En el marco del conflicto gremial que envuelve a la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) el delegado normalizador de ATE en la casa de estudios, Juan Valfré, explicó en una entrevista en Radio Inédita de Cosquín cuál es el reclamo de las y los trabajadores docentes, co-docentes y estudiantes, señalando que las autoridades universitarias no aplican siquiera los criterios de la reforma del ’18 en la normalización institucional. “Las autoridades firmaron un acta acuerdo con la UEPC que cercena la participación democrática de los docentes en los órganos de gobierno, mientras no se reconoce las representatividad de ATE en el sector a pesar que tenemos más de 100 afiliados, afectándose también la libertad que establece la Constitución y que la Corte Suprema ya falló en favor de ATE en la provincia de Córdoba”, dijo el delegado, al tiempo que anunció que se harán reclamo judiciales si las autoridades no se avienen al diálogo para resolver los reclamos planteados.
-¿En qué punto se encuentra el conflicto que ATE inició a principios de año en la Universidad Provincial?
Es un tema complejo y resulta paradójico que estando en el 2021 tengamos discusiones que ya han sido saldadas.
En la Universidad Provincial estamos organizados en ATE con un marco de afiliación superior a los 100 trabajadores, pero al día de la fecha no se nos permite formar parte de la comisión paritaria permanente, donde están las autoridades de la UPC junto al gremio UEPC. Reclamamos en repetidas oportunidades que se nos abra la mesa para integrar esa Comisión, habida cuenta de la representatividad que tiene ATE en el sector y que el derecho a libertad sindical que todo trabajador tiene debe ser respetado.
Sin embargo, a siete meses de iniciado el reclamo no dan una respuesta afirmativa. En tanto, muchas de las cosas que se están resolviendo en esa Comisión Paritaria Permanente no tienen voces diferentes a las del gobierno y la UEPC. Presentamos notas a través de nuestro secretario General, el compañero Federico Giuliani, con el asesoramiento área legal del gremio y con el fundamento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya estableció el derecho de ATE a representar a los trabajadores provinciales de toda la administración pública provincial y los entes autónomos que la integran, como es el caso de la UPC, junto al resto de los gremios preexistentes.
Pero la UPC continúa sin escuchar y sin abrir una mesa de diálogo.
-No sé cuál es la prerrogativa que el otorga a la UEPC la exclusividad en la representación de los docentes. Está sucediendo algo similar con SADOP, de los docentes particulares, que tampoco lo quieren reconocer.
En la Universidad hay alrededor de 1100 trabajadores, ATE inicia su participación y protagonismo activo dentro de la UPC a fines del año pasado. En esta primera instancia elegimos delegados normalizadores toda vez que por la pandemia están suspendidas las elecciones en su procedimiento ordinario, que prevé la Ley de Asociaciones Sindicales, todo debidamente notificado. En ese marco somos cinco los compañeros delegados que con toda legitimidad reclamamos participar de la Comisión Paritaria, teniendo en cuenta además que la UEPC se arroga el derecho de representar a todos los trabajadores pero tienen 200 afiliados cuando ATE tiene más de 100. Es decir que los dos gremios tienen una representatividad importante y el derecho a participar.
Creo humildemente que esta discusión retrasa cuando se pretende llevar la voluntad de afiliación de los trabajadores hacia un solo sindicato, cuando son los trabajadores quienes tienen la potestad de elegir qué sindicato quieren y cómo se organizan. La patronal no debe elegir con qué gremio se quiere sentar de acuerdo a su afinidad y coincidencia, al punto que acá pareciera que son lo mismo, sino que debe respetar la voluntad de los trabajadores y q1ue nos podamos sentar todos a la mesa a dialogar y tratar los temas importantes que la universidad necesita resolver.
Esto no solo está reconocido por la Corte, sino que el alto tribunal toma el convenio de la OIT que reconoce a la libertad sindical como un valor fundamental, partiendo que se considera que la libre asociación sindical es un derecho humano, también reconocido por la Declaración Universal de los DDHH. Entonces, en la universidad donde tenemos un compromiso activo con la lucha y el respeto de los DDHH puertas adentro se ejecutan acciones que tienen como fin menoscabar DDHH. Por si no caemos en una contradicción, lo que peleamos en la sociedad se tiene que hacer valer dentro de nuestras propias instituciones como un valor central.
Con esta discusión estamos interpelando a nuestras autoridades universitarias, entendemos que es un derecho esencial y por lo tanto debe respectarse. Es paradójico que esto suceda en la provincia de Córdoba, que no se respeten fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando estamos en un estado de derecho y en un sistema republicano donde el Ejecutivo debe respetar las voces de otros poderes, aun cuando no nos gusten.
