no despidan fácilmente a un trabajador o trabajadora con 20 o 30 años de antigüedad y que puede tener salarios más altos en función de la escala del convenio colectivo. El peso de la indemnización es lo que hace que disuade el despido, pero si eso se elimina los despidos van a crecer. El resultado va a ser que crecerá el desempleo, distinto al objetivo que supuestamente se busca con la creación de empleo.”
La entrevista prosiguió con otros tópicos de interés para el movimiento obrero cuyo desarrollo puede escucharse de manera completa, ingresando acá.
