Han pasado pocos días desde que, por calendario escolar, lxs trabajadorxs de la educación fuimos a convocados a retomar nuestras tareas con el objetivo de comenzar un retorno a la presencialidad, y ya tenemos mucho que decir sobre lo que se nos propone desde el gobierno provincial.
Como es característico de la patronal estatal, se concentraron las decisiones en las altas jerarquías pero se han distribuido las responsabilidades a niveles donde cada compañerx debe garantizarse los insumos básicos para poder trabajar.
Este regreso ha sido caótico y por lo tanto peligroso. Lo que sucede en cada escuela de nuestra provincia en cuanto a la desinformación, desorganización y abandono de las autoridades es de una gravedad mayúscula y no puede ser tolerado. Está en peligro la vida de cada miembro de la comunidad educativa.
Por nombrar solo algunas circunstancias dentro de las instituciones, no hay escuelas públicas en la provincia de Córdoba que garanticen con seguridad los dispensadores de jabón líquido, toallas de papel y cestos. En tanto, el personal de limpieza no recibió capacitación en normas de bioseguridad para evitar contagios. El gobierno de la Nación solo envió entre 15 a 50 mil pesos (para todo el año) por escuela, lo que solo alcanza para 2 meses a lo sumo.
A esto se suma que los kits enviados por el gobierno provincial son totalmente insuficientes. No se han organizado adecuadamente los nuevos horarios de clase presencial y seguimos con recarga de tareas.
Respecto al Paicor, los módulos alimentarios no alcanzan a cubrir las necesidades nutricionales de los alumnos. No se están cubriendo los cargos ni se avanza en la vacunación del personal de las instituciones. Solo sabemos que Juan Monserrat, quien no pisa una escuela hace décadas, ni como trabajador ni como dirigente, ha tenido el privilegio de acceder a la vacuna mucho antes que nadie y previo a que se lance el plan de vacunación de docentes.
Contexto
Por otro lado, el transporte público de pasajeros carece de las frecuencias necesarias y de protocolos que permitan no agravar la situación sanitaria por el aumento de contagios. No se están elaborando los protocolos institucionales con la participación de toda la comunidad educativa y en coordinación con los gobiernos locales y las autoridades sanitarias, por lo que los convenios con los dispensarios para denunciar casos y pedir asesoramiento no existen todavía.
A este escenario de abandono y desorden que pone en peligro nuestra salud y el correcto desarrollo del ciclo lectivo, tenemos que sumar un nuevo ataque a los bolsillos de lxs trabajadorxs estatales.
El gobierno provincial ha hecho una propuesta salarial insuficiente y que no contempla la pérdida del poder adquisitivo tras el ajuste realizado durante el 2020 y años anteriores. De esta manera estamos muy lejos de salir de la línea de pobreza en la que nos ha colocado una inflación que no se detiene y precariza cada día más nuestras condiciones materiales. La propuesta de un 20%, dividido en 3 cuotas por seis meses está fuera de cualquier consideración, si es que como clase trabajadora queremos tener condiciones salariales dignas. No permitamos más salarios de hambre.
Tenemos que organizar la resistencia a estos ataques a lxs trabajadorxs de la educación y al sistema educativo en su conjunto. Desde ATE estamos trabajando fuertemente en ese sentido.
Contacto: Diego Saurina 512063177 / Jorge Palacios 3584 84-1331