-Esto es totalmente irregular, no sé cómo estará normalizada la universidad en el resto delos aspectos pero es una institución con casi 15 años de existencia.
La Universidad Provincial se encuentra en un periodo de normalización. Fue creada en 2007, hasta el 2014 estuvo en un periodo de organización y posteriormente paso a la etapa de normalización, que debiera durar cuatro años, es decir hasta 2018. De forma que en 2021 ese proceso lleva vencido tres años para cumplir con la normalización y con los órganos democráticos de la Universidad para su funcionamiento en la vida institucional plena.
En esta última etapa, se estableció un reglamento para regularizar la situación de las y los docentes universitario, a través de un proceso de evaluación académica donde nosotros planteamos una disidencia que tiene como eje las implicancias que ese reglamento nuevo tiene en la ciudadanía universitaria. Porque allí dice que en el futuro, cuando se normalice la universidad, solo podrán participar de la vida democrática de la UPC aquellos docentes que hayan pasado por esta instancia de regularización, que de darse lo que desde las autoridades rectorales han manifestados, solo va a incluir al 40 o 50% de los docentes.
Es decir, hay un 50% que no va a poder ser parte de la vida plena de la universidad, ni ejercer su derecho a la participación. Esto menoscaba el derecho fundamental al sufragio que lo conseguimos como país con la Ley Saenz Peña, así que este reglamento no retrasa 20 años sino un siglo. Parece que para los que conducen la universidad hoy y para el gremio que suscribió este acuerdo la conciencia política y la conciencia ciudadana van atada a una cuestión de antecedentes académicos lo cual no es así. Por lo tanto entendemos que eso debe revisarse de manera inmediata, dejando en claro que no nos oponemos a las evaluaciones académicas, que son buenas para mantener y elevar el nivel educativo, pero no en estos términos. Lamentablemente no hemos sido convocados a dialogar y estamos a la espera de eso.
-¿Quién es la rectora?
Es la licenciada Raquel Krawchik.
-La rectora es una reconocida académica que tiene un premio Konex y creo haberle escuchado decir que la UPC apuntaba a tener una impronta alineada con la Reforma Universitaria. Pero veo que hay una gran contradicción entre su mensaje y que no permita el disenso por más frentes de conflicto que se le puedan abrir.
Así es. Incluso en 2018, cuando se llevó adelante la celebración del centenario de la Reforma del ’18 la universidad provincial tuvo una participación activa y creo que esos valores, los principios y derechos que se conquistaron se chocan de frente con este reglamento y con el intento de cercenar el derecho a la participación dentro de la universidad.
Además, esto no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros en ATE: el mismo estatuto de la UPC establece en su artículo 69 que se forma parte del estamento del claustro docente para hacer efectivos los derechos democráticos por el hecho de ejercer la actividad docente, de ser trabajador de la docencia. No prevé ningún otro tipo de mecanismo para acceder al claustro docente. Por lo tanto, a través de un acta acuerdo la UPC y la UEPC modifican al propio estatuto de la universidad, no solo vulnerando el derecho a la participación democrática –con raigambre constitucional en el artículo 37 de la CN y en el artículo 30 de la Constitución Provincial- sino que además está vulnerando su propio estatuto.
Desde los valores de la Reforma del ’18 y desde lo específicamente legal es un error bastante grueso.
-¿Cómo avizoran el futuro?
Desde la organización sindical vemos que se iniciaron las evaluaciones académicas y en ese marco creemos que nuestras compañeras y compañeros deben tener una participación importante en el debate que hace a las definiciones de las áreas de conocimiento de cada unidad académica, porque es una discusión muy importante en cada una de las carreras e institutos que conforman la UPC y que tenemos que participar de manera activa y constructiva.
En un segundo plano, debemos seguir reclamando estos puntos donde no estamos de acuerdo. Pensamos que la discusión no está agotada y vamos a seguir planteando la necesidad de modificar los puntos que reclamamos, instando a que se arme un espacio de diálogo plural, insistiendo por las vías institucionales –e incluso pro vías legales- como sindicato que se reconozca nuestra representatividad gremial para poder formar parte de esa Comisión Paritaria, poder designar veedores para todo el proceso como lo puede hacer la otra entidad sindical, a los fines de transitar este camino en un marco de diálogo, en un marco democrático, de derecho, esperando poder llegar a buen puerto.
Sabemos que esto más temprano que tarde se va a dar. Los no docentes están articulando con los docentes y los estudiantes están llegando a una confluencia, junto a egresados, docentes y no docentes, haciendo clases públicas en el centro, la carpa a principios de año. El estudiantado es activo y cuando se le brinda un espacio de participación está presente de manera muy constructiva.
